A pesar de haber diluido su carácter revolucionario primigenio, aceptando con el reformismo de Eduard Bernstein la búsqueda del socialismo a través de métodos e instituciones democráticas —lo cual, no obstante, ha conllevado otras consecuencias igualmente perniciosas para las democracias liberales—, la izquierda no olvida su raigambre marxista. Sobre todo la izquierda radical, que presenta hoy una renovada preocupación por abordar la lucha de clases desde cuestiones como el cambio climático.

Esto es lo que explica que, en nuestro país, desde los círculos intelectuales cercanos a partidos como Podemos o Más Madrid se esté proponiendo la creación de nuevas entidades públicas, como supermercados, que en realidad no sería más que el primer paso antes de incrementar el dirigismo y el intervencionismo del Estado sobre la economía. Así se desprende, de hecho, de un reciente artículo publicado por el exministro de Consumo, Alberto Garzón, en eldiario.es.

Supermercados públicos

En un reciente artículo publicado en eldiario.es, titulado No basta con abaratar la comida: cómo transformar el sistema alimentario sin dejar a nadie atrás, el exministro de Consumo, Alberto Garzón, defiende la necesidad de impulsar un profundo cambio del sistema que estructura la producción y distribución de alimentos en nuestra sociedad actualmente. En este sentido, Garzón toma como excusa para abordar esta cuestión que «en pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional»: primero, el anuncio del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de la creación de cinco supermercados públicos en la ciudad; segundo, el debate en Francia —hace ya un año— de la creación de una «seguridad social de la alimentación».

Así las cosas, Garzón incide en que «esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026″. De este modo, incluye un gráfico donde se refleja la evolución del precio de los alimentos durante las últimas décadas y señala que «los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08».

Al respecto, cabe hacer dos aclaraciones. Primero: los recientes procesos inflacionarios a los que hace referencia no han sido desencadenados por ninguna guerra —la cual, en todo caso, ha podido actuar como catalizador o agravante respecto de un problema mucho más profundo que ya estaba presente—. Como vemos a continuación, en realidad los precios en la zona euro comenzaron a dispararse a comienzos de 2021, un año antes de la invasión de Rusia a Ucrania, que se produjo en febrero de 2022.

De hecho, el propio gráfico que Garzón incluye en su artículo sobre el incremento de precios de los alimentos refleja una tendencia similar. Concretamente, en dicho gráfico se muestra que el índice general de precios alimenticios alcanzó su máximo nivel en marzo de 2022 —para caer a partir del mes siguiente—, si ben es cierto (como podemos ver a continuación) que la tendencia alcista había comenzado en el verano de 2020. Del mismo modo, cabe destacar que, como se muestra en este mismo gráfico, dejando al margen algunos alimentos concretos, el índice general no ha registrado ningún incremento similar al del período 2020-2022 tras el estallido de la guerra de Irán.

Según Garzón, debemos tener en cuenta que «en el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera». Al respecto, el exministro incide en que este fenómeno «es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de neomercantilismo y proteccionismo». Por este motivo, asegura que «a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumar la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose«.

Antes de profundizar en la propuesta desarrollada por el exministro en su artículo para transformar el sistema de producción y distribución de alimentos, es necesario apuntar un factor clave que, por alguna razón, obvia en su texto: la inflación es un fenómeno monetario —se manifiesta en los precios de mercado, que son monetarios—, que puede ser impulsado por distintas causas de tipo coyuntural pero que, siempre, está relacionado con la oferta y la demanda de dinero.

No podemos olvidar que el dinero no deja de ser un bien económico más —con la única salvación de que actúa como medio generalizado de intercambio—, por lo que tiene un precio, que se determina en función de su oferta y su demanda. Por tanto, aquí reside la causa fundamental del incremento sistemático de la inflación en los últimos años, y no en shocks provocados por guerras o catástrofes. Es el resultado de años de emisión monetaria, crédito barato, tipos de interés ultrabajos —incluso negativos en algunos momentos— y la desconfianza de los inversores ante la debilidad de la moneda FIAT que emiten los Estados como consecuencia de la crisis de deuda global existente, sumado además a la incapacidad de economías como la española de reducir los precios en términos reales mediante incrementos de productividad.

Comentario aparte merece la falacia de la alarmante escasez de recursos. Lo cierto es que la escasez es relativa a la eficiencia de la utilización de estos recursos. Por ello, el desarrollo tecnológico, la innovación y la búsqueda de la rentabilidad es lo que garantiza que, en términos relativos, la cantidad disponible de recursos se incremente. Además, no podemos olvidar que este alarmismo lleva instaurado varias décadas en el imaginario del ecologismo y la izquierda radical sin que por ello se haya hecho realidad el agotamiento de estos.

Transformar el sistema

En cualquier caso, el fondo del artículo del exministro Garzón apunta a la necesidad de transformar el sistema de producción y distribución de alimentos. «A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria», sostiene, señalando adicionalmente que «ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente enfrenta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes».

En este sentido, Garzón explica que «la primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público». Al respecto, admite que «un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares». Sin embargo, señala que «la mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado«. De hecho, insiste en que «esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero«.

En realidad, esta argumentación del exministro de Consumo español no tiene nada de nuevo. No deja de ser una aplicación concreta de la perspectiva típica del marxismo, que desprecia la búsqueda de la rentabilidad y no es capaz de aceptar que la realidad no funciona según los deseos ideológicos del proyecto socialista, puesto que los individuos deben afrontar en el mundo real el problema de la escasez de recursos, lo que los sitúan en la necesidad de qué elegir proyectos acciones y desarrollar debido al costo de oportunidad implícito en cada uno de ellos. Es precisamente la división del trabajo y el intercambio, incentivados por la búsqueda del bienestar y la ganancia, sumado a la acumulación de capital, lo que ha permitido incrementar la producción de bienes y servicios históricamente.

