La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este viernes al coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión como responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles. presentados como bajas guerrilleras en combate, conocidos como ‘falsos positivos’.

Esta es la primera vez que la JEP impone una sentencia de este tipo a un comandante del Ejército. La sentencia de 1.149 páginas se dictó porque Mejía no aceptó responsabilidad por los crímenes cometidos cuando comandaba el Batallón de Artillería La Popa, lo que llevó al tribunal a someterlo a un juicio ordinario, en lugar de las sanciones alternativas previstas para quienes reconozcan los hechos.

En el fallo, la Sección de Primera Instancia para casos de Falta de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señala que resolvió “condenar al Coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la pena ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de libertad”.

Mejía era comandante del citado batallón de artillería, con sede en Valledupar, capital del departamento del Cesar, varios de cuyos exintegrantes están involucrados en asesinatos de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios y premios de sus superiores, política conocida como ‘falsos positivos’.

La JEP giró orden de aprehensión contra el exmilitar y le negó beneficios como «arresto domiciliario o cualquier sanción alternativa», además de prohibirle salir del país sin autorización judicial.

Según el fallo, Mejía fue declarado responsable de asesinar y desaparecer a civiles entre 2002 y 2005 en los departamentos caribeños de Cesar y La Guajira.

Los ‘falsos positivos’, uno de los episodios más graves del conflicto armado y considerado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, Dejaron al menos 6.402 personas asesinadas, según registros de la JEP.

El tribunal responsabilizó a Mejía de decenas de homicidios y desapariciones forzadas, crímenes que formaron parte de una alianza entre unidades militares bajo su mando y grupos paramilitares, así como ejecuciones de personas en situación de vulnerabilidad.

Un juicio inédito en la JEP

El proceso contra Mejía fue el primer juicio contradictorio abierto por la JEP contra un miembro de la fuerza pública que se negó a aceptar los cargos formulados por este tribunal.

A diferencia de otros exmilitares que en el mismo caso aceptaron su responsabilidad y recibieron sanciones restitutivas, es decir, sin prisión, el coronel retirado se negó a hacerlo, lo que lo expuso a la pena máxima de hasta 20 años de prisión.

El juicio se inició en septiembre de 2024 en Valledupar, bajo el liderazgo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), órgano de la JEP que actúa como fiscalía y que desde un inicio pidió la pena máxima.

Según la acusación, Mejía ideó y ejecutó un plan criminal para asesinar a civiles y presentarlos como bajas en combate, con el objetivo de inflar los resultados operacionales y proyectar una imagen de eficacia militar.

Entre las víctimas se encontraban agricultores, personas en situación de vulnerabilidad, menores de edad y miembros del pueblo indígena Kankuamo.

Durante el juicio, Mejía, uno de los militares más condecorados del país, negó responsabilidad y afirmó que era un «soldado de honor», postura que fue rechazada por la UIA y organizaciones de víctimas.