Una fundación belga impulsa la actuación judicial en el extranjero contra soldados israelíes acusados por crímenes de guerra en Gaza
Yuval Vagdani disfrutaba de unas relajadas vacaciones en las playas brasileñas. Tras semanas en la Franja de Gaza, este joven soldado israelí necesitaba un descanso. Pero sus instantáneas de ensueño compartidas en redes sociales junto a los vídeos destruyendo casas en el enclave palestino provocaron el súbito final de sus vacaciones. Motivado por la denuncia de la Fundación Hind Rajab, un juez brasileño ordenó una investigación en su contra por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Las llamadas del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y de su familia avisaron a Yuval de que si no huía, sería arrestado. Finalmente, logró escapar gracias a la ayuda de su Gobierno. Su caso es el primero de muchos y de cada vez más.
«Nuestros casos han cambiado la concepción que los soldados israelíes tienen del mundo, porque antes pensaban que eran intocables y que podían hacer lo que estuviera a su alcance, pero ahora se dan cuenta de que sus acciones tienen consecuencias», explica Dyab Abou Jahjah, director de la oenegé Fundación Hind Rajab (FHR) con sede en Bélgica. Integrado por un grupo de abogados y juristas voluntarios, el equipo de la FHR lleva meses investigando a decenas de soldados israelíes que han participado en la operación militar en Gaza. Como ni las autoridades israelíes ni los tribunales internacionales están investigando a estos jóvenes, la FHR usa el concepto de jurisdicción universal para llevar a soldados acusados de crímenes de guerra a juicio en cualquier lugar donde se hallen en todo el mundo.
Denuncia en Barcelona
Lo han hecho en Brasil, con una denuncia con más de 500 páginas de registros judiciales que vinculaban al sospechoso Yuval Vagdani con la demolición de viviendas civiles en Gaza. Pero también en Francia, donde la fundación pidió a las autoridades que iniciaran procedimientos judiciales contra Roi Hakimi, un combatiente israelí que estaba de visita en el país, acusado de actos de tortura y desapariciones forzadas en Gaza; en Sri Lanka contra el soldado Gal Ferenbook, acusado de asesinar a un civil palestino en el enclave, o en Bélgica, contra el coronel Moshe Tetro, por presuntamente aplicar una política de hambruna contra la población de Gaza. La lista abarca todos los continentes.
«Este es el primer genocidio en la historia en el que los perpetradores realmente confiesan haberlo hecho, se graban y lo publican en línea. Están publicando sus crímenes y, por lo tanto, los están confesando»
Incluso las denuncias de FHR han llegado hasta España. El soldado israelí Mori Keisar, de la Brigada Givati, ha sido denunciado en Barcelona, donde estaba de vacaciones, acusado de, entre otros delitos, haber atacado una escuela de Naciones Unidas con un lanzagranadas, de disparar de forma indiscriminada contra civiles o de demoler y quemar las casas de los gazatíes. Gran parte de estos casos se basan en las propias publicaciones en redes sociales de estos soldados, que sirven como pruebas. Ellos difunden orgullosos sus acciones sin saber que ahí, tal vez, puede estar el verdadero peligro. «Este es el primer genocidio en la historia en el que los perpetradores realmente confiesan haberlo hecho, se graban y lo publican en línea», señala Abou Jahjah a este diario. «Están publicando sus crímenes y, por lo tanto, los están confesando», añade.
Estatuto de Roma
«De acuerdo con el derecho internacional, con la Convención de Ginebra y con el Estatuto de Roma, todos los países deben cumplir con los compromisos internacionales contra los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, y actuar con decisión para prevenirlo», explica Abou Jahjah. «Vimos que eso no estaba sucediendo; por el contrario, se ha apoyado a la parte genocida, incluso con armas, y por eso, como ciudadanos, hemos asumido nuestras responsabilidades», subraya. «Los países signatarios del Estatuto de Roma [un total de 125, España incluido] Tienen jurisdicción universal con respecto a estos crímenes, lo que significa que, independientemente de dónde se cometeTienen la obligación de procesar a los perpetradores basados en el principio de la jurisdicción universal «, dice.
«El ejercicio efectivo de la jurisdicción universal es posible cuando hay la combinación adecuada de leyes, los recursos, el compromiso institucional y la voluntad política»
Esta estrategia para el rendimiento de cuentas ha funcionado en el pasado reciente. La primera vez fue en 2022, cuando un tribunal alemán condenó a cadena perpetua a un exoficial de inteligencia sirio. «El ejercicio efectivo de la jurisdicción universal es posible cuando hay la combinación adecuada de leyes, los recursos, el compromiso institucional y la voluntad política», cuenta Balkees Jarrah, directora asociada del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. «Es la voluntad política, en particular, la que se necesita para perseguir estos casos, y vimos cómo la invasión de Ucrania por parte de Rusia motivó a los países de la Unión Europea a poner en marcha estas herramientas de rendición de cuentas, pero no vemos que eso suceda en torno a las hostilidades en Gaza», dice a EL PERIÓDICO.
Reacción del Ejército israelí
Ante estas acusaciones, que están cambiando las dinámicas de viaje de los soldados israelíes, Tel Aviv ha reaccionado. Las autoridades se están coordinando con bufetes de abogados locales en el extranjero para proporcionar asistencia jurídica inmediata. Por el momento, ningún israelí ha sido detenido fuera del país, pese a que ya se han presentado denuncias contra al menos un centenar de reservistas. Pero el temor es cada vez mayor. Los medios israelíes han empezado a publicar guías sobre cómo no ser detenido cuando sus ciudadanos viajan al extranjero y qué hacer en caso de arresto. Por su parte, el Ejército israelí ha recomendado a sus soldados que dejen de publicar contenido desde Gaza, en lo que los expertos consideran un intento de eludir la rendición de cuentas.
«Sin embargo, es muy revelador que en lugar de pedir a los soldados que no cometan estos crímenes, el Ejército israelí les pide que simplemente no los publiquen», constata Abou Jahjah. También es significativo que el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, tenga una orden de arresto en su contra por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Mientras, la Corte Internacional de Justicia está realizando una investigación separada sobre las acusaciones de genocidio. Para los juristas de la Fundación Hind Rajab, nombrada en honor a la niña palestina de cinco años asesinada en un coche en Gaza mientras suplicaba ayuda por teléfono durante tres horas, rodeada de miembros de su familia muertos, es imperativo buscar caminos alternativos para lograr justicia.
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