Entre ellos destaca la decisión de limitar el acceso de menores de 16 años a redes sociales, como TikTok, pero también la creación de un sistema de seguimiento, cuantificación y trazabilidad que permite establecer una «huella de odio y polarización» de los usuarios.

Se trataría de activar un tipo de rastreadores similares a los que ya utilizan las propias aplicaciones de redes sociales, pero que podrían ser gestionados por el propio Gobierno y que, en consecuencia, le darían la capacidad de convertirse en censor.

Sin embargo, ni el equipo de Sánchez ni nadie del Ejecutivo ha dado más información al respecto.

El presidente habló de evitar que las redes sean «el salvaje oeste»dando a entender que pretende perseguir a quienes, camuflados bajo perfiles anónimos, actúan como enemigos o trolls.

Su iniciativa se enmarca en la tendencia internacional de poner orden en Internet.

Países como Francia cualquiera Australia han dado pasos hacia su regulación y hay proyectos iniciales en Portugal, Italia cualquiera Dinamarca.

En noviembre, el propio Parlamento Europeo estableció un marco para armonizar la edad mínima de acceso a las redes sociales en 16 años.

Y, de hecho, limitar el acceso de los menores a los entornos digitales ya se debate en el Congreso de los Diputados.

En concreto, dentro del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, impulsado por el Ministerio de la Juventud y la Infancia que dirige Sira Rego (Sumar), que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.

La norma era admitido a trámite por el Pleno del Congreso en septiembre de 2025 y ahora se encuentra en la fase de discusión de enmiendas, con los grupos ya posicionados sobre su contenido.

En la mayoría de puntos, incluso la oposición está de acuerdo con el fondo de la ley y, de hecho, el Partido Popular acusa al PSOE de haber bloqueado el debate sobre la ley hasta ahora, cuando el Gobierno intenta fijar la agenda en medio de los problemas por el AVE, las Cercanías en Cataluña, las malas perspectivas en Aragón y las nuevas derrotas parlamentarias.

Según explican a EL ESPAÑOL fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, la redacción inicial de la ley no formula literalmente una «prohibición» de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, pero sí introduce un cambio legal que produce ese efecto en la práctica.

El proyecto modifica la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales para elevar de 14 a 16 años la edad a partir de la cual un menor puede prestar en solitario consentimiento válido para el tratamiento de sus datos personales.

Por debajo de esa edad, dicho tratamiento sólo será lícito si existe el consentimiento expreso del titular de la patria potestad o tutela.

Dado que la mayoría de redes sociales y plataformas digitales basan el procesamiento de datos –creación de cuentas, elaboración de perfiles, publicidad o recomendaciones algorítmicas– en el consentimiento del usuario, el cambio legal dificulta significativamente que un menor de 16 años abra o mantenga una cuenta sin la intervención de un adulto.

«El efecto combinado de elevar la edad de consentimiento y exigir sistemas eficaces de verificación de la edad claramente empuja hacia una restricción del acceso autónomo de menores a las redes sociales», señalan estas fuentes.

Verificación obligatoria

La ley va más allá del consentimiento. Los artículos exigen a las grandes empresas tecnológicas que implementen controles parentales gratuitos por defecto en todos los dispositivos, que deberán activarse automáticamente en la configuración inicial.

Esto significa que, a la hora de adquirir un teléfono móvil para un menor, el dispositivo debe estar preparado, por ley, con herramientas que limiten el uso de aplicaciones.

Estos sistemas permitirán a los padres restringir el acceso a servicios, aplicaciones o contenidos considerados perjudiciales para los menores, y esto incluye no sólo las redes sociales, sino también las aplicaciones de juegos de azar.

Además, cuando se apruebe la ley, se exigirá que todas las plataformas incorporen mecanismos efectivos de verificación de la edad, especialmente en servicios dirigidos a adultos o con contenidos sensibles.

La falta de verificación se clasifica como una violación, lo que refuerza la presión regulatoria sobre todo el ecosistema digital.

Tanto el Ministerio de Sira Rego en la redacción inicial de la ley, como el PP, apuestan por que la herramienta regulatoria que impone sanciones a las empresas sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): un organismo «totalmente autónomo».

Más allá de las redes

El aumento de la edad de consentimiento no se limita a las redes sociales. Afecta a cualquier servicio digital que procese datos personales en base al consentimiento del menor, lo que incluye plataformas de vídeo, videojuegos online, aplicaciones móviles, servicios de suscripción e incluso tiendas digitales de ropa u otros bienes.

En todos estos casos, los menores de 16 años necesitarían la autorización de sus padres o tutores para que el tratamiento de sus datos tenga validez legal.

El anuncio de Sánchez este martes ha sido recibido con críticas por parte del PP, que acusa al PSOE de haber ralentizado y limitado el debate parlamentario sobre una ley que el presidente presenta ahora como iniciativa propia.