El Ministro de Salud, Mónica Garcíaha anunciado este viernes que su departamento ha denunciado a la Comunidad de Madrid por no crear un registro de objetores de conciencia en relación con la ley de aborto provocado. Para el ministro, «hay un flagrante incumplimiento de la ley» en este ámbito.

Este jueves, el Ministerio ha registrado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno ‘popular’ de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no crear un registro de objetores de conciencia.

García ha asegurado en ‘Al rojo vivo‘que «existe una flagrante infracción de la ley». «Es la única Comunidad que no ha elaborado, sabiendo que tenía que hacerlo, un registro de objetores a garantizar el derecho al aborto desde Madrid», afirma.

Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid han asegurado a laSexta que No le dan «importancia» para García «dedicarse a solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga, que es algo más importante que esa demanda».

«Ya escuchamos a la señora Ayuso decir que íbamos a abortar afuera. Ya les dijimos que les dábamos un plazo de un mes para registrarse», añade la ministra. «La señora Ayuso tiene una guerra contra las mujeres que no entendemos del todo en la que obstaculiza su derecho al aborto y las expone a las declaraciones y actos de Julio Iglesias. Es una guerra en la que nos metemos nosotras mismas defensa de los derechos de las mujeres y vamos a utilizar todas las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición, como este litigio», añade.

En esta denuncia afirman que el 16 de diciembre de 2024 El Protocolo fue aprobado para la creación de este registro, que se desarrolló desde un principio en Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Región de Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.

Así, Andalucía y el Principado de Asturias se encontraban en fase de tramitación. Meses después, la ministra envió solicitudes por carta a Aragón, Baleares y Madrid, territorios que aún no habían creado el registro. Finalmente, la Comunidad gobernada por Ayuso expresó su negativa para desarrollar esta medida.

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