«España puede y debe dotarse de una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de las obligaciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSC). No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo. Y ese control necesita consecuencias». Y entre estas consecuencias, ya se están preparando los preparativos para «restablecer un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa». Así lo anunció ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aprovechó la inauguración del evento ‘Una nueva Agenda de Responsabilidad Social Empresarial’, para apoyarse en el informe ‘Cien medidas para un nuevo impulso a la Responsabilidad Social Empresarial’ y anunciar esta nueva amenaza a las empresas, de las que advirtió que «sin sanciones creíbles, la responsabilidad empresarial sigue siendo voluntaria».

El informe, elaborado por la Comisión de expertos en RSE elegida por el Ministerio de Trabajo, abre la puerta a que se presenten quejas y demandas a las empresas con el objetivo de «proteger los derechos sociolaborales y medioambientales en el seno de las mismas», según Trabajo. «Este informe desmonta ese argumento con la evidencia de que la competitividad de Europa debe construirse sobre la innovación y la justicia social, no sobre la carrera hacia el fondo. España puede y debe dotarse de una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de estas obligaciones. No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo. Y ese control necesita consecuencias. Este informe propone restablecer un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa», avanzó Díaz.

La Comisión, en el documento, ha buscado contextualizar la situación de España en relación con las prácticas existentes, revisar estrategias y planes de acción, así como formular propuestas de mejora que incluyan indicadores de evaluación y recomendaciones para su efectiva aplicación. Según informa Europa Press, Díaz ha calificado el texto, presentado por el presidente de la Comisión de Expertos, Jesús Cruz, de «riguroso, valiente y oportuno». En su intervención, la ministra también recordó que la RSC es una estrategia del Ministerio y recordó que hace un mes el Consejo Estatal de RSC (CERSE) reactivó, después de casi una década, un nuevo órgano de control empresarial.

«Lo que defiende este informe -que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables respecto de su impacto sobre los derechos humanos, el trabajo digno y el medio ambiente- es exactamente lo que la Comisión Europea ha decidido cuestionar recientemente: lo han llamado simplificación cuando es, claramente, impunidad y lo justifican en favor de la competitividad», añadió.

La presentación contó también con un panel de entidades y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el fomento de la RSC y con postulados cercanos a la izquierda, como Amnistía Internacional España, la Plataforma de Empresas Responsables y Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Action Aid, Intermón Oxfam y Greenpeace España, que ven en este régimen sancionador una forma de «visibilidad de las múltiples y gravísimas infracciones cometidas por las grandes empresas españolas en este ámbito».

En un segundo panel participaron los interlocutores sociales (CEOE, Cepyme, CC OO y UGT), que debatieron cuál es la responsabilidad de las empresas y en qué se centran sus propuestas para mejorar la calidad y el compromiso con la RSC. Los empresarios abogaron por el respeto a la RSE, pero aumentando una carga para las empresas que ya es desproporcionada, mientras que los sindicatos se mantuvieron en la línea de lo presentado por Díaz.