La Administración de Justicia despacha cada año en España un número de asuntos cercano a los ocho millones. Pero en estas fechas se acumulan en la mesa de los jueces unos cuantos casos, que afectan todos a la legalidad del comportamiento de políticos y han causado un fuerte impacto en la opinión pública. La mayoría de los españoles considera que la política, y en particular la corrupción que detecta en ese ámbito, es el primer problema de nuestro país y manifiesta su insatisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia. Resulta llamativo el contraste que se observa entre las evaluaciones que clasifican al sistema político español en el grupo de las democracias plenas y, por otro lado, el descontento mostrado reiteradamente por los españoles y las deficiencias apuntadas con la misma constancia por instituciones y expertos.