Estados Unidos ha acordado modificar las sanciones a Venezuela para permitir a su Ejecutivo pagar los honorarios de los abogados que defienden al depuesto presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en el juicio por narcotráfico que enfrentan en Nueva York, según un documento judicial fechado ayer viernes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que «estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros».

Esta decisión supone un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hasta ahora había bloqueado el acceso a estos fondos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior. El fiscal Kyle Wirshba también afirmó que el juez no podía ordenar al Departamento del Tesoro modificar sus sanciones, ya que la política exterior recae en el Poder Ejecutivo, no en el Judicial.

Previamente, la defensa de Maduro, que se declaró inocente en su primera comparecencia ante el juez, defensa encabezada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios violaba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por ello, solicitó el sobreseimiento del caso.

El 26 de marzo, en una segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se había mostrado escéptico ante la posición de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a Estados Unidos, el matrimonio ya no representaba «una amenaza para la seguridad nacional». No se espera que el juicio formal contra la pareja comience hasta dentro de uno o dos años.