Tras un proceso muy meditado durante meses, la venta del Sevilla a un grupo internacional liderado por Sergio Ramos se está convirtiendo en una batalla mediática. La operación está prácticamente interrumpida a dos días de que expire el plazo de exclusividad, fijado para el 31 de mayo. La tensión es tal que el propio Sergio Ramos ha convocado una rueda de prensa en un hotel de la capital andaluza el próximo lunes. El camero pretende explicar los motivos de su nueva propuesta y desvelar una información que, como indica su entorno, no dejará en buena posición a los principales accionistas.

La ruptura tras el cambio de escenario indignó a los vendedores, que califican la nueva propuesta de Sergio Ramos como «la peor oferta de todas las recibidas». Las partes trabajaron en el marco firmado en enero: la recompra del 85% de las acciones por 275 millones de euros, la asunción de 85 millones de deuda y una ampliación de capital de 80 millones (440 millones en total). Sin embargo, la nueva oferta del pasado miércoles cambió por completo la situación, aunque hace sólo unas semanas el Sevilla acordó reajustar el calendario de pagos para facilitar el aterrizaje.

El giro mexicano

En su última propuesta, el grupo de Sergio Ramos retiró de primera línea al fondo argentino Five Eleven Capital -que envió el lunes el proyecto de venta-. Según El Correo de Andalucía, el objetivo era captar un nuevo socio mayoritariamente mexicano: el Grupo DMI, gigante inmobiliario encabezado por Álvaro Leaño, representado en la reunión por el abogado Roberto Álvarez. La alarma saltó en Nervión al descubrirse el precedente del holding azteca, que ya intentaba desembarcar en Valencia atraído por el asunto Nou Mestalla, aunque el máximo accionista del Che, Peter Lim, cerró la puerta.

Dado que Sevilla tiene un patrimonio urbanístico menos desarrollado con la reforma del Ramón Sánchez-Pizjuán o la ampliación de la Ciudad Deportiva, las sospechas apuntan a que DMI busca entrar en el club para acumular plusvalías de varios millones de dólares en promociones urbanísticas. Con este polémico socio sobre la mesa, Ramos ejecutó el cambio de propuesta en la adquisición de las acciones, asegurándose el control del primer 42% de la entidad. A partir de ahí, la oferta de compra para los actuales propietarios bajó hasta los 100 millones de euros para hacerse con 32.000 acciones (el 18% restante hasta llegar al 60%), dejando fuera a los accionistas minoritarios.

aumento de capital

El entorno de Sergio Ramos defiende la adecuación de su nueva estructura y asegura que el Sevilla se encuentra en una situación de «quiebra técnica». Por ello, defiende que el club necesita que buena parte del dinero vaya directamente a las arcas de la empresa en lugar de ir a los accionistas.

comprometiéndose a recomprar el resto de los valores en un plazo de uno a dos años. Sin embargo, el Sevilla asegura la solvencia económica del club hasta 2030, apoyándose en auditorías oficiales que así lo certifican.

Lo previsto en la normativa de control económico de LaLiga desmontaría la propuesta de Sergio Ramos. Según el artículo 82, la ampliación de capital destinada a mejorar el techo de costes de los equipos deportivos tiene un límite del 25% de la facturación de la entidad. Es decir, con los 80 millones pactados inicialmente llegamos a los 30 millones, por lo que los 120 millones ofrecidos en el último momento no suponen una ventaja adicional para los futbolistas inscritos, sino que aumentarían el porcentaje del comprador.

Sanción por incumplimiento

A priori, estaba previsto que este viernes 29 de mayo las partes acudieran al notario para firmar la compraventa. Superado el colapso, se abre ahora un nuevo escenario jurídico. ElDesmarque informa que los grandes accionistas no tienen previsto realizar más contactos y suponen que el grupo de Ramos ha cometido un flagrante incumplimiento de contrato. En este sentido, ya preparan una obligación legal para exigir al exjugador una sanción económica de 500.000 euros a la que se sumarán los gastos ocasionados por la operación, como todos los costes del procedimiento y los honorarios de los profesionales que intervienen en el proceso.