Sumar registra en el Congreso una proposición de ley para limitar la actividad de los expresidentes de Gobierno para que no puedan dedicarse a empresas privadas de sectores estratégicos en los diez años posteriores a su cese del cargo, y que impide recibir una pensión vitalicia del Estado en caso de que los exdirigentes obtengan retribuciones de otras actividades.