El 4 de junio, Comisión Europea anunció su decisión de llevar a España ante la Tribunal de Justicia de la Unión Europeasolicitando que se le impongan sanciones económicas por incumplir su obligación de incorporar a su Ley nacional Directivas europeasacordado en 2023, para reforzar la Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (EU ETS).

El plazo de transposición de estas normas, Directiva (UE) 2023/958 y Directiva (UE) 2023/959, finalizó el 31 de diciembre de 2023.

La transposición es el proceso de incorporación de directivas de la UE a la propia legislación de los Estados miembros. A diferencia de otro tipo de normativa de la UE, como reglamentos y decisiones, las directivas no son directamente aplicables en todos los Estados miembros, sino que requieren hacerlo a través de leyes estatales, que deben ser aprobadas en los respectivos parlamentos nacionales.

Ambas directivas fueron aprobadas en el Parlamento Europeo en abril de 2023 con el apoyo mayoritario de grupos proeuropeos y centristas: PPE (Partido Popular Europeo), S&D (Socialistas y Demócratas) y Renew Europe.

Estos tres bloques principales, junto con el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europeaimpulsó y apoyó la adopción de este reglamento en la sesión plenaria correspondiente. En el Parlamento Europeo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) está adscrita al grupo Renew Europe, mientras que Euskal Herria Bildu (EH Bildu) Está integrado en el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea.

Es importante destacar que los eurodiputados españoles adscritos a los citados grupos parlamentarios votaron a favor de la aprobaciónal igual que los eurodiputados de la coalición electoral Luces para Europadel que formaba parte el partido político Juntosasignado al grupo de No Registrados.

Entonces, si todos esos partidos políticos: PP, PSOE, EH-Bildu, PNV y Junts, a través de sus respectivos eurodiputados, votaran a favor de estas directivas europeas en el Parlamento Europeo, ¿Por qué no se han puesto de acuerdo todavía sobre su transposición en el Congreso de los Diputados (que debería haberse hecho en el segundo semestre de 2023)? Actualmente, este trámite se realiza a través de la Proposición de Ley 122/000170 que modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

¿Cómo es posible haber llegado a esta situación? ¿No hubiera sido lo más lógico haber aceptado la transposición directa de estas directivas, como tantas veces antes?

La rápida transposición completa de estas directivas permite el correcto funcionamiento del RCDE UE, evita distorsiones en el mercado interior y adapta el sistema a los objetivos climáticos de la UE para 2030 establecidos en el Legislación climática europea.

Pero, además, en este caso concreto, el bloqueo que se está produciendo en el Congreso de los Diputados Con esta transposición se les impide llegar a España los casi 7.000 millones de euros del dinero europeo de Fondo Social para el Clima para financiar las medidas de Plan Social por el Clima y que estarán destinados a ayudar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad para hacer frente al aumento del precio de combustibles fósiles utilizado en el transporte y el calefacción derivados del funcionamiento del RCDE UE.

La Comisión Europea ha sido muy clara: Hasta que no se produzca esta transposición, el dinero europeo del citado fondo no empezará a fluir.. Y el Plan de Clima Social que España tiene que preparar tampoco puede aprobarse oficialmente.

Por todo ello, desde el Alianza por un Plan Social por un Clima Justo para los Usuarios Vulnerables del Transporte y las Microempresas Esperamos que todos los partidos políticos mencionados anteriormente sean coherentes con lo que apoyaron en el Parlamento Europeo y apoyen la transposición directa de las directivas antes mencionadas, permitiendo que este proceso salga de su largo período de estancamiento improductivo.

¿Qué son el Fondo Climático y el Plan Social?

Como parte de las medidas de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático, el transporte por carretera y la edificación han sido incluidos en el EU ETS. Este hecho implica un aumento de los precios de los combustibles para el transporte por carretera y la calefacción a partir de 2028.

Minimizar el impacto de esta medida en los grupos más vulnerables (Hogares vulnerables, usuarios vulnerables del transporte y microempresas vulnerables.), especialmente aquellos afectados por pobreza energética o pobreza en transporteLa Unión Europea ha creado la Fondo Social para el Clima (FSC) para el período 2026-2032 que tendrá algunos 65.000 millones de euros.

