Sugerencias para una reforma del Papado
INTRODUCCIÓN. Aunque en el Concilio Vaticano II (1962-1965) no haya un documento específico sobre el modo de ejercer el Papado, del conjunto de sus enseñanzas se deduce una reconfiguración profunda: de una figura más bien monárquica y aislada a otra pastoral, colegial y en diálogo con el mundo moderno. Por eso, los papas del posconcilio empezaron a preguntarse cómo ejercer su ministerio, llegando incluso a pedir sugerencias sobre cambios concretos. Algunos se han ido introduciendo, pero la cuestión sigue abierta.
[–>[–>[–>Para situar el debate con perspectiva, conviene recordar algo obvio y, sin embargo, olvidado: el Papado no ha sido idéntico en todas las épocas. El Ministerio de Roma ha adoptado formas distintas según los contextos; por eso, también hoy cabe preguntarse qué reformas ayudarían a ser más fieles al Evangelio y más creíbles ante el mundo y ante las demás Iglesias cristianas.
[–> [–>[–>BREVE HISTORIA DEL PAPADO. El ejercicio del Papado ha variado según las circunstancias de cada época. En los cuatro primeros siglos se expresó como un poder discreto, más autoridad moral que jurídica: un primus inter pares, el primero entre los cinco patriarcas que regían las principales regiones eclesiales —Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Roma—. No existía aún la idea de un poder central y, en rigor, tampoco la figura del papa como hoy la entendemos.
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El patriarca de Roma gozaba de una autoridad moral particular por conservar los restos de Pedro y Pablo y por presidir la Iglesia de la capital del Imperio, pero no tenía jurisdicción sobre los otros patriarcados, que mantenían su autonomía. Ese equilibrio empezó a cambiar cuando la Iglesia entró en una nueva relación con el poder político.
[–>[–>[–>Con la «conversión» de Constantino (313) se inicia un proceso decisivo: alianza entre la autoridad imperial y la Iglesia, y, más tarde, reconocimiento del cristianismo como religión oficial. En ese marco, a mediados del siglo V, el papa León Magno sentó bases teológicas y jurídicas para que el obispo de Roma fuese reconocido como Papa de la Iglesia católica con jurisdicción sobre todos los obispos.
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Desde entonces, el poder espiritual —y también material— del Papa creció en disputa permanente con el poder imperial y con los reyes medievales. La pregunta era simple: ¿quién está sobre quién, el Papa o el Emperador? La pugna se inclinó a favor del Papa en el siglo XI con la Reforma Gregoriana: Gregorio VII estableció que el Papa, vicario de Cristo y de Pedro, poseía poder absoluto en la Iglesia e incluso capacidad para juzgar y deponer autoridades civiles; pero nadie podía juzgar al Papa.
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[–>Ese poder concentrado —legislativo, ejecutivo y judicial— fue cuestionado por diversos movimientos medievales y, más tarde, por la Reforma. Con el tiempo, la autoridad romana quedó asociada, en la práctica, a una forma de gobierno cada vez más centralizada.
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En el Concilio Vaticano I (1870), el Papa pierde poder temporal, pero se fortalece su poder doctrinal al proclamarse la infalibilidad cuando define oficialmente verdades de fe o moral. No hubo cambios de gran alcance hasta el Vaticano II (1962-1965), que, sin un tratado sobre el papado, definió otro modelo de Iglesia: la Iglesia como «Pueblo de Dios». Ese giro implica otra manera de ejercer el ministerio petrino y empuja a los papas a revisar cómo gobiernan, representan y sirven.
[–>[–>[–>LOS MISMOS PAPAS MANIFIESTAN LA NECESIDAD DE UNA REFORMA DEL PAPADO. En el clima conciliar de renovación y ecumenismo, Pablo VI lanzó en 1967 una frase de enorme alcance: «El Papa —lo sabemos muy bien— es el obstáculo más grave en el camino del ecumenismo» (Documentation Catholique, 64-1967). El teólogo Tillard lo expresó con crudeza: la Iglesia católica debería releer, a la luz del ecumenismo, las declaraciones del Vaticano I y II sobre el Primado romano, porque las demás Iglesias «sinceramente no creen poder recibirlas».
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Juan Pablo II recogió esa llamada en «Ut unum sint» (1995): «Escucho la petición… de encontrar una forma de ejercicio del Primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva». Y añadió lo más relevante: «Es una tarea ingente que no puedo llevar a término solo… Invito a los responsables de las Iglesias no católicas y a sus teólogos a establecer conmigo un diálogo fraterno, paciente». Se dieron conversaciones exploratorias, pero la consulta ecuménica amplia y formal no llegó a realizarse.
