Una Colombia polarizada acude a las urnas para decidir entre profundizar la experiencia de izquierdas o un cambio radical
Más de 41,4 millones de colombianos tienen este domingo la oportunidad de decidir quién será el nuevo presidente a partir de agosto y hasta 2030. Las elecciones no podían sustraerse de una lógica de la polarización que ha marcado a estos años. De ahí que la contienda se haya convertido en una controversia sobre la era de Gustavo Petro que incidirá en el resultado de esta primera vuelta electoral. Su popularidad es del 49%. Las encuestas previas al cierre de campaña auguran una segunda instancia electoral el 21 de junio entre Iván Cepeda, el candidato que reivindica la obra del primer Gobierno de izquierdas en la historia colombiana, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. El abanderado del Pacto Histórico tendría una intención de voto que oscila entre el 37% y 44%. Cepeda debería alcanzar el 50% de los sufragios para imponerse este domingo. Los analistas creen que eso sería una hazaña política fuera de los cálculos de todas las consultoras. De la Espriella se ha consolidado como su rival, pero Paloma Valencia, la representante de la derecha tradicional que encarna desde comienzos de siglo el expresidente Álvaro Uribe, también se aferra a la posibilidad milagrosa de desplazarlo y reunir detrás suyo a todo el espectro conservador.
[–>[–>[–>El fuerte antagonismo entre la izquierda y las distintas formas de derecha ha restado competitividad a los otros ocho participantes de los comicios. «Las encuestas también reflejan el debilitamiento del centro político. Candidaturas como las de Claudia López y Sergio Fajardo no superan el 4% en las mediciones», señaló la revista Cambio. Esa línea divisoria también ha generado otros reagrupamientos. Según el analista León Valencia, «el miedo que produjo el ascenso en las encuestas de la nueva derecha, liderada por Abelardo de la Espriella, con ese acento populista y radical, empujaron el agrupamiento de toda la izquierda». La pregunta que se responderá con el correr de las semanas tiene que ver, en caso de segunda vuelta, con las probabilidades de Cepeda de reunir más adhesiones que la confluencia de las expresiones derechistas. Necesitaría inexorablemente tender una mano a los partidos de centro que fueron devorados por la polarización.
[–> [–>[–>Trasfondo violento
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No todo el país palpita el rito institucional de la misma manera. La abundancia de palabras encendidas y la exaltación de la «mano dura» tienen otro trasfondo inquietante que también podría dejar su marca en esta contienda donde la violencia es mucho más que un recurso verbal, especialmente lejos de los grandes distritos urbanos. Según la Misión de Observación Electoral, al menos 386 municipios enfrentan la presión de grupos armados, especialmente en el Cauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y en el Valle del Cauca. Allí, la población es objeto de amenazas, restricciones de movilidad y «presiones directas sobre sus preferencias políticas». En tanto, un grupo de varias oenegés agrupadas en el Espacio de Cooperación para la Paz (ECP), emitió días atrás una alerta contundente sobre los peligros que rondan a la competencia en las urnas. «Existe una escalada de violencia y control social que implica coerción en el ejercicio de la democracia electoral”.
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Colombia ha llegado a estos comicios bajo el impacto duradero del asesinato de un precandidato presidencial de la derecha, Miguel Uribe Turbay, de 39 años. Si bien el atentado tuvo lugar en junio de 2025 y el deceso ocurrió dos meses después, extendió un manto de zozobra en una sociedad que ha experimentado en el pasado reciente episodios luctuosos en serie. El acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, en 2016, puso fin a un conflicto armado de medio siglo, pero estuvo lejos de apaciguar el lenguaje de las armas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada por el mismo pacto suscrito en La Habana ha registrado que 460 exguerrilleros fueron asesinados hasta mediados de 2025. En lo que va de 2026, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha computado el asesinato de 55 líderes sociales y defensores de derechos humanos, un crimen cada 48 horas. Durante el año pasado se llegó a 187 hechos de la misma naturaleza letal.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>Petro intentó alcanzar la «Paz Total» con todos los protagonistas de la violencia, las remanencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares y narcotraficantes. Todas estas formaciones a veces se yuxtaponen y no se sabe quién es quién, en especial cuando está en juego el negocio de la droga y el control de territorios. Los esfuerzos del Gobierno por detener la ola de sangre no estuvieron a la altura de las expectativas si se tiene en cuenta que el Clan del Golfo, el grupo narco más grande de ese país, tenía 4.000 integrantes en 2022, al asumir Petro, y en el presente se calcula que son al menos 10.000 a pesar de los golpes que recibió de parte del Estado.
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La tasa de homicidios se situó entre 25,6 y 25,8 por cada 100.000 habitantes en 2025, según la Policía Nacional. Esa cifra supuso un leve incremento de un punto respecto de 2024. El Centro de Estudios para el análisis de conflictos (CERAC) estima que el 70% de los homicidios se producen por enfrentamientos entre criminales. Lo más grave es que la extorsión se quintuplicó y el secuestro se triplicó. Todos estos hechos constituyen el caldo de cultivo de la plataforma programática de las candidaturas de derecha. Tanto De la Espriella como Valencia consideran imperativo cambiar por completo la actual política de seguridad de Petro y lanzarse a una ofensiva sin contemplaciones contra toda forma de delincuencia. El modelo salvadoreño de Nayib Bukele flota en el aire de sus propuestas.
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[–>Denuncias de fraude
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Los colombianos votan sin que se haya despejado por completo otro fantasma, agitado por el propio Gobierno: el de posibles irregularidades. El Pacto Histórico ha alertado acerca de las garantías del software de escrutinio y ha apuntado contra las empresas privadas Thomas Greg, ASD, Indra y JAHV McGregor, señaladas en el pasado por fallos en la trazabilidad de los votos y errores que modificaron resultados. El propio Petro llamó la atención sobre esos eventuales riesgos y llegó a hablar de un «fraude grande«.
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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes un informe detallado sobre esas denuncias, pero para acusar al presidente de participación indebida en política en medio de la contienda. La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de la identidad de los ciudadanos y la organización de las elecciones, rechazó en las vísperas de la contienda cualquier anomalía. «Hay que aceptar los resultados», pidió el registrador Hernán Penagos. «La democracia no puede costarle a Colombia muertes y destrucción».
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