Un informe interno del Servicio de Gestión de Activos local alertó al Ayuntamiento de Alicante sobre posibles «conflictos de intereses» en la asignación de vivienda pública (VPP) en Playa de San Juan respecto de empleados y funcionarios municipales que podrían haber participado en el expediente.

Así se desprende de la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investigue si el procedimiento de adjudicación ha constituido un delito penal y, en caso afirmativo, se despejan las responsabilidades.

Fue el pasado 27 de enero cuando se recibió este informe sin firmar en el correo electrónico de la Secretaría del Ayuntamiento. Dos días después, el 29 de enero, llega con firma electrónica.

El documento informa que, una vez finalizada la construcción de las viviendas de La Condomina Les Naus, en la cotizada Playa de San Juan de Alicante, y el expediente estuvo muy cerca de cerrarse, la cooperativa lo remitió al Consistorio una lista de las propiedades VPP entregadas junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios y la acreditación de que cada uno cumplió con los requisitos legales.

Al estudiar el documento, el Servicio de Gestión de Patrimonios municipal confirmó que entre los adjudicatarios se encontraban algunas personas que mantenían relaciones familiares u otros vínculos con empleados o funcionarios del Ayuntamiento que pudieron participar en las fases pertinentes del expediente.

Y aunque todos ellos cumplir con los requisitos requeridos Debido a la normativa, esta concurrencia de vínculos personales «levantó señales de alerta de posible conflicto de intereses y posibles incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo», según la denuncia.

Deber legal de abstenerse

De esta manera se elaboró ​​un informe que señaló estos posibles conflictos de intereses señalando el deber legal de abstención en casos de interés personal en un asunto de la competencia de empleados o funcionarios públicos.

Además, se advirtió del posible incumplimiento de las condiciones de acceso por la mera condición, nivel y categoría laboral de los adquirentes, lo que haría previsiblemente imposible el cumplimiento de los requisitos de Capacidad económica necesaria para la vivienda social.

El informe recogía que, al menos, un arquitecto municipal adjudicatario del contrato «participó activamente» en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa «sin manifestar que había manifestado su interés personal o se había abstenido, infringiendo supuestamente» la normativa de la Ley 40/2015.

Por todas estas razones, el Servicio de Gestión de Activos concluyó que podrían surgir responsabilidades a las personas implicadas mientras que podría «afectar a la imagen» del ayuntamiento.

A la vista del contenido del informe, el alcalde, Luis Barcala, del PP, solicitó el 29 de enero un expediente de investigación que concluía que había tres casos concretos de personas directamente relacionadas con el Ayuntamiento como contratistas: la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que ya ha dimitido; la directora general María Pérez-Hickman, también renunció porque sus dos hijos y un sobrino eran beneficiarios; y un arquitecto municipal, Francisco Nieto.

Incógnitas no aclaradas

Si bien el expediente de determinación de hechos establece que Ninguno de los tres intervino. En los actos nucleares del expediente (ni en la mesa de contratación ni en las resoluciones de adjudicación o licencias), el Ayuntamiento cree que durante la investigación interna persisten «incógnitas y aspectos fácticos no aclarados».

«Existe la preocupación por la posibilidad de que se hayan producido intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente» que «pudieran haber favorecido directa o indirectamente la adjudicación de las viviendas a él o a sus allegados», sin descartar que se hubieran aprovechado «de la posición o información privilegiada de los empleados municipales vinculados» a su cargo.

Por ello, el Ayuntamiento pone en conocimiento de la Fiscalía los hechos con el objetivo de que, «sin señalar a priori culpables concretos»Se evalúa la posible relevancia criminal.

*Seguir laSexta en Google. Todas las novedades y el mejor contenido aquí.