Este Primero de Mayo, Gobierno y sindicatos han vuelto a exhibir sus diferencias de diagnóstico sobre la situación laboral y social en España. Mientras el Ejecutivo ha sacado pecho por los avances en empleo y derechos, las organizaciones sindicales han llenado las calles para exigir mejoras salariales y soluciones urgentes al problema de la vivienda, que se ha convertido en la principal preocupación del pueblo español, así como para exigir su «no a la guerra».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho por el empleo «récord». En un mensaje en redes sociales para felicitar el Primero de Mayo, Sánchez destacó que España tiene más de 22 millones de empleados y lidera el crecimiento en la Unión Europea. Además, ha destacado medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral o la reducción de la temporalidad, insistiendo en que «empleo y derechos pueden ir de la mano». «Hubo un tiempo en que los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles». ha asegurado.

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha afirmado que el SMI «ha crecido como nunca» en los últimos años, hasta el punto de duplicarse respecto a hace una década. También ha destacado que quienes perciben este salario ya no pagan el IRPF, defendiendo que el camino pasa por el diálogo con los agentes sociales para seguir avanzando en salarios, productividad y derechos.

Estos mensajes optimistas han contrastado con el tono pesimista que ha marcado las movilizaciones convocadas por los sindicatos en más de un centenar de ciudades. Bajo el lema «Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia», Las protestas tuvieron su epicentro en Málaga, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral andaluza, donde los dirigentes de UGT y CCOO han insistido en que lLa mejora macroeconómica no se traslada al bolsillo de los trabajadores.

Entre sus principales demandas está un nuevo acuerdo salarial que contempla subidas de entre el 4% y el 7% para 2026, 2027 y 2028, así como una participación más decidida de los empleadores en la negociación colectiva. Los sindicatos advierten de que millones de trabajadores siguen con salarios estancados y denuncian que el aumento de los precios de la vivienda está absorbiendo gran parte de las recientes mejoras salariales.

Los líderes sindicales exigen un pacto político y social que permita intervenir el mercado, aumentar la oferta de vivienda asequible y limitar los usos especulativos. Consideran que el problema ha alcanzado dimensiones de “emergencia social” y que está poniendo en riesgo la cohesión económica y laboral.

Pepe Álvarez, secretario general de UGTha exigido que se lleve adelante el nuevo registro horario. «Si quieren trabajadores para la hostelería, para los servicios, para el cobro o para cualquier otro elemento del trabajo, que paguen, Que paguen las empresas que están ganando mucho dinero. Que lo distribuyan. Que no especulen«, ha reprochado, al tiempo que ha reclamado una nueva subida del SMI por el aumento de los precios. En materia de vivienda, Álvarez reprochó la derogación de la prórroga de los alquileres: «Espero que algunos de estos diputados que votaron en contra sean desalojados para que sepan lo que es sufrir la falta de vivienda».

Unai Sordo, secretario general de CC OO, ha pedido «salarios, tiempo y un techo para todos». «Qué mayor trinchera hay para una familia que no llegar a fin de mes. ¿Qué mayor trinchera hay para que la gente popular, para la gente normal, escuche que el país va como un tiro y sin embargo la nómina no alcanza para pagar una hipoteca, un alquiler o suministros básicos?«Necesitamos dos millones de viviendas en 10 años y el fin de la especulación», ha exigido. Sordo ha reconocido el progreso laboral, pero «no es suficiente», ya que el 30% de los trabajadores gana 1.500 euros o menos. «Son salarios de supervivencia», ha subrayado, criticando que estos salarios contrastan con los altos márgenes de las empresas.

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha reclamado «mejoras salariales» y un trabajo que permita «tener lo mínimo: un techo y poder comer con normalidad». Informó que ““Los datos económicos… no llegan a las familias” y advirtió de una pérdida del “24% del poder adquisitivo” en alimentos. Pérez destacó que «tener trabajo no te permite adquirir una vivienda» en muchas ciudades y defendió «humanizar el empleo» para garantizar mejores condiciones y calidad de vida a los trabajadores.

El Gobierno también ha reconocido estas tensiones. El vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido que aún quedan «muchos derechos por conquistar» y ha apuntado que persisten situaciones de precariedad, como horas extras no remuneradas o problemas de seguridad laboral. En este sentido, ha defendido nuevas medidas como el endurecimiento del registro de jornada o la futura ley de prevención de riesgos laborales. En cuanto a los salarios, ha pedido a los empresarios que «distribuyan los beneficios y aumenten los salarios» en la negociación colectiva

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha hecho hincapié en la necesidad de una movilización social para garantizar las políticas de vivienda, especialmente tras el fracaso de la prórroga del alquiler en el Congreso. «No pararemos y seguiremos trabajando para mantener vigente esta prórroga». En la misma línea se ha pronunciado Díaz, que ha anunciado que devolverán al Congreso el decreto que amplía los alquileres «en defensa del pueblo trabajador» y «de miles de personas humildes» después de que «los tres partidos de derecha lo descartaran» en la Cámara Baja.