Un juez vuelve a dar vigencia al plan de Trump de incentivar la dimisión de funcionarios
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Una de las decenas de decisiones controvertidas de Trump –incentivar la dimisión de los funcionarios tiene aval judicial. Aunque, inicialmente, la medida fue fue paralizada cautelarmente por orden del juez de Massachusetts George O’Toole la semana pasada, ahora el mismo magistrado ha vuelto a restablecer su vigencia con el argumento de que los sindicatos carecen de capacidad legal para impugnarla y su tribunal carece de jurisdicción para pronunciarse.
El pasado 28 de enero, los funcionarios de la Administración pública estadounidense recibieron un correo electrónico que, bajo el epígrafe de ‘Encrucijada’, les comunicaba el ofrecimiento de ocho meses de salario a cambio de renunciar o «arriesgarse a ser despedidos» en el futuro. El objetivo -añadía la comunicación- era recortar el gasto público. Los datos que ha hecho públicos la Casa Blanca reflejan que más de 65.000 funcionarios han firmado la oferta de dimisión.
La federación estadounidense de funcionarios (AFGE), que representa a 800.000 trabajadores y forma parte de los sindicatos que presentaron la demanda, calificó la sentencia de «revés». «Pero no es el final de esa lucha», declaró el presidente nacional de la AFGE, Everett Kelley, en un comunicado donde hace hincapié en que el fallo «no abordó la legalidad subyacente del programa».
«Es ilegal»
«Seguimos sosteniendo que es ilegal obligar a los ciudadanos estadounidenses que han dedicado sus carreras al servicio público a tomar una decisión, en unos pocos días, sin la información adecuada», recalcó Kelley.
En sus primeras semanas en el cargo, el presidente Donald Trump ha emitido una serie de decretos para reducir el gasto federal. Ha puesto al frente de un organismo creado para tal efecto al director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk. Ya con la orden ejecutiva en la mano, el multimillonario se ha puesto manos a la obra para adelgazar la Administración en una drástica gestión que sectores críticos califican de «autogolpe de Estado».
Los planes de Trump, incluido el cierre de varias agencias federales y el envío del personal a casa, han desatado batallas legales en todo el país.
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