Los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico revelan un fuerte aumento en el número de hogares que reciben descuentos en su factura de luz. Este aumento en el mecanismo de protección es parte de una tendencia observable en ciertas administraciones socialistasdonde se prioriza la incorporación de un mayor número de ciudadanos a las prestaciones públicas, incluso en periodos en los que se insiste en la solidez de la recuperación económica. Por ello, se flexibilizaron los requisitos para que más usuarios pudieran acceder a ella con el pretexto del aumento de los precios de la energía por la invasión rusa de Ucrania.

Distribución geográfica

El recuento de beneficiarios de la bonificación en el suministro eléctrico muestra una tendencia al alza en los últimos años. En 2019 se situó en 1.303.529 viviendas. La cifra disminuyó ligeramente en 2020 hasta 1.223.673 y se mantuvo cerca en 2021 con 1.218.120. A partir de 2022 se inició un claro repunte hasta llegar a 1.351.027, para seguir subiendo en 2023 hasta 1.565.742, en 2024 hasta 1.641.084 y culminar con Diciembre de 2025 con 1.725.902 viviendas tuteladas. ¿Qué significa un Aumento del 60% en siete años.

Según datos de diciembre de 2025, Andalucía concentra la mayor proporción con 352.995 usuarioslo que representa el 20,45% del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana con 224.602 (13,01%), Cataluña con 194.474 (11,27%), Madrid con 188.034 (10,90%), Castilla y León con 115.692 (6,70%) y Castilla-La Mancha con 115.435 (6,69%). Otras regiones como Galicia (97.235), Extremadura (88.393) o el País Vasco (65.792) completan el mapa territorial.

A escala nacional, el desglose por principal motivo de acceso muestra que el criterio de ingreso explica la gran mayoría: 1.153.813 hogares (66,85%). Las familias numerosas aportan 454.382 (26,33%), los jubilados con pensión mínima 76.893 (4,46%) y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital 40.814 (2,36%).

Este mecanismo de reducción de la factura eléctrica carece de una asignación presupuestaria específica en los Presupuestos Generales del Estado. Su coste se distribuye como cargo del sector regulado entre productores, operadores de redes y empresas comercializadoras. Para 2025 se estimó un impacto neto cercano a los 241,7 millones de euros, según los informes técnicos aprobados.

El Bono Social Térmico

En 2019, el volumen de beneficiarios del Bono Social Térmico totalizó 1.094.346 viviendas. De cara a 2020, esta magnitud se expandió a 1.270.897. Para 2021, el recuento bajó ligeramente hasta 1.113.536 viviendas. En 2022, la cifra repuntó hasta 1.226.731.

Continuando hasta 2023, el número aumentó a 1.357.138. Durante 2024, la cifra ascendió a 1.580.735 y finalmente, En 2025, el agregado alcanzó 1.649.625 viviendas protegidas. Del inicio al final del periodo, el avance representa un 50,7% más desde que se comenzaron a dar estas ayudas.

Importes destinados a compensar gastos de electricidad han experimentado una notable progresión desde su implantación. El importe inicial en 2019 fue de 75 millones de euros. Ascendió a 87 millones en 2020 y aumentó bruscamente a 202 millones en 2021. El año 2022 registró el máximo con 453 millones de euros. Posteriormente se situó en 255 millones en 2023, 300 millones en 2024 y 312 millones en 2025.

El crecimiento acumulado entre el primer año y el actual supera el 316%. El pico registrado en 2022 respondió a la inyección de fondos extraordinarios adicionales -incluidos 225 millones adicionales en la recta final del año- como respuesta a la escalada de los precios de la energía provocada por la invasión de Ucrania. Estas inyecciones temporales permitieron recaudar montos individuales y atender a un mayor volumen de solicitantes.

Diferencias entre el Bono Social Eléctrico y Térmico

El Bono Social Eléctrico Consiste en una reducción directa y mensual que se aplica únicamente en la factura de la luz.en la tarifa regulada, Precio Voluntario para Pequeños Consumidores (PVPC) y sólo para contratos de vivienda habitual con potencia contratada inferior a 10 kilovatios; Cubre exclusivamente el coste de iluminación y electrodomésticos. Por su parte, el Bono Social Termal se materializa como un pago único anual gestionado por las Comunidades Autónomas y destinado a cubrir los gastos de calefacción, agua caliente sanitaria y cocina, cualquiera que sea el combustible utilizado —gas natural, gasóleo, pellets o electricidad.

Este segundo se concede de forma automática a cualquier titular que mantenga activo el primero a 31 de diciembre del año anterior, sin necesidad de solicitud aparte, y se financia con transferencias presupuestarias directas del Estado a las autonomías. En cambio, el primero está cubierto por impuestos regulados sobre el sistema eléctrico que se reparten entre generadores, transportistas, distribuidores y comercializadores, sin que figuren como una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado. Ambos mecanismos funcionan de forma complementaria para combatir la pobreza energética, pero responden a necesidades diferentes y utilizan canales de financiación separados.

Modificaciones introducidas

Si bien se lanzó en 2019, los cambios regulatorios para el Bono Social Eléctrico se concentraron en el periodo 2021-2022. Se elevaron los límites de renta admisibles del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es el índice de referencia en España para asignar ayudas, subsidios y prestaciones por desempleo en función de la renta, pasando de un IPREM a 1,5 veces esa referencia, con incrementos adicionales en función de la composición del hogar. El concepto de grupo de convivencia se amplió más allá de la estricta estructura familiar tradicional, añadiendo miembros que residían en el hogar.

La incorporación automática de quienes perciben la prestación del ingreso mínimo vital representó una vía de ingreso simplificada para muchas unidades familiares. Asimismo, se flexibilizaron las condiciones para los hogares con título de familia numerosa, permitiendo el acceso directo en más casos sin necesidad de acreditar ingresos muy bajos.

Estos cambios en los umbrales y en la definición del grupo de convivencia, junto con la actualización anual del indicador de renta, facilitó la incorporación de nuevos perfiles sin alterar el procedimiento de reconocimiento automático vinculado al descuento eléctrico.