Un concejal socialista ha acusado este jueves de presunto acoso laboral a José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y jefe de la dirección del PSOE en esta comunidad, tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo por el fracaso del partido en las elecciones del 21D. Este socialista, que milita en el Ayuntamiento de Cáceres, habría denunciado a Quintana hace unos días a través del canal de comunicación interno de Ferraz. Según su relato, fue despedida del trabajo que desempeñaba en la sede del PSOE en Extremadura, en Mérida, por presiones de Quintana a pesar de que la decisión final era del propio Gallardo. Dice haber sufrido amenazas telefónicas y difamaciones. Quintana es una persona muy cercana a Pedro Sánchez. El núcleo duro del feminismo socialista está en pie de guerra.

Se puede decir que se ha convertido en el primer contrapeso interno de Sánchez en Ferraz desde que lidera el partido. Desde hace semanas, desde que estalló el caso Salazar, el partido espera más jefes, porque llevan tiempo señalando que hay más casos como el de Salazar en el partido y en el Ejecutivo, donde el pánico cunde con cada nueva información. En verdad, nadie en el PSOE se atreve a aventurar hasta dónde podría llegar una crisis que está minando la credibilidad del partido entre su electorado y, en particular, entre las mujeres. La dirección está bajo la lupa: muchos militantes interpretan que intentó cerrar el expediente de Salazar discretamente, sin levantar polvo, lo que en la práctica fue percibido como un intento de protegerlo.

Las críticas internas empezaron a apuntar directamente a Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE. Diversas fuentes socialistas señalaron que ella era políticamente responsable de la pasividad en la tramitación del caso. La crisis dio un salto cualitativo cuando salió a la luz el papel de Antonio Hernández, número dos de Salazar en el gabinete de la Presidencia del Gobierno. Hernández fue acusado internamente de haber encubierto o minimizado las denuncias contra su superior.

Ante una presión creciente, Pedro Sánchez decidió dimitir repentinamente, una medida interpretada en el partido como un intento de contener la hemorragia y ofrecer cabeza. El despido de Hernández fue el primer reconocimiento explícito de que el manejo del caso había sido erróneo. Lejos de cerrarse, el «caso Salazar» abrió la puerta a otros testimonios y desató rumores sobre comportamientos similares en distintos niveles del partido y de la administración. A los despidos o salidas de Paco Salazar y Javier Izquierdo del Ejecutivo federal, de Antonio Hernández de Moncloa y de la dirección del PSOE-A, se suma la salida de José Tomé como presidente de la diputación provincial de Lugo, la secretaria de Igualdad del PSOE gallego por no actuar, y la dimisión del alcalde del municipio cordobés de Belalcázar. Así como el enroque de Antonio Navarro como jefe del PSOE en Torremolinos y cuya denuncia por acoso es la única, por ahora, en manos de la Fiscalía. Los socialistas presencian este goteo con creciente asombro.