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Francisco, en «La alegría del Evangelio» (2013), pidió una reforma que «señale los caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años» (EG 1), exhortó a no refugiarse en el «siempre se ha hecho así» y reclamó audacia. Y subrayó que él mismo debía empezar por casa: «También debo pensar en una conversión del papado… para un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización» (EG 32). Reconoció, además, que se avanzó poco en la línea abierta por Juan Pablo II.
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En años posteriores se han dado pasos: «Praedicate Evangelium» reformó la curia; y el papa León XIV ha anunciado un estilo más colegial, con consistorios anuales para afrontar los problemas actuales. Pero quedan aspectos en los que caben cambios del ejercicio del Primado «sin afectar lo esencial de su misión». Con respeto, pero también con sinceridad, presento estas sugerencias en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
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SUGERENCIAS DE ALGUNOS ASPECTOS A REFORMAR. Valoro el esfuerzo de Francisco por una vida sencilla, lejos de fastuosidades. Pero, si el Evangelio es la medida, no bastan gestos: hay reformas simbólicas e institucionales que fortalecerían la autoridad moral de Roma y abrirían puertas al ecumenismo y a la sinodalidad.
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Primero: prohibir, para el Papa y para cardenales, arzobispos y obispos, títulos paganos y profundamente antievangélicos todavía en uso: Sumo Pontífice, Santidad, Príncipe de la Iglesia, Eminencia, Excelencia, Reverendísimo. Universalizar el título de «hermano», el que dejó Jesús (Mt 23, 8-11), sería un golpe simple y eficaz contra el clericalismo.
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Segundo: renunciar a la condición de jefe del Estado Vaticano. El Papa sería recibido como líder religioso, no como jefe de Estado, y se reduciría la confusión entre diplomacia y misión pastoral. En coherencia, los nuncios y nunciaturas tendrían que redefinirse de raíz.
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Tercero: someterse a la norma de renuncia a los 75 años, como se exige a obispos y sacerdotes. La vejez y sus limitaciones no excluyen a nadie. Esta medida evitaría que el gobierno universal quede bloqueado por largos periodos de enfermedad y corregiría la imagen de una Iglesia dirigida indefinidamente por ancianos sin fuerzas.
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Cuarto: sustituir el consistorio de cardenales por un Consejo Episcopal formado por los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Sería más representativo del sentir del Pueblo de Dios. La colegialidad necesita cauces reales, no solo encuentros.
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Quinto: reformar la elección papal. En lugar de ser elegido por cardenales nombrados por otro Papa, que lo sea por una asamblea de presidentes de conferencias episcopales. Sería un signo más claro de universalidad eclesial. En ese mismo movimiento, la institución cardenalicia podría repensarse —o incluso suprimirse— si ya no cumple su finalidad.
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Sexto: recuperar con radicalidad una vida ordinaria. Siguiendo la «Declaración de las Catacumbas», el papa debería vivir «según el modo ordinario de la población» en casa, comida, transporte y estilo. No es teatro ascético: es credibilidad. Y daría autoridad moral para denunciar injusticias y sostener, sin ambigüedades, la opción por los pobres (Julio Lois, «El Dios de los pobres», 240-243).
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Séptimo: convocar una comisión teológica ecuménica para reflexionar sobre el ministerio del Romano Pontífice y, en particular, sobre el dogma de la infalibilidad. Pablo VI y Tillard lo señalaron: es un obstáculo mayor para el ecumenismo. No se trata de «rebajar» a Roma, sino de hallar un modo de primado que otras Iglesias puedan reconocer sin traicionar su tradición.
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Y una propuesta más, especialmente pertinente si hablamos en serio de sinodalidad universal. En los primeros siglos, con un cristianismo territorialmente limitado, el gobierno se descentralizó organizando patriarcados, con Roma como primus inter pares. Hoy, con más de mil millones de católicos en cinco continentes, ¿no sería sensato retomar esa lógica? Nombrar un patriarca por continente y mantener al patriarca de Roma como primus inter pares podría favorecer una Iglesia menos centrada en un único vértice.
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La idea no es nueva. En 1972, Joseph Ratzinger sugirió reflexionar si las Iglesias de Asia y África no podrían ofrecer su forma propia como patriarcados o «grandes Iglesias» independientes (Ratzinger, «El nuevo Pueblo de Dios», Herder, 1972, 161).
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Seguramente caben otras reformas. Pero si se implementaran estas, no se tocaría «lo esencial de la misión del Papado» y, en cambio, resplandecería con más nitidez su rostro evangélico: el sucesor de Pedro llamado a «fortalecer la fe y la caridad» de los discípulos de Jesús (Lc 22, 31-32).
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Con todo respeto.
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