VICENTE FERNÁNDEZ | El letrado brillante que Montero ascendió a presidente de la SEPI y «se pasó al lado oscuro»
Durante años, Vicente Fernández (Málaga, 1973) fue uno de esos funcionarios a los que en la administración se les reconoce talento y un instinto especial para «hacer que las cosas salgan». Quienes compartieron despacho o negociaciones con él lo recuerdan como un jurista brillante -primero de su oposición al exigente cuerpo de letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía-, un tipo alto, atractivo, con carisma natural, criado en Cádiz y con una capacidad extraordinaria para encontrar soluciones imaginativas en escenarios administrativos enrevesados. «Ahora está muy desmejorado», apunta una fuente para situar cómo de lejos queda esa imagen. Este miércoles, ese mismo hombre está detenido por la UCO, en una investigación que alcanza también a Leire Díez, la conocida fontanera del PSOE, y que lo coloca en el epicentro de un caso de consecuencias imprevisibles. Ambos están siendo investigados por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Fernández presidió entre 2018 y 2019 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales hasta que se reabrió el caso Emérita, de la mina de Aznalcóllar.
[–>[–>[–>Tras su salida de la sociedad estatal, se vinculó a Servinabar, la sociedad utilizada por Santos Cerdán para canalizar los pagos que lo señalan en el centro de una supuesta red de comisiones que ha sacudido al PSOE, entre ellos, según se investiga, el de las obras del Puente del Centenario. A través de esa empresa, propiedad del entonces secretario de Organización socialista, Fernández recibió algo más de 100.000 euros entre 2021 y 2023, según acreditó la UCO en su informe. Pese a ello, la causa por la que ha sido detenido, a instancias de la Audiencia Nacional, se mantiene bajo secreto de sumario, de modo que por ahora no puede vincularse formalmente este flujo de dinero con la investigación en marcha.
[–> [–>[–>Las distintas fuentes con las que ha hablado El Correo de Andalucía son cautelosas para hablar de su vida actual y más generosas para describir al brillante jurista que conocieron tiempo atrás. Aquella promoción de letrados aún recuerda que fue el número uno. Desde el principio se movió con soltura en los entresijos de la administración autonómica. No era solo competente: era rápido, creativo y resolutivo. «Vicente era listo de verdad y muy imaginativo. Cuando otros se quedaban en el «no se puede», él encontraba el recoveco. Eso, claro, tiene sus peligros», relata una de las fuentes que coincidió con él en el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.
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Su carrera avanzó con paso firme. Estuvo al frente de los servicios jurídicos de varias consejerías, entre ellas Economía y Hacienda con Magdalena Álvarez. Ya bajo el mando de Antonio Ávila, dio un salto a un cargo más ejecutivo, entre 2012 y 2016 fue secretario general de Innovación, Industria y Energía.
[–>[–>[–>Interventor general de la Junta, en plena investigación de los ERE
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El gran punto de inflexión llegó cuando María Jesús Montero como consejera de Hacienda necesitaba cubrir el puesto de Interventor General de la Junta en el momento más delicado de la administración autonómica en plena investigación por el caso ERE y los cursos de formación. La figura del Interventor General estaba bajo un foco abrasador: era el puesto institucionalmente obligado a vigilar procedimientos, advertir irregularidades y firmar reparos. Nadie quería ocuparlo. Nadie excepto Vicente Fernández.
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«Ese cargo achirraba. Estaba absolutamente cuestionado por el contexto de los ERE. Vicente dio un paso adelante cuando ninguno de los interventores con más antigüedad quiso hacerlo, y Montero se lo agradeció muchísimo», explican fuentes que vivieron de cerca aquella etapa. Esa decisión consolidó entre ambos una relación de lealtad personal que más tarde definiría su futuro.
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[–>El salto a Madrid: la presidencia de la SEPI
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Cuando Montero fue nombrada ministra de Hacienda en 2018, tras la moción de censura con la que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, llevó consigo a personas de absoluta confianza. Entre ellas, a Fernández, al que colocó al frente de uno de los organismos más estratégicos del Estado: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La SEPI es el gran ‘holding’ público que agrupa más de treinta empresas clave -Navantia, Correos, Enaire, Tragsa, Hunosa, RTVE- y maneja participaciones industriales con enorme peso económico y político. Su presidencia, una de las más codiciadas del sector público empresarial, está remunerada con más de 245.000 euros al año.
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Su currículum oficial destacaba su experiencia jurídica, su capacidad de gestión y su amplio recorrido en la administración andaluza. Pero su nombramiento fue, en la práctica, un gesto claro de confianza política y de gratitud por su papel en momentos críticos.
