Vecinos y empresas avalan el plan «Llave», que se licitará en semanas
El plan «Llave», que según anunció ayer Jesús Martínez Salvador, portavoz forista del gobierno, licitará su primera fase «en semanas», cuenta con el visto bueno general de vecinos, constructoras, inmobiliarias y agentes sociales. El proyecto municipal, que busca promover la construcción de 500 viviendas en este mandato para venta y alquiler de pisos protegidos, protagonizó el que fue el primer debate de «FORO Abierto», una nueva iniciativa del partido para promover mesas redondas sobre temas de actualidad, y que llenó ayer el aforo del salón de actos del Museo del Ferrocarril. El acto, moderado por Beatriz Fernández, vicesecretaria de Urbanismo de Foro Gijón, se saldó con un gran consenso, el de que el problema de la vivienda debe afrontarse desde varios enfoques y con todas las administraciones involucradas, y con la petición vecinal de regular más el auge de pisos turísticos.
Como ponentes, además del propio Martínez Salvador, estaban María José Cuervo, vicepresidente de la federación vecinal (FAV); Eva Fernández, vicepresidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias; Víctor Manuel Roza, secretario general de Comisiones Obreras en Gijón; y Joel García, presidente de la patronal CAC-Asprocon. En el público, además de representantes vecinales y de entidades sociales, estaba buena parte de la bancada forista, con la alcaldesa Carmen Moriyón a la cabeza. El portavoz del gobierno expuso las líneas generales del plan «Llave», ya conocido, y que impulsará en su citada primera fase la puesta a disposición de seis parcelas municipales en lotes de dos para facilitar que ninguna quede desierta. Recordó que las 120 viviendas que se prevén construir irán destinadas a la venta –las parcelas son demasiado pequeñas como para permitir grandes bloques que puedan garantizar rentabilidad en régimen de alquiler– y que el pago al Ayuntamiento será en especie, en pisos. «Así nos garantizamos que ya en esta primera fase sí haya viviendas en condición de alquilarse», señaló. Las gestionará Emvisa. El forista defendió la colaboración público-privada y al final del acto, con el turno de preguntas, aprovechó para insistir en que «tiende la mano» al Principado –cuya consejería competente, de Izquierda Unida, no se suma por ahora al plan por contar con constructoras privadas– y para reprochar que el gobierno local «sí colaboró» al tramitar una modificación del PGO «en un tiempo récord» para permitir la obra de vivienda pública ahora en marcha en Peritos.
Cuervo, por su parte, apoyó un plan que entiende que paliará en parte la situación de la vivienda en Gijón, aunque «no sea la panacea» y señaló que, como vecina de La Arena, vive de primera mano el repunte del alquiler y de los pisos turísticos. Estos últimos, dijo, generan «inseguridad» en las comunidades. También señaló que muchas viviendas vacías lo están porque son casas antiguas cuyos propietarios no quieren o no pueden costearse su reforma. Lo hizo un poco en respuesta a la vicepresidenta de las inmobiliarias, que había lanzado el dato de que hay 8.000 viviendas vacías en Gijón, a su juicio, por la «inseguridad jurídica» de los propietarios a raíz de la nueva ley de vivienda, «que protege a los inquiocupas».
El de Comisiones Obreras, que por el orden de las intervenciones siempre hablaba después de ella, miraba al techo y negaba con la cabeza. Su posición, como es evidente, fue la contraria, y señaló que «una familia que no pueda pagar alquiler porque se queda sin trabajo no es ocupa». Eva Fernández manifestó que el auge de los pisos turísticos es «consecuencia» de la inseguridad de la ley de vivienda y Roza apostilló que, para él, ese auge se debe más bien a que los propietarios ganan más dinero con ese modelo, y que por tanto debe limitarse. Joel García, más conciliador, sí habló de la «inseguridad» que sienten muchos propietarios ante un alquiler a largo plazo y se mostró contrario a las políticas de «intervención», y pidió a las administración trabajar ya en poner más suelo a disposición para edificar más vivienda.
Fernández y García también señalaron que «en Asturias no hay grandes tenedores» ni fondos de inversión y que, cuando se habla de los propietarios de viviendas, en general se tratan de familias que «o han heredado un piso o lo han comprado con los ahorros de su vida». Cuervo y Roza respondieron que el alquiler en Gijón es hoy «inasumible» para gran parte de la clase trabajadora y que las administraciones deben encontrar el equilibrio entre el respeto de la propiedad privada y el derecho al acceso a una vivienda digna.
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