Sanidad formaliza en los tribunales su denuncia a Madrid por no tener registro de objetores al aborto
La guerra entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid sigue vivo en 2026. El departamento ha formalizado su denuncia ante los tribunales de Madrid por no crear un registro de objetores del aborto, según ha podido comprobar este diario al tener acceso a dicha demanda.
Esto ocurre después de que Mónica García enviar una solicitud a las comunidades que aún no habían formalizado dicho registro. Éste instó a las regiones a cumplir con su creación.
El pasado mes de octubre, el ministro advirtió que El Gobierno emprendería acciones legales si las autonomías no lo tramitaban en el plazo de un mes. En aquel momento, Madrid, Aragón y Baleares eran las tres regiones que aún no lo tenían.
«Esto no es algo opcional, es una obligación legal de garantizar los derechos tanto de los profesionales de la salud como de las mujeres y asegurar que haya equidad y respeto al hacerlo», aseguró García.
La Comunidad de Madrid ha sido la única que no ha iniciado este proceso y la que se ha negado, rotundamente, en numerosas ocasiones.
Después de que la autonomía incumpliera este plazo, el Ministerio disponía de dos meses para acudir a los tribunales.
Así, Sanidad presentó este jueves un recurso contencioso-administrativo Contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Ley del aborto
Sin embargo, vale la pena señalar que Las comunidades autónomas están obligadas a crear dicho registro, dado que se trata de una medida lo cual está contemplado dentro de la Ley del Aborto del 28 de febrero de 2023.
En la demanda, el Ministerio asegura que se trata de una medida que fue aprobada, por unanimidad, el 16 de diciembre de 2024 en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Así, el departamento declara que «la ley considera que la objeción de conciencia es una decisión individual del personal sanitario directamente implicado». en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la cual deberá constar previamente y por escrito. “Quienes declaren su objeción de conciencia lo harán para efectos del ejercicio directo de la prestación de la IVE tanto en el ámbito sanitario público como privado”.
Tras la presentación de dicha denuncia, serán los tribunales los que tendrán que decidir si obligan al Gobierno de Ayuso a crear dicho registro.
Madrid
Tras este último movimiento del departamento, el departamento que dirige Fátima Matute ha respondido contundentemente.
El Ejecutivo regional señala que «lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante».
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