Año nuevo, comisión nueva. El Senado iniciará otra investigación parlamentaria, paralela a la del ‘caso Koldo’, que se ha convertido en un cajón de sastre donde caben todos los escándalos judiciales que azotan al PSOE, al Gobierno y a la comitiva de Pedro Sánchez. Todos, salvo los rescates de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, convertida por el «sanchismo» en una «caja negra al servicio de la corrupción».

Así lo destacó este lunes el portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en una rueda de prensa que comenzó con un recordatorio: «Nunca en democracia un presidente del Gobierno ha estado tan rodeado de corrupción, acusaciones y escándalos judiciales» como el actual. «Su entorno familiar más cercano acusado y procesado, su partido investigado por financiación ilegal; su número dos va a prisión por comisiones y sobornos, su círculo más cercano acusado de corrupción, abuso de poder y acoso sexual».

Haciendo valer el peso de su mayoría absoluta, el PP abre una segunda línea de investigación en el Senado centrada únicamente en los rescates públicos. Un puente que lleva a Venezuela. «El dinero de todos los españoles», dijo hoy García, «Podría haberse utilizado para pagar favores a dictaduras como la de Maduro con rescates a empresas como Plus Ultra». Aerolínea venezolana cuyo director Julio Martínez fue detenido hace semanas.

El PP destaca que la SEPI -su anterior presidente, Vicente Fernándezestá acusado de manipulación de contratos: «no es una empresa cualquiera». Se trata de un «instrumento estratégico del Estado» que gestiona empresas clave en «energía, defensa, transportes, telecomunicaciones y administra miles de millones de euros de dinero público». A través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en la pandemia para salvar empresas viables, se han concedido más de 2.691 millones a 28 empresas.

Una cantidad en la que el PP ve la «gravedad» del caso porque, de esa cantidad, «más de un tercio» -es decir, casi 1.000 millones de euros- «está bajo investigación judicial». En referencia a rescates como el de Air Europa, con 475 millones; Ávoris, con 320 millones; Tubos Reunidos, con 112 millones; y Plus Ultra, con 53 millones. «Empresas rescatadas con dinero de todos los españoles y hoy bajo sospecha judicial».

Además, ha subrayado García en su intervención, «la gestión de la SEPI ha provocado un deterioro histórico del grupo público», con pérdidas económicas que «se han duplicado desde la llegada de Sánchez» al poder. Cuestión aparte es que se ha convertido en “una agencia de colocación del PSOE”. Por ejemplo, el currículum de personas como Leire Díezsupuesto fontanero del partido, en empresas como Correos o Enusa.

Lo bueno, sin embargo, es que la SEPI está hoy «en el centro de un complot corrupto bajo investigación judicial». Una trama que, ha informado el portavoz popular, «afecta a contratos y ayudas públicas, y que gira en torno a altos cargos y personas vinculadas al PSOE». Actualmente un juez «investiga prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y organización criminal».

En el blanco: María Jesús Montero, titular del ente público. «Ha convertido a la SEPI en un pozo sin fondo de despilfarro y corrupción». Y los hechos, añadió Alicia García, son los siguientes: «Puso al frente de la SEPI a Vicente Fernández, ahora imputado e incluso detenido. Lo reubicaron en la empresa de Cerdán, Servinabar. Se concedieron rescates millonarios a empresas como Air Europa o Plus Ultra».

Por lo tanto, y tras los allanamientos realizados por la UCO en sedes de ministerios, organismos públicos y empresas estatales por orden judicial; El PP da un paso más y el 15 de enero forzará un pleno monográfico para las comparecencias de dos vicepresidentes: el primero, María Jesús Montero.y el segundo, Sara Aagesen.

El portavoz popular ha definido a Montero como «el perejil de todas las salsas de corrupción del PSOE». Y ha enumerado: «El asesor de ERE, el jefe de Cerdán, el jefe de Ábalos, el amigo de Paco Salazar, y el responsable de la caja negra de la SEPI». Sobre Aagesen, ha señalado su implicación «por participar en adjudicaciones sospechosas», caso de la trama de hidrocarburos «que podría beneficiar a la dictadura de Maduro».

En relación al tema global de Maduro y su captura por parte de Estados Unidos, García no ha perdido la oportunidad de cargar contra el Gobierno de Sánchez. «Nunca calificó de dictadura al régimen del narcodictador Maduro, abrió España al vicepresidente de Maduro cuando Europa lo prohibía y protegió a Maduro siguiendo las consignas políticas de Zapatero.» Ahora, con la condena de Sánchez a la intervención militar de Donald Trump, el PP continúa: «Esta complicidad no es casual. Estás con la democracia o con la dictadura, no hay término medio».