VPO ALICANTE | Quién es quién entre los imputados por la polémica de las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
Quince son las personas vinculadas al polémico residencial de Les Naus de Alicante que, por ahora, han sido citadas en calidad de investigadas (antes, imputadas) por la jueza Amparo Rubio, la encargada de investigar unas controvertidas adjudicaciones que han sido noticia a nivel nacional y que han condicionado incluso el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno de España.
[–>[–>[–>Entre las quince personas citadas, que en los próximos días (20 de mayo y 5 de junio) pasarán por los juzgados de Benalúa para declarar ante la jueza y los fiscales anticorrupción figura la exconcejala Rocío Gómez, la ex directora general María Pérez-Hickman, dos arquitectos municipales, el responsable de la empresa que gestiona la cooperativa y el funcionario encargado de validar los visados de los 140 propietarios. Ademas, diez propietarios que, según Vivienda, no han podido acreditar cumplir con los requisitos para tener una vivienda protegida.
[–> [–>[–>Rocío Gómez
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Tal vez la cara más conocida entre los primeros investigados por la justicia es la de Rocío Gómez Gómez, que fue concejala de Urbanismo entre junio de 2023 y enero de 2026, cuando dimitió tras desvelar este diario que era una de las propietarias en el polémico residencial. Urbanismo ha sido, junto a Patrimonio, un área clave en la tramitación municipal para la construcción del residencial, al impulsar expedientes como los vinculados a la licencia de obra mayor, concedida durante el pasado mandato, y a la declaración responsable de primera ocupación, entre otros. Además, durante este mandato se realizó un ajuste en el proyecto vinculado a la piscina y las zonas verdes que llegó a pasar por Junta de Gobierno.
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Gómez, la número tres de la lista electoral del PP en las últimas elecciones municipales, fue uno de los fichajes del alcalde Barcala en su objetivo de revalidar el cargo
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Gómez, la número tres de la lista electoral del PP en las últimas elecciones municipales, fue uno de los fichajes del alcalde Barcala en su objetivo de revalidar el cargo. Entonces, en su presentación en sociedad se dijo que era una joven arquitecta (tenía 30 años), licenciada por la Universidad de Alicante. «Rocío representa al colectivo de la gente joven, preparada y con ilusión, que quiere que Alicante siga transformándose y se convierta en la ciudad que todos queremos; y se une a un proyecto que quiere gobernar para todos los alicantinos», destacó Barcala al presentarla en sociedad. Por entonces era una gran desconocida.
[–>[–>[–>Gómez, de baja por maternidad a finales de enero, dejó el cargo un día después de que este diario desvelase el escándalo de las adjudicaciones. En su despedida, según un comunicado del Ayuntamiento, había decidido apartarse del cargo «para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad«.
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Rocío Gómez es una de las vecinas del residencial, donde también reside su excuñada y su suegro, con el que intercambió un primero por un quinto, su actual vivienda.
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[–> [–>[–>[–>María Pérez-Hickman
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La que fuera directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del gobierno de Barcala, y actualmente jefa de Contratación del Ayuntamiento, fue la primera persona en dimitir tras destaparse el escándalo. Pérez-Hickman, secretaria de la Mesa de Contratación durante la tramitación del contrato de enajenación de la parcela sobre la que posteriormente se construyó el residencial, cuenta entre los residentes de Les Naus con tres familiares directos: dos hijos y un sobrino.
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Cuando renunció, según fuentes conocedoras de su decisión, Pérez-Hickman justificó su salida del gobierno local en un intento de evitar perjudicar a sus familiares tras una trayectoria profesional que, según subrayó, nunca había estado salpicada por la polémica. Previamente, a preguntas de este diario justo antes de publicarse la noticia, justificó que sus hijos tenían «el mismo derecho que otros» a acceder a este tipo de viviendas y que es «imposible» demostrar, porque no se ha producido, según sus palabras, que haya influido en la adjudicación de los pisos a sus dos descendientes y a otro familiar cercano.
[–>[–>[–>Tras destaparse el escándalo y su posterior renuncia al cargo de directora general, el gobierno de Barcala decidió mantenerla como jefa de Contratación, un puesto de libre designación
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Pérez-Hickman, una histórica alta funcionaria del Ayuntamiento de Alicante, que además de en Contratación también fue jefa de servicio en Recursos Humanos, fue una de las tres primeras personas en integrarse en el segundo nivel de la estructura directira que impulsó el gobierno de Barcala durante el actual mandato. Su nombramiento llegó hace un año, para situarse al frente de la dirección general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos. Previamente habían sido nombrados los dos coordinadores generales y la directora general del Plan General.
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Tras destaparse el escándalo, el Ayuntamiento abrió expedientes a los funcionarios involucrados, entre ellos, a Pérez-Hickman. Sin embargo, el gobierno de Barcala decidió mantenerla como jefa de Contratación, pese a ser un puesto de libre designación y de la petición realizada por los grupos de la izquierda municipal.
