Las normas derivan directamente de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes –como Toledo– a implementar una ZBE con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes. Pese a ello, la capital regional aún no cumple con este requisito legal.

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, explicó a ABC que el Ayuntamiento baraja la posibilidad de elaborar un nuevo texto para intentar sacar adelante la ordenanza. Como ha señalado en repetidas ocasiones, Toledo «tiene mucho en juego» con esta normativa, no sólo por las consecuencias económicas, sino porque es una obligación que emana de la Unión Europea y que todos los Estados miembros deben asumir.

Jiménez también recordó que en otras ciudades españolas los tribunales han anulado ordenanzas similares, lo que obliga ahora al Ayuntamiento de Toledo a buscar una fórmula jurídica que le permita superar posibles problemas legales y garantizar su viabilidad.

La no aprobación de la ordenanza tiene también un impacto económico directo: el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver «casi cinco millones de euros» en subvenciones ligadas a la movilidad sostenible. De esa cantidad, 3,7 millones corresponden a las cámaras instaladas para el control de accesos -a las que habría que sumar los intereses- y otros 600.000 euros a ayudas al transporte público.

El caso de Toledo no es una excepción en el panorama nacional. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), 2025 ha finalizado con 58 Zonas de Bajas Emisiones vigentes en España, 91 en trámite y unas 20 pendientes incluso de iniciar el trámite. En total, entre 149 y 153 municipios están obligados por ley a implementar una ZBE, pero sólo entre 49 y 55 la tienen operativa con restricciones reales. En términos simples: más de la mitad de las ciudades obligadas aún no han implementado completamente su zona de bajas emisiones.

Los argumentos para el rechazo

De Vox, la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, Destacó que su grupo nunca ha pactado el proyecto con el PP y que su oposición ha sido constante. En su opinión, implementar una ZBE en Toledo, «una ciudad sin problemas de contaminación», es «hipócrita». El PSOE también votó en contra. Su concejal, Paco Rueda, criticó que el PP presentara una ordenanza «sin creerlo en absoluto», únicamente para cumplir con una obligación legal, pero «sin conciencia de su necesidad ni de su utilidad». Izquierda Unida, por su parte, cuestionó que la ordenanza se limite exclusivamente al Casco y considera llamativo que el proyecto no cuente con el respaldo de un organismo regulador de la movilidad actualizado, insistiendo en que cualquier cambio importante debe abordarse desde esa regulación general.