Tragedias en la ruta atlántica, un pulso político y la sombra de los límites fronterizos
Canarias cierra 2025 marcado por una crisis migratoria sin tregua, con tragedias constantes y un creciente conflicto político sobre la gestión de los menores. La ruta atlántica -la más mortal del mundo- siguió cobrándose vidas. Apenas unos días después de comenzar el año, 50 personas murieron en aguas marroquíes a bordo de un cayuco cuyo rescate por parte de Rabat se demoró seis días. Las muertes no cesaron y en febrero fue localizado en el Caribe un cayuco con 19 fallecidos.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>Lejos de poner fin a la sucesión de tragedias, en agosto se produjo la que hasta ahora ha sido la mayor catástrofe migratoria en la ruta atlántica: 143 personas murieron en su intento de llegar a Canarias a bordo de una patera que había partido desde Mauritania. El drama también golpeó a los más vulnerables, incluso cuando ya se encontraban a punto de alcanzar su destino. Tres niñas y cuatro mujeres murieron tras volcar un cayuco frente a El Hierro.
[–> [–>[–>El pulso político por la gestión migratoria
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La agenda política también estuvo marcada por la migración. Canarias recibe solo 8 de cada 100 euros procedentes de la Unión Europea para atender a 73 de cada 100 migrantes que llegan a España. Una situación que levantó ampollas en el Ejecutivo regional. El presidente Fernando Clavijo y el Partido Popular canario criticaron el reparto que realiza Madrid de estos fondos. Aunque el PP endureció su discurso en materia migratoria -algo que encendió las alarmas en Coalición Canaria, que siempre ha defendido la reubicación de los menores-, el acuerdo entre ambas formaciones logró sobrevivir. Lo hizo incluso después de que echara a andar -no sin dificultades-, el reparto de chicos no acompañados avalado por real decreto.
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Mientras el Ejecutivo presidido por Clavijo acusó en numerosas ocasiones al Estado de incumplir con Canarias, desde el Gobierno central se señaló a las comunidades del PP por su resistencia a acoger a los chicos. Una batalla política de alto nivel en la que intervino el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal obligó al Estado a asumir la atención de más de un millar de menores solicitantes de asilo. Aquel auto no fue el último. Le siguieron otros tres, a modo de reproche al Estado por el trato dispensado a los niños.
[–>[–>[–>ONG, detenciones y cambio de tendencia
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La tensión entre administraciones se enmarcó además en un contexto delicado para las Islas. Nueve trabajadores de un centro gestionado por Quorum 77 -una de las ONG que más fondos para la atención de menores recibe- fueron detenidos. Tras un periodo de cifras récord -con un aumento del 17,2% de llegadas en 2024 y después de que las grabaciones del caso Koldo revelasen que Marruecos impulsó la oleada migratoria en plena pandemia-, 2025 registró un descenso sin precedentes. Las administraciones lo atribuyen a la cooperación con países de origen como Mauritania, mientras que organizaciones internacionales acusan a España de aplicar una política de externalización de fronteras marcada por presuntos abusos, incluida la apertura de centros de detención para migrantes en territorio mauritano.
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