Vicente, Leire y la SEPI de los líos
Hay comparecencias parlamentarias que valen más por lo que revelan involuntariamente que por lo que intentan explicar. La de Belén Gualda de esta semana pertenece a esa categoría. El presidente de la SEPI acudió al Congreso para defender la actuación de la agencia en varios asuntos sensibles … y acabó dejando un comunicado difícil de olvidar. Según explicó, la empresa estatal tardó casi un año en comprobar la magnitud del conflicto de intereses que supuso el presidente de Indra (Escribano) para impulsar la compra de una empresa propiedad de su familia. La afirmación sorprendería a cualquier empresa, pero resulta alarmante en el principal holding del Estado. Como excusa, Gualda dijo que «la SEPI no tuvo la oportunidad de pronunciarse en un órgano corporativo hasta diciembre de 2025». La paradoja apareció de inmediato. La misma organización que necesitó meses para advertir un conflicto de intereses que todos vimos, exigió un informe «inmediato» a Indra tras conocer el fin del programa FCAS, el gran proyecto europeo para desarrollar el caza de sexta generación. Para algunos problemas, urgencia. Para otros, paciencia geológica.
Sin embargo, el verdadero problema no es la velocidad de reacción. Ni la existencia de errores de supervisión. El problema es más profundo y tiene que ver con que la SEPI, que nació para gestionar las participaciones públicas con criterios empresariales, protegiendo el interés general sin sustituir la lógica de gobierno corporativo de las empresas, ha traicionado su misión y propósitocualquiera. En los últimos años ha virado hacia una función distinta: convertirse en uno de los instrumentos a través de los cuales el poder político amplía su influencia sobre sectores considerados estratégicos.
Las revelaciones contenidas en los cuadernos de Leire Díez encajan inquietantemente en ese contexto. Más allá de la veracidad o alcance específico de cada anotación, el conjunto dibuja un patrón reconocible. En sus páginas hay referencias a movimientos relativos a Telefónica, Indra, Prisa, Repsol, BBVA o Hispasat; conversaciones sobre accionistas, cambios de gestión, operaciones corporativas y estrategias de negocios que afectan a algunas de las empresas más importantes del país. Lo relevante no es sólo que aparezcan esos nombres. Lo verdaderamente significativo es la naturalidad con la que se describen los intentos de influir en centros de poder económico que, en una democracia, deberían mantener una clara autonomía respecto del Gobierno. La impresión que transmiten estas notas es la de un interés excesivo por controlar el aparato empresarial público y proyectar esa influencia más allá de sus fronteras naturales.
Por eso el declive de la SEPI no puede entenderse como una simple sucesión de errores de gestión. Ni como consecuencia de una mala decisión. Responde a una concepción política según la cual las grandes empresas, especialmente aquellas con presencia pública, dejan de ser actores independientes y se convierten en piezas de una estrategia de poder más amplia. La cuestión ya no es si la SEPI tomó una decisión acertada o equivocada en un caso concreto. El problema es que ha dejado de proyectar la neutralidad institucional que justificaba su existencia. ●
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