Un peligroso narco protagoniza una fuga de película de la principal cárcel de Ecuador disfrazado de militar
La fuga carcelaria se ha convertido en uno de los temas recurrentes del cine. La gran evasión, de John Sturges; El expreso de medianoche, de Alan Parker; Plan de escape, de Mikael Håfström, e incluso la distópica THX 1138, del joven George Lucas, suelen aparecer, junto con la gran huida de la prisión de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood, en 1979, entre los títulos más recomendados. Las peripecias del narcotraficante ecuatoriano Federico Gómez Quintín, alias Fede, bien valdrían una película si no se tratara de un grave problema de seguridad para el presidente Daniel Noboa, al punto de dejarlo en ridículo. Fede cumplía su condena por asesinato, robo y tenencia ilegal de armas en la Penitenciaria del Litoral, uno de los penales más violentos de un país donde solo entre 2018 y 2022 perdieron la vida 591 reclusos. Quintín abandonó plácidamente la prisión el pasado viernes. Lo hizo vestido de militar y a plena luz del día. El escándalo estalló hace una horas, con Noboa de viaje oficial a China. La cinematográfica fuga, dijo el mandatario, «no fue un descuido, fue complicidad». La pirotecnia retórica del hijo de la mayor fortuna ecuatoriana, reelegido meses atrás, volvió a ser refutada por la realidad. Sus cantos de victoria contra las bandas de delincuentes debieron ponerse otra vez en modo pausa.
A comienzos de su primer mandato, en enero de 2024, Adolfo Macías, alias Fito, el líder de Los Choneros, se escapó de la misma unidad penitenciaria de Guayaquil donde estaba alojado Fede, quien lidera Las Águilas, un grupo que se desprendió de la otra banda. Al esfumarse Fito, en una acción también de ribetes rocamboescos, porque había ido al médico y regresó otra persona en su nombre, Noboa quiso enviar una señal enérgica a la sociedad y declaró el «estado de conflicto interno» que ha militarizado la vida cotidiana. La presencia castrense en las calles no ha frenado la ola de muerte. Solo en el primer trimestre se computaron 2.361 asesinatos. Frente al nuevo escándalo, el presidente pidió que se arreste a todo el personal carcelario «que se sospecha estuvo involucrado, mientras la Fiscalía determina responsabilidades». Han sido detenidas 22 personas.
Historia repetida
Más de 3.000 uniformados han participado en la búsqueda de Fito que, convertido en fantasma, mantiene más que viva la actividad de Los Choneros, principales aliados en Ecuador del Cartel de Sinaloa. Los especialistas en asuntos de seguridad temen que puede suceder lo mismo con Fede. Su cabeza tiene el precio de un millón de dólares.
«Aquí hubo traición», sostuvo el ministro del Interior, John Reimberg, y admitió que pese a la vigencia del «estado de conflicto interno» el sistema carcelario del país no está en condiciones para enfrentar el nivel de criminalidad actual. «Es un modelo antiguo». Pero sobre todo, corrupto. El propio Reimberg reconoció que pese a la vigilancia, los teléfonos móviles y otros dispositivos prohibidos entran en las prisiones con la liviandad de un pan. «¿Sabe cuánto cuesta el ingreso? Entre 9.000 y 10.000 dólares». Un mensaje de Whatsapp se cotiza en 1.000 dólares. «Esta es la economía criminal». Todo parece estar tarifado, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre cuánto pagó Fede para traspasar la puerta del penal como si saliera de una iglesia: un millón de dólares. Los medios de prensa ecuatorianos consideran verosímil esa cifra. Reimerg la ha negado sin mayores explicaciones convincentes.
El arte de la fuga
Desde enero de 2024, la fuerza pública ha llevado a cabo medio millón de operativos con más de 6.000 detenidos que, en su mayoría fueron dejados en libertad. Y los que terminaron en una unidad penitenciaria pudieron comprobar hasta qué punto es una realidad paralela. Solo ese año, y siguiendo el ejemplo de Fito, se fugaron de los penales 80 reclusos. Si se toma el período 2021-2024, la cantidad de presos que dijieron adiós a los muros, las celdas y requisas, asciende a 500, de acuerdo con el propio Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), lo que equivale al escape de un preso por día y tres por semana a pesar de la vigencia del estado de excepción.
La politóloga Katherine Herrera Aguilar, especialista en temas de seguridad y defensa nacional, sostiene que en Ecuador el Estado ha sido «capturado». Señala al respecto que cuando las instituciones públicas dejan de cumplir su función y comienzan a estar en función de intereses delictivos, «la frontera entre legalidad e ilegalidad se disuelve, y en Ecuador ya cruzamos esa frontera». Según Herrera, en ese país no existe un Estado débil sino uno fuerte, pero para acuar con el crimen organizado. Los criminales no cumplen sus condenas y los funcionarios son coptados.
En marzo pasado, Noboa dijo que había establecido una «alianza estratégica» con Erik Prince, el fundador de Blackwater, una compañía provedora de mercenarios, para enfrentar el desafío del narcotráfico. El presidente quiere a su vez crear las condiciones para el retorno de una base militar nortramericana que contribuya al mismo combate. Para Herrera, la decisión de «externalizar capacidades» no reconstruye la gobernabilidad del país ni sustituye las capacidades estatales deterioradas. Tampoco resolverá el drama de la violencia cotidiana, con su secuela incesante de asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores por parte de las bandas, e impunidad. Nadie puede garantizar que un episodio como el que permitió a Fede irse de la cárcel disfrazado de autoridad castrense vuelva a repetirse.
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