La cadena de condenas internacionales contra España por el hacha retroactiva a las energías renovables ya agrega 27 alabanzas perdidas que permanecen pendientes de pago. Lejos de asumir responsabilidades o reconocer el costo reputacional y económico de este escándalo, el gobierno de Pedro Sánchez Elimine la ruta de recursos nuevamente para ganar tiempo y bloquear el pago de la compensación.

En este contexto, una de las condenas emitidas por el Centro Internacional de Acuerdo de Diferencias relacionadas con las inversiones (CIADI), un Tribunal del Banco Mundial, ahora será revisado por un comité ad hoc que estudiará la solicitud de anulación de la adjudicación emitida a favor de Canepa Green Energy, una empresa vinculada al grupo de inversión de Azora.

El nuevo comité, formado a pedido del gobierno español, estará presidido por el árbitro egipcio Mohamed S. Abdel Wahab, quien estará acompañado por la canadiense Céline Lévesque y la australiana de Levine Judith Levine. Estos tres juristas han sido nombrados por el presidente del Consejo Administrativo de Ciadi.Después de la solicitud de anulación de que el reino se haya registrado.

Aunque este tipo de situaciones ocurren de manera oportuna en el campo del arbitraje internacional, la verdad es que Dichos comités rara vez reverten los premios emitidos anteriormenteEntonces, la mayoría de los observadores lo consideran una maniobra dilatoria con apenas ninguna ruta legal.

Un premio demolido contra España

El premio que ahora está tratando de anular España violó sus compromisos internacionales modificando retroactivamente el marco legal que ofrecía primas de inversión garantizadas en energías renovables. Estos fueron compromisos formalizados en un decreto real de 2007 que generó un incentivo clave que atrajo inversiones internacionales masivas, con un valor de más de 70,000 millones de euros.

A pesar de los intentos de la defensa general del estado por reclamar la falta de jurisdicción, El tribunal rechazó sus argumentos y dictaminó que el estado español violó el principio de «rentabilidad razonable» al eliminar las condiciones acordadas Retroactivamente, generando un grave daño económico a Canepa Green Energy, que había desplegado 130 megavatios en cinco plantas fotovoltaicas con sede en Galicia, La Rioja y Cataluña.

La decisión final sobre el monto de la compensación aún está pendiente, aunque el promedio por premio supera los 55 millones de euros. A esto se encuentran costas agregadas, intereses de interés y gastos de procedimiento, que pueden elevar la factura a cifras aún más astronómicas, ya que los intereses se acumulan y los costos y gastos de los arbitrajes pueden ir más si la solicitud de anulación disminuye, como ha sucedido en la mayoría de los recursos.

Más recursos, más valores predeterminados

Con este nuevo paso, El gobierno español insiste en una estrategia que no cancela los premios ni evita su ejecución, pero que permite retrasar el pago y transmitir una imagen falsa de litigios abiertos. Hasta la fecha, España ha perdido 27 arbitrajes por esta misma razón, acumulando más de 1,516 millones en compensación, a los que se agregan más de 379 millones en intereses, costas y otros gastos.

Las consecuencias ya son visibles: los inversores han iniciado procedimientos para confiscar activos estatales en terceros países. También han intervenido los bonos de deuda soberana que colocan a España en una situación cercana a la por defecto técnico. De hecho, los países como Venezuela o Rusia, tradicionalmente indicados al romper este tipo de fallas, han sido superados por España en la clasificación de países que menos respetan los premios Ciadi.

Una costosa hipocresía legal

El cinismo del gobierno es evidente: mientras que Teresa Ribera, responsable de la mayor parte de los valores predeterminados, continúa impulsando en Bruselas un discurso basado en la «certeza legal verde», y mientras el gobierno de Pedro Sánchez se manifiesta en la misma línea, En los tribunales internacionales vemos que España acumula un fallo después de un fallo por haber traicionado esa misma certeza legal.

Y, aunque el estado español fue uno de los países signatorios del tratado de la carta de energía y, por lo tanto, debe compensar a los afectados bajo los 27 premios adversos que ya se han emitido, La parapeta ejecutiva después de los recursos sin grandes perspectivas de ruta, todo para no compensar a los que confiaron en la palabra del reino Y vieron sus derechos violados de manera flagrante y con un gran costo económico.