El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a su receta favorita para tapar el estrepitoso fracaso de sus políticas de vivienda: más gasto público y más asfixia del mercado. Con el anuncio de una inversión de 7.000 millones de euros en vivienda protegida y, sobre todo, la prohibición permanente de inhabilitar VPO para su venta en el mercado libre, Moncloa culmina un ataque frontal contra el ahorro familiar y la libertad individual bajo la apariencia de derechos sociales.

Esta medida estrella, que pretende evitar que una vivienda protegida llegue a venderse alguna vez a precio de mercado, es, en la práctica, una expropiación diferida de bienes ciudadanos. Durante décadas, el modelo de VPO en España permitió a miles de familias acceder a inmuebles que, con el tiempo, se integraron legítimamente en sus ahorros y patrimonio.

Al prohibir «para siempre» la libre venta, el intervencionismo gubernamental convierte al propietario en un simple inquilino supervisado por la administración. Se elimina de un plumazo el incentivo al ahorro y se castiga a las clases media y trabajadora impidiéndoles beneficiarse de la revalorización de su principal activo. Es la mentalidad colectivista más rancia: el Estado concede permiso para vivir, pero nunca permite que el individuo sea verdaderamente dueño de su destino económico.

En cuanto a la lluvia prometida de 7 mil millones de euros, la historia económica nos enseña una lección de sano escepticismo. El Estado ha demostrado sistemáticamente ser el constructor más lento, ineficiente y caro posible. Mientras el Ejecutivo anuncia cifras astronómicas, mantiene bloqueadas las reformas de las leyes de suelo que permitirían a la iniciativa privada –infinitamente más ágil y eficaz– incrementar la oferta de forma natural. En un contexto de presión fiscal asfixiante y déficit desbocado, prometer tal desembolso es seguir alimentando un leviatán burocrático que ignora que la crisis inmobiliaria no se puede solucionar con planes quinquenales, sino con libertad.

Desde la perspectiva del libre mercado, la raíz del problema es la escasez de oferta provocada por la inseguridad jurídica, los «disturbios» y una Ley de Vivienda que ha conseguido el hito de reducir el stock de alquiler mientras los precios se disparan. El intervencionismo sólo genera escasez y miseria. Si realmente el Gobierno quisiera abaratar la vivienda dejaría de poner un freno a las obras de los promotores y de tratar el patrimonio de los españoles como si fuera propiedad del Consejo de Ministros. Estamos ante un nuevo ejercicio de propaganda estatista: bajo la retórica de la “función social”, se construye un país de ciudadanos dependientes, sin capacidad de capitalización y a merced de una burocracia que ha decidido que su casa, en el fondo, siga siendo la suya.