cinco años despuésTres ex altos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, van a declarar por primera vez como investigados por la Fiscalía caso de residencias durante la pandemia, para aquellos’‘protocolos de vergüenza’ que discriminaba a los pacientes más graves e impedía su traslado a hospitales. Los familiares quieren que se determine quién fue el responsable y que se pague por ello.

Tras dos intentos fallidos, en unas horas declararán por primera vez como imputados bajo los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, Carlos Murel encargado de firmarlos -como él mismo reconoció-; Javier Martínez Peromingoel presunto creador y responsable de las ambulancias durante la pandemia, pablo buscar.

Entre este martes y miércoles estos tres exfuncionarios de Ayuso declararán en dos juzgados distintos por el muerte de dos personas en residencias en Valdebernardo y Torrelodones.

Después de más de cinco años de lucha judiciallos familiares de los más de 7.200 personas muertas en las residencias se quejan del trato recibido. Ramona Carvajal, de la Asociación Verdad y Justicia, ha denunciado que «es un baile que nadie parece querer abrir». «Tenemos todas las pruebas, pero lo que necesitamos es un juez que investigue esto», afirmó.

Están a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid decida qué tribunal es competente. Ya se han presentado varios casos y, si se combinan todas las denuncias, podría ser el última oportunidad para obtener justicia antes de que prescriba.

Una decisión política con consecuencias

La investigación se centra en una decisión administrativa que marcó el rumbo de la gestión: la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, resolvió que la coordinación de las residencias pasaría del Ministerio de Políticas Sociales -entonces dirigido por Alberto Reyero, de Ciudadanos- al Ministerio de Sanidad, encabezado por Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular.

Fue esta última área la que emitió cuatro versiones de protocolo que, según consta en documentos oficiales, desaconsejaba o directamente prohibía la derivación hospitalaria de personas mayores con discapacidad, demencia o alto nivel de dependencia.

Aunque la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones que los ‘protocolos de la vergüenza’ eran «borradores enviados por error«, lo cierto es que fueron firmados por funcionarios públicos y fueron aplicados en numerosos centros, según atestiguan trabajadores y familiares de vecinos. Uno de los investigados ha reconocido su participación en su redacción, y otro se encargó de definir su contenido técnico para que los profesionales pudieran aplicarlos.

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