La historia se remonta al verano de 2023, cuando un empleado vivió una situación de tensión extrema en su lugar de trabajo tras una agresión sufrida por su propia hija a manos de un interno del mismo centro.

Este grave altercado provocó que la madre experimentara una profunda ansiedad que le impedía volver a sus tareas rutinarias. Al tratar de calificar para un licencia médica remunerada, La administración le informó que no cumplía con el requisito mínimo de ciento ochenta días de aportes. Ante esta situación, el protagonista tomó la arriesgada decisión de deliberadamente ausente de su cargo con el firme propósito de obligar a la corporación a tramitar un despido disciplinariolo que le permitiría reactivar el subsidio para mayores de cincuenta y dos años que había reconocido durante años.

Un engaño al descubierto

Sin embargo, los planes del trabajador No quedaron como esperaba. Al ver que los trámites burocráticos se retrasaban y que la empresa no despedía su empleo, acudió personalmente a denunciar ante la Inspección de Trabajo, confesando sus intenciones. Paralelamente y para intentar resolver Después del desastre, el empleado y la dirección idearon un plan a puerta cerrada.

Ambas partes estuvieron de acuerdo simular que el contrato había terminado naturalmente por haber transcurrido el tiempo acordado. Para dar credibilidad a la maniobra, alterado las fechas oficiales de los registros telemáticos y redactó un documento de liquidación que el afectado firmó a cambio de renunciar al cobro de cualquier tipo de compensación.

Las autoridades no tardaron en detectar el serias inconsistencias de este montaje. Los inspectores cruzaron las declaraciones iniciales de la mujer con la documentación aportada por la empresa, confirmando que el supuesto finiquito nunca se había cobrado y que el cese temporal era una simple fachada. La investigación concluyó categóricamente que hubo colusión total entre ambas partes para disfrazar una renuncia voluntaria como si se tratara de un despido legal.

El objetivo de esta trampa documental no era otro que crear un escenario ficticio para que el empleado pudiera seguir accediendo a los beneficios del Estado. En respuesta, la entidad pública ordenó la extinción inmediato del subsidio y exigió el reembolso de todas las cantidades recibidas desde la fecha de la terminación injustificada.

El fracaso del proceso judicial

En un último intento por conservar la ayuda y evitar que le devolvieran el dinero, el ciudadano recurrió a la justicia común. Su defensa apeló a la doctrina de Tribunal Europeo de Derechos Humanosargumentando que obligarla a devolver los fondos suponía una carga desproporcionada y defendiendo que siempre había actuado de acuerdo «buena fe».

Sin embargo, el tribunal regional ha sido contundente en su reciente resolución, identificada con el número de sentencia STSJ EXT 598/2026 y dictado a principios de mayo de este mismo año. Los jueces han desestimado sus pretensiones recordando que la protección europea sólo protege a los ciudadanos cuando el error es imputable exclusivamente a la administración, sentenciando que en este caso el «connivencia de la empresa con el trabajador» engañar al sistema público.