Las cifras oficiales reflejan una tendencia a la baja en los divorcios en España. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial y del INE, las rupturas matrimoniales han disminuido aproximadamente un uno 6% el año pasado disponible. Pero detrás de este aparente retorno a la estabilidad familiar se esconde una realidad mucho menos romántica: muchas parejas no se separan porque no pueden permitírselo.

“La gente se separa menos porque No puedo permitirme dos casas«, resumen María López Santana.Abogado y secretario de la Federación Española para la Defensa de las Personas Mayores. Según su experiencia profesional, estima que una de cada cinco parejas mantiene convivencia después de la ruptura por pura necesidad económica. “No hay viviendas disponibles y las pocas que existen están a precios inasequibles: 900 o 1.000 euros para un apartamento de dos habitaciones”, explica.

Lucía es uno de esos casos que no aparece en las estadísticas. Decidió separarse de su pareja en junio, pero seis meses después Todavía viven bajo el mismo techo. en Vigo. No por elección, sino porque no hay alternativa. «Con un salario de poco más de 1.200 euros y dos hijos pequeños No puedo pagar un nuevo alquiler«, dice. Los depósitos, con dos o tres meses de antelación, son un muro infranqueable. «Entrar en un apartamento es tener 3.000€. “No los tengo”.

La casa en la que residen es una excepción en el mercado actual: un alquiler antiguo de 360 ​​euros al mes. «Ya no existe. es un unicornio«, dijo Lucía. Ninguno de los dos puede irse sin sufrir un shock económico imposible, y eso también significaría mudar a los niños. Tienen un hijo de cinco años y un bebé de once meses.»No es recoger e irse. «Los niños deben comer, vestirse y tener un lugar digno donde vivir».

La convivencia forzada tras una ruptura tiene un alto coste emocional. «Depende del motivo de la separación, pero cuando es difícil, la convivencia se vuelve muy complicada«, explica. Especialmente para los niños. «El mayor lo sabe. “Se dan cuenta de las tensiones, incluso si intentas fingir normalidad”.

Desde los despachos de abogados, esta situación se ha vuelto normal. «Cada mes nos ocupamos de nuevos casos. Padres y madres que siguen viviendo juntos porque no pueden independizarse», explica López Santana. A esto se suma un cambio profundo en el modelo familiar. «Ahora la gente se separa a los 40 o 45 años, cuando ya hay hijos y gastos estructurales. Pero la ayuda pública sigue destinada a menores de 35 años«.

Las políticas de vivienda, denuncia el abogado, no responden a esta nueva realidad. “De nada sirve una ayuda al alquiler de 200 o 250 euros cuando los precios no bajan de 900. Y promover la vivienda en zonas rurales no es una solución si se trabaja en la ciudad. » El problema, insiste, no es la falta de viviendas, sino su uso. «Gran parte del parque disponible se destina al turismo vacacional porque es más rentable. La vivienda se ha convertido en un negocio».

Lucía es clara cuando le preguntan qué pediría a las administraciones: “Que asuman los depósitos o los eliminen en caso de separación de menores. Que existan alquileres adaptados a estas situaciones. » Porque mientras el proceso judicial avanza lentamente, ella sigue compartiendo casa con la persona de la que desea separarse.

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