[–>[–>[–>Pese a su buena relación con Montero, su presidencia se truncó un año y medio después. La reapertura judicial del caso Emérita, sobre de la mina de Aznalcóllar, donde estaba investigado por los procedimientos de adjudicación, lo dejó en una posición delicada. Hace una semana, la Audiencia de Sevilla absolvió a todos los imputados, incluido Fernández. Pero el daño político ya estaba hecho.
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Fuentes consultadas por este medio explican que Montero retrasó el nombramiento de un sustituto porque confiaba en un archivo rápido. No fue así. Finalmente, tuvo que cubrir esa sede vacante. Tras su salida, Montero tardó en nombrar sustituto en la SEPI: finalmente designó en marzo de 2021 a Belén Gualda para este cotizado puesto. También de su confianza, esta ingeniera de Caminos, Canales y Puertos con un largo bagaje en distintos puestos ejecutivos en la Junta en tiempos del gobierno socialista, tiene un estilo radicalmente distinto: más técnica, más rígida en los procesos y menos inclinada a aprobar operaciones «creativas». IInternamente, se decía que «lo que Vicente encontraba la forma de sacar adelante, Gualda lo paraba si no lo veía clarísimo». Ese contraste resume bien el dilema de su figura: Fernández era el hombre que resolvía problemas. Un perfil necesario en el lado oscuro.
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El PP en la Comisión del caso Koldo: «¿Le ha tocado la lotería?»
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El 22 de julio de 2025, Vicente Fernández compareció en el Senado la Comisión de investigación sobre los contratos del sector público por el caso Ábalos-Koldo-Cerdán. El diputado del PP Bernabé Pérez hizo una extensa relación del patrimonio que, presuntamente, posee el ex presidente de la SEPI en la que cuestionó cómo pudo reunir un patrimonio inmobiliario valorado en unos 10 millones de euros -incluyendo viviendas de lujo en Madrid, Sevilla y Marbella- con los ingresos declarados entre 2017 y 2024, que no superarían el millón de euros en total.
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«¿Cómo es posible que, habiendo usted cobrado, como mucho -vamos, ni de lejos llega usted-, el millón de euros durante esos años por sus salarios, tenga inscritos en el Registro de la Propiedad los siguientes inmuebles: un piso de 330 metros cuadrados en la urbanización de lujo Puerta de Hierro, en Madrid; dos chalets en la exclusiva urbanización El Aljarafe, de Sevilla: uno de 500 metros y otro de 1000 metros cuadrados, con piscina, y tres viviendas en Marbella, entre primera y segunda línea de playa, más dos garajes y dos trasteros? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Quién le ha dado esos dineros? ¿O es que le ha tocado la lotería?», preguntó Bernabé.
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Vicente Fernández acudió al Senado pero no respondió a las preguntas de sus señorías alegando su situación judicial por el caso de la mina de Aznalcóllar. «Sintiéndolo mucho, puesto que mi voluntad sería la de colaborar con este Senado en el esclarecimiento y atender a todas las preguntas que ustedes quisieran formularme (…) Una vez transcurrida mi condición procesal o cesada mi condición procesal de acusado, estaré perfectamente a su disposición para responderles a todas las preguntas que ustedes tengan a bien». Desde hace una semana, ya ha sentencia de la Audiencia de Sevilla del caso Emérita, como el total de los 16 investigados, Fernández quedó absuelto de todos los cargos.
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La Bola, el negocio en el corazón de La Cartuja que sirvió de refugio
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Este jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda se ha defendido desvinculándose completamente de Fernández. Ni «su mano derecha» ni «su gran protegido durante años», como lo ha definido el secretario general del PP, Miguel Tellado, tras pedir su dimisión al situarla como «nexo» de la trama Koldo. Montero ha negado cualquier contacto «con este señor» desde que abandonó la SEPI en octubre de 2019, por estar involucrado en el caso Emérita.
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Desde el PSOE de Andalucía, su vicesecretaria general, María Márquez, también se ha afanado en crear un cortafuegos entre los negocios de Fernández y la actual dirección: «No es militante del Partido Socialista, y hasta donde yo sé, desde hace bastantes años, seis años creo, aproximadamente, no forma parte del Gobierno, no tiene relaciones con el Gobierno en ningún caso. Habrá que esperar a tener más información para hacer una valoración más profunda», ha insistido. La Junta de Andalucía, sin embargo, traza una línea de puntos entre Montero y Fernández.
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En lo personal, Vicente Fernández rehizo su vida sentimental. En segundas nupcias, abrió -a nombre de su esposa- el bar La Bola, un negocio en la Cartuja habitual para los trabajadores del parque tecnológico al que se aferró tras salir de la SEPI, quedando él como administrador único. Es precisamente en este local donde la UCO ha practicado en la mañana de este jueves registros tras su detención.
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