VIOLENCIA VICARIA | El CGPJ pide que jueces puedan revisar la retirada de la patria potestad en los casos de violencia de género
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado la retirada automática de la patria potestad prevista en el anteproyecto de ley de violencia vicaria para los condenados por delitos graves de violencia de género, pero este órgano es partidario de que los jueces sigan teniendo la posibilidad de revisar esta medida, al considerar que el sistema necesita una «cláusula de apertura» que garantice la proporcionalidad de la misma y permita atender al interés superior del menor.
[–>[–>[–>Así lo recoge el informe, preceptivo pero no vinculante, aprobado por unanimidad por el CGPJ sobre el anteproyecto, que introduce cambios en el Código Civil, Penal y la ley de violencia de género para reforzar la protección frente a la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce contra los hijos u otros familiares para dañar a la madre o pareja.
[–> [–>[–>El proyecto redactado por el Gobierno plantea que los progenitores condenados en sentencia firme por delitos graves contra la vida, la integridad, la libertad o la libertad sexual de los hijos o de la esposa o pareja pierdan automáticamente la patria potestad. En su informe, el CGPJ considera que la medida persigue «un interés legítimo de protección de las personas menores de edad» y la ve «adecuada y necesaria«.
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Límite temporal
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«Aun cuando la medida persigue un interés legítimo de protección […], debe preverse la posibilidad de revisión de la privación de la patria potestad cuando esté justificada por el interés superior del menor», apunta. Por ello, el organismo propone añadir un nuevo párrafo que permita revisar la privación de la patria potestad en aquellos supuestos en los que la mejor interés del menor así lo aconseja y que los tribunales, en beneficio e interés del menor, acuerden la recuperación del mismo cuando haya cesado la causa que motivó la privación.
[–>[–>[–>Los jueces consideran además necesario precisar cuánto tiempo durará la retirada y qué relación tendrá con la condena penal. «En definitiva, debe fijarse el límite temporal de la medida civil y garantizarse una adecuada coordinación con los pronunciamientos en la sentencia condenatoria», señala. Y, concretamente, plantea determinar si la privación termina cuando termina la condena o cuando prescribe el delito.
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Derecho a ser escuchado
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Otra de las novedades del anteproyecto es que elimina el requisito de que el menor tenga «suficiente madurez» para poder ser oído en decisiones que le afecten, una medida que el CGPJ apoya porque «elimina los márgenes de discrecionalidad en cuanto a la apreciación del grado suficiente de madurez».
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[–>Por otro lado, el anteproyecto crea dos delitos de violencia vicaria: uno vinculado a la violencia de género y otro de carácter familiar. Sobre el primero, no formula objeciones, pero sobre el segundo alerta de que el círculo de posibles víctimas es «muy amplio», lo que «puede no guardar la debida coherencia con el bien jurídico protegido». Por lo que pide una reconsideración del alcance subjetivo de las víctimas de violencia vicaria familiar.
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Otro de los aspectos que incluye el anteproyecto es la posibilidad de imponer como pena accesoria la prohibición de publicar o difundir mensajes, imágenes o contenidos relacionados con delitos, con el objetivo de evitar la revictimización. Esta medida ha sido impulsada tras el escándalo que rodeó el libro titulado ‘El odio’ que recogía la versión de José Bretón, que se convirtió en uno de los máximos exponentes de la violencia vicaria tras asesinar, en 2011, a sus hijos Ruth y José.
[–>[–>[–>Por último, respecto a la formación judicial, el órgano considera que algunas modificaciones relativas al sistema de acceso y formación de la carrera judicial «exceden del objeto del anteproyecto» y no guardan relación directa con las medidas sobre violencia vicaria, por lo que pide reconsiderarlas.
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Los choques
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El informe del CGPJ es complementario al aprobado por esta institución el 12 de diciembre de 2025, ya que con posterioridad el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió un nuevo texto. El motivo es que la norma ha sufrido varios cambios y retrasos por desavenencias entre los ministerios proponentes. Por ejemplo, Juventud e Infancia abandonó la negociación sobre la ley tras calificar de «inaceptable» que en su día el texto permitiera al agresor mantener el contacto con hijos víctimas de violencia vicaria o de género. Posteriormente, este ministerio, junto con el de Igualdad y Justicia, retomaron las negociaciones para encontrar un punto de acuerdo.
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado en diferentes ocasiones que se trata de «una ley compleja» y que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre «aquellas cuestiones» que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.
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