España comparte abogados con Putin y replica su estrategia para evitar el cumplimiento de laudos de arbitrajes internacionales en suelo estadounidense. Según conoció Libre Mercado, uno de los despachos de abogados reclutados por el gobierno de pedro sánchez para cumplir diferentes tareas relacionadas con los premios de energías renovables, también ha sido contratado por el Kremlin para frenar un procedimiento iniciado contra Rusia ante la justicia del país norteamericano y valorado en 250 millones de dólares.

El cruce es esclarecedor del tipo de estrategia jurídica que viene siguiendo España a la hora de eludir el cumplimiento de sus obligaciones en materia de arbitraje internacional, ya que el mismo despacho que ha contratado La Administración Sánchez litiga a las órdenes de Moscú para impedir que la justicia estadounidense lleve a cabo un procedimiento de expropiación de empresas ucranianas ubicadas en la zona de Crimea que Putin ha anexado tras su invasión.

Esta situación ha quedado al descubierto tras una audiencia celebrada recientemente ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde el despacho de abogados en cuestión, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, defendió abiertamente que Rusia goza de inmunidad soberana y no puede ser obligada a satisfacer laudos arbitrales dictados contra sus acciones gubernamentales. En otras palabras: los argumentos jurídicos esgrimidos por Sánchez incumplir con las adjudicaciones de energía renovable Ahora son invocados por el Kremlin para intentar eludir la ejecución de las compensaciones concedidas a las empresas ucranianas.

Los jueces del tribunal expresaron dudas sobre la tesis rusa, centradas en el hecho de que los inversores no podrían beneficiarse de la tratado bilateral de inversión entre Ucrania y Rusia por haber realizado las inversiones cuando Crimea era «territorio incuestionablemente ucraniano». El tribunal señaló que este argumento afecta a la extensión del tratado y no a la existencia de un acuerdo arbitral, matiz relevante en la aplicación de la excepción a la inmunidad soberana. Se espera que pronto los magistrados tomen una decisión final sobre el asunto.

Mientras tanto, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle mantiene un papel central en el litigio internacional en el que está inmerso el Estado español por los recortes de las primas de las energías renovables. La firma se ha visto involucrada en varios procedimientos como, por ejemplo, el del caso Infrarrojos, empresa a la que nuestro país le debe un pago total de 28,2 millones de euros como compensación por la retirada retroactiva de primas renovables, además de 6,9 ​​millones más por la acumulación de intereses de demora como consecuencia de impagos del Ejecutivo socialista. También participó en el caso JGC, un litigio que se saldó con una victoria definitiva para la corporación japonesa y el único pago hasta la fecha de uno de los veintiocho laudos arbitrales condenatorio para España.

La coincidencia de encargos a Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle se enmarca en el reiterado incumplimiento de laudos internacionales por parte de España y Rusia, cuestión que ha generado polémica por situar a nuestro país a la par de regímenes autoritarios como el que encabeza Vladímir Putin. En este sentido, cabe señalar que nuestro país ha superado tanto a Rusia como a Venezuela en el categoría de incumplimiento de laudos arbitrales internacionales, con el consiguiente impacto económico derivado de la consiguiente inseguridad jurídica.