La reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renunciar a 63.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación es, para el economista Santiago Sánchez Lópezla confirmación definitiva de una incapacidad de gestión sin precedentes. Después de seis modificaciones anteriores, esta séptima adenda se interpreta como una «herramienta arbitraria» para repartir fondos ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, lo que confirma que el plan diseñado en Moncloa va camino del fracaso.

Mala ejecución: 12% en diez meses

Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a 31 de octubre de 2025 son demoledores: los pagos realizados apenas alcanzan el 12,4% de lo presupuestado. De los más de 34.500 millones disponibles para este año, sólo se han pagado 4.300 millones, haciendo de 2025 el peor año de todo el Plantanto en volumen absoluto como en porcentaje.

El análisis por carteras ministeriales revela una parálisis casi total en las áreas que deberían impulsar el cambio de modelo productivo. Mientras el gasto se concentra en el aparato administrativo, ministerios clave como el de Educación no llegan ni al 1% de los pagos realizados, Transición Ecológica apenas supera el 2,7% y Vivienda se mantiene en torno al 10%. Esta ineficiencia administrativa ha obligado a Bruselas a reformular constantemente hitos y objetivos (52 solo en la adenda de 2023) citando falta de demanda y errores de diseño que hacen imposible verificar los resultados.

La excusa de los préstamos y la «soberbia fatal»

El Ejecutivo ha justificado la renuncia a los créditos europeos alegando que los tipos de interés ya no son ventajosos, una afirmación que el autor califica de «verdad a medias». El verdadero motivo de este rechazo, según el informe, es el temor de que la incapacidad de cumplir los hitos acordados con Bruselas quede en pruebas bajo el control de la Comisión.

Santiago Sánchez López apela a la «soberbia fatal» para calificar un plan diseñado desde las oficinas de Moncloa que ha ignorado las necesidades reales de las empresas españolas. El resultado es visible: la inversión privada en términos reales se mantiene un 5,1% por debajo de los niveles de 2019 y la productividad por empleado es inferior a la de 2018.

Heredar la deuda: la factura llega en 2028

Lo más dramático de este «experimento de ingeniería social» es su legado financiero. A pesar de Sánchez ha utilizado los fondos europeos como «alcancía» para sobrevivir sin aprobar nuevas cuentas públicasel dinero debe ser devuelto. Entre 2028 y 2058España tendrá que aportar al presupuesto europeo una cantidad equivalente a las subvenciones recibidas.

La conclusión es amarga: Los españoles pagarán una fiesta a la que apenas fueron invitados. La factura llegará puntualmente a través de los impuestos, pero España llegará a 2028 con unas infraestructuras peores de lo previsto y unos servicios públicos deteriorados por el fracaso de una gestión que se apoyó más en la planificación centralizada que en incentivos económicos reales.

Devoluciones y 30.000 millones a repartir

Lo que comenzó como el «mayor esfuerzo de inversión y reforma» en la historia de España se ha transformado, menos de nueve meses antes de la fecha límite, en una carrera desesperada por lograr una «derrota digna». Los últimos datos del sistema Elisa confirman que el Plan de Recuperación está en proceso de cambio: Aún quedan 30.000 millones de euros por repartir y el sector empresarial ha comenzado a devolver fondos masivamente ante la imposibilidad de ejecutar las inversiones requeridas.

El análisis de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a finales de 2025 ya advertía del colapso: En los primeros diez meses del año sólo se pagó el 12,4% de lo presupuestado. De los 34.500 millones disponibles para este año, el Gobierno apenas logró movilizar 4.300 millones, firmando el peor año de todo el Plan.

A esta parálisis administrativa se suma ahora un fenómeno alarmante: la devolución del dinero por parte de los adjudicatarios. El sistema obliga a las empresas a triplicar la inversión pública recibida, un requisito de capital que muchas empresas no pueden asumir por la falta de liquidez y los retrasos en los pagos del Estado. En los pasillos del Ministerio de Economía ya se habla de «miles de millones» que volverán a las arcas públicas durante 2026dinero que se considera perdido porque la presión de los plazos impide lanzar nuevas convocatorias.