España es uno de los principales beneficiarios del FSC, ya que ha recibido el 10,52% de esa cantidad (es decir, alrededor de 6.824 millones de euros), lo que le sitúa entre los Estados miembros de la UE que más ayudas reciben en términos absolutos y relativos. Además, los Estados miembros tienen la obligación de contribuir, con cargo a sus propios presupuestos, con un mínimo adicional del 25% del importe que les corresponde (aproximadamente 2.275 millones de eurosen el caso de España). En total, el Fondo Social por el Clima en España contará con 9.099 millones de euros.

Este dinero permitirá a los ciudadanos de estos grupos vulnerables rehabilitar y renovar sus viviendasadoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a la energía renovable y medios de transporte con cero o bajas emisiones, incluyendo transporte público. Esto reducirá su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo.

Pero, para que los Estados miembros puedan utilizar el dinero del Fondo Social por el Clima, primero deben, como apuntábamos anteriormente, transponer la correspondiente directiva y, además, elaborar un Plan Social por el Clima con una serie de medidas para ayudar a estos usuarios vulnerables, siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2023/955 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece dicho fondo.

El proceso de elaboración del Plan de Clima Social de España, que ya lleva un año de retraso respecto al calendario establecido por el citado Reglamento, está liderado por la Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con la participación de Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

En el ámbito del transporte por carretera, las 27 organizaciones que integran la Alianza por un Plan Social por un Clima Justo para los Usuarios Vulnerables del Transporte y las Microempresas han propuesto al Gobierno una serie de medidas. En resumen, sin entrar en detalles técnicos de los criterios de vulnerabilidad a aplicar, y por orden de prioridad, son:

1.- Abono especial para el uso del transporte público colectivo urbano y metropolitano, así como del transporte interurbano de corta y media distancia, para usuarios vulnerables del transporte con rentas bajas o medias-bajas. Esta suscripción incluiría gratuidad o descuentos por el uso de la bicicleta eléctrica pública/compartida.

2.- Sistemas de movilidad compartida en zonas rurales sin acceso a sistemas de transporte público colectivo. Sólo se podrán financiar aquellos programas que utilicen vehículos eléctricos de batería pura. Se incluyen en este ámbito las siguientes modalidades: carsharing y transporte bajo demanda con vehículos de turismo discrecional con conductor.

3.- Arrendamiento social. Sólo se podrán financiar aquellos programas que utilicen vehículos eléctricos de batería pura. Los beneficiarios serán tanto usuarios y profesionales vulnerables de zonas rurales como usuarios vulnerables de zonas no rurales pero sin fácil acceso al transporte público que tienen bajos ingresos y utilizan vehículos de combustión para sus necesidades laborales pero no tienen los medios económicos para adquirir vehículos de cero emisiones.

4.- Ayudas para la compra de vehículos eléctricos de batería, tanto de primera como de segunda mano, incluidas las bicicletas utilizadas en ciclologística, así como ayudas para la conversión de vehículos con motor de combustión interna a vehículos eléctricos de batería. La medida estará destinada exclusivamente a transportistas y a profesionales ajenos al transporte que necesiten un vehículo para realizar su trabajo, quienes, en ambos casos, pueden ser catalogados como vulnerables.

5.- Bonificación por recarga en puntos públicos de vehículos eléctricos puros de batería que se encuentren en el citado régimen de alquiler social. Esta medida sólo se aplicará a los usuarios vulnerables que se encuentren en el programa de alquiler social y que demuestren no tener posibilidad de recarga vinculada.

6.- Ayudas para la compra de bicicletas eléctricas. Esta medida se aplicará en determinados casos para ayudar a los usuarios vulnerables del transporte a desplazarse al trabajo en zonas rurales y periurbanas sin un acceso adecuado al transporte público.

*** Carlos Bravo Villa es el representante de las 27 entidades que integran la Alianza por un Plan Social por un Clima Justo para Usuarios Vulnerables del Transporte y Microempresas.

La “Alianza por un Plan Social por un Clima Justo para los Usuarios Vulnerables del Transporte y las Microempresas” está formada por las siguientes 27 entidades (por orden alfabético): Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Amigos de la Tierra, Comisiones Obreras (CCOO), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Consejo Español de la Juventud (CJE), ConBici, Demos Lab, Red Europea Contra la Pobreza (EAPN-ES), Ecologistas en Acción, Ecounion, EsadeEcPol, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Foro de Acción Rural, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Mobilitat Sostenible y Seguro, Fundación Renovables, Greenpeace, Oxfam-Intermón, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoción del Transporte Público (PTP), Renovem-nos, Revo, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), SEO/BirdLife, Transporte & Medio Ambiente (T&E), Unión General de Trabajadores