Sánchez entrega el mercado inmobiliario a la extrema izquierda – EDITORIAL
El intento de golpe de Estado de los cinco ministros ultraizquierdistas durante el último Consejo de Ministros, al que se negaron a asistir si el presidente no respondía a sus peticiones, acabó con una nueva capitulación de Pedro Sánchez para complacer a los radicales que mantiene en el Ejecutivo. El grotesco espectáculo que representaron los ministros de Sumar, más propio de una asamblea estudiantil que de un Gobierno solvente, podría haber quedado en una representación infantil del supuesto enfado del ala ultraultraizquierdista del sanchismo, si no fuera por la importancia de las medidas que se impusieron a Sánchez para no hacer saltar por los aires el Gobierno de coalición.
Hablamos de un sector como el de la vivienda, castigado por las continuas ocurrencias de la ultraizquierda que, como siempre ocurre cuando se aplican sus recetas, han agravado el problema que pretendían solucionar. El marcado carácter antiliberal y su falta de capacidad para comprender las interacciones sociales en una economía desarrollada convierten a los políticos de izquierda en sujetos especialmente dañinos cuando ejercen el poder. El resultado de la continua coerción estatal introducida en el sector es lo que ya muestran todos los indicadores: precios disparados, reducción del stock de alquiler y la imposibilidad de acceso de las familias con menos recursos a una vivienda asequible, convertida en un bien cada vez más escaso debido a la continua intervención gubernamental.
El sanchismo utiliza cualquier pretexto para imponer sus medidas draconianas a la economía española. Para estos fines, la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán se está utilizando como salvoconducto para introducir reformas por medios de emergencia, que nunca habrían visto la luz si se hubieran sometido al procedimiento parlamentario habitual. El último Consejo de Ministros sirvió precisamente para redactar un nuevo Decreto Ley que, para consternación de los expertos, introduce medidas gravemente contraproducentes como la prórroga automática por dos años de más de 600.000 contratos de alquiler actualmente en vigor.
Como denuncia la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la congelación de los alquileres o la prórroga forzosa de los contratos con el pretexto de la guerra en Irán agravarán la situación del alquiler, ya que «las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a reducir la oferta disponible, reduciendo las opciones para los inquilinos y afectando a los grupos más vulnerables». La CEOE se ha sumado a este rechazo alertando de que la aplicación de este segundo Real Decreto en materia de vivienda supone una «intromisión injustificada en el derecho a la propiedad privada y genera una inseguridad jurídica preocupante».
Pero a Sánchez no le importan los derechos de los propietarios ni la seguridad jurídica del mercado, las dos grandes cuestiones que el Gobierno está obligado más que nadie a respetar. Lo que le interesa es mantener la ficción de que preside un Gobierno unido y con capacidad política para agotar la legislatura, aunque eso signifique entregar el mercado inmobiliario a sus socios ultraizquierdistas para que terminen de destruirlo. La certeza de que el decreto aprobado la semana pasada será rechazado rotundamente en el Congreso cuando llegue el momento de validarlo, es ahora la única esperanza para los propietarios de viviendas vacías y sus futuros inquilinos, sometidos a la demagogia política de un Gobierno vendido a los extremistas.
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