No obstante, cabe destacar que, más allá de eso, Garzón lamenta también que «la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación». De este modo, asegura que «ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales«.

Al respecto, Garzón defiende que «esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente», puesto que, sostiene, «las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio». En consecuencia, asegura que «el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo».

Pero aquí Garzón cae nuevamente en dos errores: uno de tipo lógico y otro fáctico. En primer lugar, no tiene sentido, a priori, lamentar que una cadena de supermercados concretamente incremente su cuota de mercado . Siempre que este crecimiento sea consecuencia de su propia actividad económica, será el reflejo de que está satisfaciendo las necesidades de los consumidores en mejores condiciones que sus competidores.

No obstante, quizás lo más importante sea incidir en que los supermercados no gozan del poder de mercado que Garzón asegura que tienen. Si estas empresas obtienen grandes beneficios es gracias a la rotación de productos —básicamente, vender muchos productos en poco tiempo— y no debido a unos supuestos márgenes extraordinarios sobre el resto de la cadena de valor. En este sentido, estudio sobre la cadena de alimentación en España elaborado por Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, concluye que no existen márgenes abusivos en el conjunto de la cadena agroalimentaria.

Este informe, titulado Análisis de la cadena de valor agroalimentaria: metodología para la comparación precisa de precios origen-destino, propone una estructura de análisis basada en cuatro niveles comerciales: origen (producción primaria), transformación (manipulación o procesado), mayorista (plataformas, distribución y logística) y consumidor (venta minorista). Así, concluye que el precio final del producto incorpora la actividad de hasta 70 eslabones, lo que explica la formación del precio más allá de la simple comparación entre origen y destino.

Concretamente, el estudio explica que «los multiplicadores identificados en los cinco sectores analizados evidencian la alta eficiencia conseguida por las cadenas agroalimentarias españolas tras décadas de mejora continua, innovación tecnológica y optimización de procesos». Así, se detalla que «el sector lácteo presenta el multiplicador más bajo (2,06 veces)», seguido del avícola (2,60 veces), el sector del aceite de oliva (3,19 veces), la patata (3,06 veces) y el limón (4,57 veces). De esta forma, el estudio concluye que las diferencias de precio entre el origen y destino no son abusos, sino valores añadidos legítimos, desmintiendo la existencia de márgenes injustificados en la cadena alimentaria.

El colmo de esta argumentación radica en que, según Garzón, «la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado». Concretamente, el exministro defiende que «al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y tanto contribuir a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado». Ahora bien, lo más lógico es que suceda lo contrario: al no existir un incentivo, la acción gubernamental tiende a producir ineficiencias que afectan, precisamente, al suministro. El ejemplo más claro y extremo lo encontramos en países como Cuba, donde el socialismo ha condenado a los ciudadanos al racionamiento de los productos y las tablillas de precios .

Es interesante que Garzón admita que «un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato», para lo cual, asegura, «hay que comprar barato». Podríamos celebrar que, al menos, no ha optado por subvencionar la actividad de estos establecimiento —al menos a priori— mediante el dinero recaudado a través de los impuestos. Sin embargo, introduce un elemento adicional que lo lleva a querer poner en marcha una transformación más profunda del sistema.

«¿Y dónde se compra barato hoy?», se pregunta. «En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra», responde, señalando que «en ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz» y defendiendo que «la razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial». En este sentido, Garzón defiende que «usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación».

Comunismo disfrazado de preocupación ‘ecosocial’

Con todo, el exministro de Consumo español defiende en su artículo que «cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases», incidiendo en que «el punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, presente teniendo toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos».

Es aquí donde la palabrería y el dogmatismo ideológico convergen definitivamente. «Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua», lamenta Garzón en el texto.

De esta forma sostiene además que «por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente». Así, defiende que, por esta razón, «garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe«, por lo que va un paso más allá y sostiene que «el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo».

Ahora bien, no olvidemos que ese objetivo de poner fin al consumo de combustibles fósiles no es más que un fin puramente ideológico que desde el ecologismo radical se ha establecido como la meta a la que debe aspirar nuestra sociedad, no una necesidad real. El consumo de combustibles fósiles es lo que ha impulsado el desarrollo de nuestras sociedades y la multiplicación de la producción —lo reconoce el propio Garzón en su texto—. Además, deslizar la idea de que los países occidentales se aprovechan de otros es manipular la realidad: la importación de alimentos desde países extranjeros también permite a estas regiones comerciar y, con ello, mejorar su situación económica.

Sin embargo, pese a todo, la supuesta necesidad de «transformar el modelo productivo agroalimentario y, (…), los patrones de consumo» sirve a Garzón para presentar su segunda propuesta: la creación de una Seguridad Social Alimentaria, una política que, disfrazada de una impostada «preocupación ecosocial», no es más que una nueva versión del comunismo de siempre —tanto en su nivel como político—.

«La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos», explica Garzón, que detalla orgulloso cómo este programa «concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina». De este modo, concluye además que «si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos«.

De este modo, Garzón asegura que existe otra alternativa adicional a la reorientación de la demanda: la planificación centralizada de la producción. «En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación», defiende, detallando que «esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas«. De este modo, lejos de quedarse en una red asistencial mínima dedicada a los más necesitados, Garzón confirma que su plan es el de instaurar la planificación centralizada de la producción y, con ello, condenarnos a la escasez y la pobreza que, como vimos, se ha generado en países como Cuba.