Vox someterá a votación esta semana en el Pleno del Congreso una moción en la que insta al Gobierno derogar los decretos que incluyen la regularización de inmigrantes acordado el pasado martes por el Consejo de Ministros. Y también suprimir la que refuerza la universalidad en el acceso a la salud pública. Al mismo tiempo, exige que repatrie a aquellos inmigrantes que se encuentran «ilegalmente» en España.

Estas son algunas de las medidas que Santiago Abascal han incluido en su moción, revelada por la agencia Prensa Europay que es consecuencia de una pregunta que dirigieron el pasado miércoles a la ministra de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

En dicho interrogatorio, el portavoz parlamentario de Vox, Pepa MillánExigió a Bolaños garantizar que los españoles son la prioridad nacional del Gobierno para que no se sientan afectados «en línea». También le pidió velar por la sostenibilidad del Estado de bienestar de nuestro país, tal y como establece uno de los puntos de la moción que pasará al pleno el próximo martes.

Asimismo, la tercera fuerza del Congreso convoca al Ejecutivo devolver a los inmigrantes que se encuentran irregularmente en nuestro país y remigrar a todos aquellos extranjeros que, «al no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles».

Los españoles, primero

En su iniciativa, Vox también aboga por que el Gobierno establezca una prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas y prestaciones sociales, servicios públicos y programas de vivienda (para acceder a viviendas sociales y viviendas protegidas, para beneficiarse de créditos fiscales diferenciados o para ser beneficiario de cualquier tipo de ayuda en materia de vivienda).

Además, espera que el Estado garantice la sostenibilidad del sistema de salud previniendo, «excepto los casos de atención sanitaria urgente, inmediata y vital o de emergencia»Los inmigrantes «ilegales» pueden utilizar nuestro sistema de salud.

En este sentido, propone derogar el real decreto de marzo de este año que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos de los extranjeros sin residencia legal en España.

También aconseja al Gobierno derogar el proceso de regularización «masiva» de inmigrantes «ilegales» y poner fin a la prestación de asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en asuntos relacionados con procesos de expulsión del país.