SEVILLA 19 mar. (EUROPA PRESS)-

El accidente de tráfico en el que un camión articulado atropelló un control de drogas instalado por la Guardia Civil en la autopista AP-4, en el municipio de Los Palacios y Villafranca, con el saldo de seis muertos, entre ellos dos agentes del Instituto Armado, y cinco heridos, todos ellos de la Guardia Civil, cumple este jueves su segundo aniversario.

El accidente se produjo sobre las 04.40 horas del 19 de marzo de 2024 en el kilómetro 24 dirección Sevilla de la autopista AP-4, en Los Palacios, donde el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil había instalado un control para interceptar traslados de sustancias estupefacientes, formado por un total de 17 agentes, el doble del mínimo de ocho efectivos que establece el protocolo del Instituto Armado para este tipo de dispositivos.

Aunque el control se encontraba en un punto «de visibilidad» de la carretera y estaba debidamente señalizado, según el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, fue «barrido» según sus palabras por un camión articulado cargado con productos hortícolas que había salido de La Línea de la Concepción (Cádiz) con destino a Guarromán (Jaén).

MUEREN DOS AGENTES DEL GRUPO GAR

Como consecuencia del accidente fallecieron dos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y cuatro personas más que se encontraban en los vehículos particulares detenidos durante el control.

Entre estos cuatro fallecidos se encontraban dos personas con antecedentes por delitos contra la salud pública, en concreto un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 47 años y un ciudadano de Ceuta de 53 años.

En el momento de los hechos, fuentes del caso indicaron a Europa Press que este vecino de Dos Hermanas sería una de las personas detenidas en 2018 en las operaciones denominadas ‘Minimus’, ‘Temple’ y ‘Thuran’, que supusieron el desmantelamiento de una red criminal especializada en el tráfico de heroína en las provincias de Málaga y Sevilla.

Aquellas actuaciones policiales se centraron en un clan apodado ‘Los Mellis’ y dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes en la capital hispalense, principalmente heroína, que suministraban en la provincia de Málaga.

En el caso del ceutí, sería uno de los 46 detenidos de la operación ‘Asgard’ en 2021, que supuso el desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de drogas, la pertenencia a una organización criminal y el blanqueo de capitales liderada por un individuo apodado ‘El Tapi’. En esa operación, llevada a cabo en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, Barcelona y en la ciudad de Ceuta; Se incautaron 8.665 kilos de hachís, además de seis embarcaciones neumáticas semirrígidas.

UN «INSTITUTO O NEGLIGENCIA» DEL CONDUCTOR DEL CAMIÓN

Por su parte, el camionero enfrentó seis presuntos delitos de homicidio imprudente y tres presuntos delitos más de lesiones graves por imprudencia. Por ello fue detenido y pasó tres días en prisión provisional. Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Utrera, que no llevaba el caso pero estaba de guardia, ordenó la libertad provisional, comunicada y sin fianza a petición de la Fiscalía.

El auto judicial, consultado por esta agencia en el momento de los hechos, explica que del informe de la Guardia Civil se desprende que el accidente se produjo «por confusión o negligencia en la conducción, que no pudo relacionarse ni con exceso de velocidad, ya que el investigado afirmó que circulaba a 90 kilómetros por hora, ni con la ingesta de alcohol y drogas, ya que las pruebas de detección de estas sustancias dieron resultado negativo».

Por ello, el Tribunal señaló a continuación la «dificultad para calificar la conducta del investigado en este momento dentro de imprudencia grave o menos grave, debiendo excluir la medida cautelar de prisión provisional solicitada» y señala que «en el caso de encontrarnos dentro del delito leve de homicidio y lesiones por imprudencia, la pena que se impondría sería una multa y no prisión».

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) también se pronunció en este sentido, pidiendo una «investigación profunda y efectiva de los hechos», señalando que lleva años pidiendo «que los guardias civiles dispongan de medios técnicos y personales acordes con las necesidades de su trabajo y que es urgente que Interior califique a los guardias civiles como trabajadores de riesgo».