Seis años sin poder recuperar su piso: «La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler”
Jaime Nadal lleva más de seis años batallando en la administración pública y en el sistema judicial para lograr recuperar un piso de su propiedad en Llucmajor, donde vive desde 2019 una inquilina que, según explica, sólo pagó los tres primeros meses. La mujer, en este tiempo, se ha amparado en el real decreto-ley estatal que protege a los inquilinos en situación de vulnerabilidad para no ser desahuciados. Nadal calcula en 50.600 euros la renta que ha dejado de percibir en estos años.
[–>[–>[–>“Llega un momento en que te sientes desamparado”, declara a este diario el afectado, quien asegura que, en estos más de seis años de lucha, siempre ha confiado en que la justicia acabe prevaleciendo, por muy difícil que se lo pongan. “Yo no creo en empresas como Desokupa. Tenemos un sistema judicial y yo creo en él”, subraya.
[–> [–>[–>El propietario del apartamento, Jaime Nadal. / DM
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El apartamento, ubicado en la calle Santa Margalida, en la urbanización sa Torre, lo compró su madre en 2003. Lo empezó a alquilar para tener unos ingresos con los que afrontar su jubilación, cuenta el afectado. En 2019, a través de una inmobiliaria, arrendó el apartamento, que está ubicado en un complejo con piscina, a una mujer, con su marido y su hija. Antes de entrar a vivir, esta mujer se divorció, y a los tres meses dejó de pagar, según el relato de Jaime Nadal.
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Principios de 2021
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Ahí empezó un largo periplo judicial, en que, hasta ahora, ha encontrado pocas respuestas, según lamenta. A principios de 2021, una sentencia le dio la razón a la propiedad y se ordenó el desahucio. Sin embargo, la inquilina alegó entonces, con un informe acreditativo de los servicios sociales municipales, su vulnerabilidad económica para poder acogerse a la normativa que suspendía los desahucios en el contexto de la pandemia.
[–>[–>[–>“A partir de ahí empieza la historia de nunca acabar. Hemos hecho escritos al juzgado. Me reuní con la alcaldesa de Llucmajor. Recurrí al Defensor del Pueblo. Y nada. No es sólo el dinero que hemos perdido, también es la impotencia que uno siente”, manifiesta Nadal, quien asegura no entender cómo en más de seis años no se ha revisado ese informe municipal de Servicios Sociales sobre la situación económica de la inquilina.
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El propietario del piso explica que, en sus redes sociales, esta mujer ha publicado fotos de sus viajes a destinos como Dubái, Formentera o Uruguay, lo que, en su opinión, no se corresponde con una situación de vulnerabilidad. También expresa su sorpresa por el hecho de que, recientemente, la moradora de su piso le haya exigido un arreglo por la rotura de un termo, cuando lleva años sin pagar el alquiler.
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[–>A principios de este año, al decaer temporalmente el real decreto-ley que suspendía determinados desahucios, Nadal volvió a presentar un escrito ante el juzgado de primera instancia número 5 de Palma para que se revisase la supuesta situación de vulnerabilidad económica de la inquilina.
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Hace dos meses, su madre falleció. Nadal cuenta que ella no pudo ver la recuperación del piso, pero él confía en que al final se haga justicia.
[–>[–>[–>Plataforma de Afectados por la Ocupación
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En referencia a este caso, el portavoz de la plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, lamenta que “tanto la okupación como la inquiokupación están legitimados por el real decreto antidesahucios”.
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“Esta situación que viven Jaime y su mujer se debe a que desde 2020 se sigue aprobando este decreto. Afortunadamente, ahora hay un intervalo en que ha decaído este decreto, y ha sido gracias a la acción de Junts, Partido Popular y Vox, que se han puesto de nuestro lado, porque ven que causa destrozos a familias trabajadoras”, argumenta.
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Bravo critica que el Gobierno central está preparando un nuevo texto para llevarlo al Consejo de Ministros y así prorrogar la moratoria antidesahucios durante un año más. “Esta situación es totalmente insostenible, porque lo que hace es obviar la responsabilidad que tiene el Gobierno hacia las familias vulnerables», advierte.
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En esta línea, sostiene que este tipo de medidas «están hundiendo el mercado del alquiler» por el «miedo» de los propietarios a sacar su vivienda al mercado. «Por la inseguridad jurídica que crea este decreto, se reduce la oferta y suben los precios”, esgrime.
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