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Francisco Nieto
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Otra persona expedientada por el Ayuntamiento fue el arquitecto de Urbanismo Francisco Nieto, propietario de una de las 140 viviendas protegidas de Les Naus. Nieto fue uno de los funcionarios que declinó acudir el pasado viernes a la primera jornada de comparecencias en la comisión municipal que investiga el escándalo de Les Naus. En su caso, «no solo mantuvo reuniones con el personal de este servicio para tratar el asunto» del polémico residencial, sino que también estuvo presente en diversos encuentros celebrados con la cooperativa, según consta en uno de los informes de la jefa de Patrimonio, donde se añade que «dada su predisposición e intervención, se llegó a proponer su nombramiento como responsable del contrato», tras no haberse formalizado sucesión alguna desde las jubilaciones de los anteriores supervisores.
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Finalmente, tras las conversaciones mantenidas entre la Concejalía de Patrimonio y la de Urbanismo, «se decidió que el técnico designado fuera otro arquitecto municipal», jefe del departamento de licencias, «en cumplimiento de las directrices dadas» por la edil Rocío Gómez, de que «no podía ser el que figurara como técnico-asesor del contrato».
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El arquitecto, cuando saltó el caso de Les Naus, ya estaba inmerso en una instrucción penal por la que fue detenido en febrero de 2024 por presuntos favores al supuesto jefe de una red de narcos
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Tras destaparse el escándalo, el gobierno local decidió retirar a Nieto de sus responsabilidades en el equipo del Plan General, siendo sustituido por otro arquitecto, en este caso de Infraestructuras. Nieto ya había sido reemplazado días antes de la comisión de seguimiento del Plan Vive, donde contaba con un puesto como suplente.
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El arquitecto ya fue noticia al saberse que estaban inmerso en una instrucción penal por la que fue detenido en febrero de 2024. Se le imputa hacer favores al presunto jefe de una red de narcos agilizando los trámites urbanísticos que permitían rentabilizar inmuebles supuestamente adquiridos con dinero procedente de la marihuana. La instrucción aún está en curso.
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Roberto Palencia
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Ya fuera del ámbito municipal, aunque con vínculos al ser su mujer arquitecta en Urbanismo y una de las propietarias en Les Naus, otra de las personas citadas como investigadas en la causa es Roberto Palencia, el funcionario de la dirección territorial de la Conselleria de Vivienda encargado de validar los visdos de las 140 adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus. El técnico, que fue suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente la solicitud de su mujer, se ofreció voluntario para controlar los expedientes y reconoció su error cuando fue descubierto: «La he cagado, asumo las consecuencias»
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Recientemente, debido al inicio del procedimiento penal (que obliga a suspender el administrativo), se ha paralizado su expediente sancionador, aunque le han sido retiradas sus anteriores competencias, por lo que no podrá visar ni acceder a los expedientes, según fuentes de Vivienda.
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El único funcionario de Vivienda encargado de validar todos los visados, tras ser descubierto, dijo: «La he cagado, asumo las consecuencias»
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Según relató un funcionario de Vivienda y uno de los testigos en declarar recientemente ante la jueza, tras destapar INFORMACIÓN el escándalo de Les Naus, un superior llamó directamente a Palencia para pedirle explicaciones después de que el nombre de su mujer se encontrase entre los beneficiarios de la polémica promoción, a lo que él respondió: «La he cagado, asumo las consecuencias».
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El pasado mes de febrero, la Conselleria de Vivienda suspendió de empleo y sueldo a Roberto Palencia por la tramitación vinculada a las adjudicaciones de Les Naus, donde supuestamente validó visados de manera irregular. Una decisión que el funcionario recurrió, pero con la que el departamento autonómico de Susana Camarero siguió adelante, apartándolo como medida cautelar.
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Sin embargo, fuentes de la Generalitat han indicado que dicho expediente sancionador, de carácter administrativo, se ha dejado en suspensión mientras se resuelve el procedimiento judicial, tal y como marca la ley. Una vez que esto suceda, siempre y cuando la vía penal no haya procedido contra el técnico, sería posible retomar los trámites del expediente sancionador.
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Francisco Ordiñana
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Entre los citados a declarar como investigados también figura Francisco Ordiñana, responsable de Fraorgi, la empresa gestora de la cooperativa de Les Naus y, además, propietario de uno de los áticos del residencial. “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”, fue una de sus primeras declaraciones de Ordiñana tras destaparse el escándalo de las adjudicaciones, aunque el listado nunca se hizo público, al menos hasta la fecha.
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Entonces, en palabras a este diario, situó el arranque del proyecto “en 2018, mes arriba o mes abajo”, cuando, según expuso en su día, “en junio o julio se publicó que iba a salir a concurso la parcela”. Afirmó que en ese momento estaban ejecutando 240 viviendas en otro residencial en el PAU 5 y que decidieron prepararse para concurrir porque tenían una “lista de espera brutal”.
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De acuerdo con su versión inicial, constituyeron la cooperativa y optaron por no publicitar la promoción en portales inmobiliarios. También aseguró que avisaron a personas de promociones previas y que la respuesta les desbordó: “En agosto del 18 teníamos una lista de espera tremenda. En septiembre nos presentamos y la gente estaba apuntada en caso de que nos la concedieran”.
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El gerente de Fraorgi, la gestora de la cooperativa, es propietario de un ático protegido tras impulsar la construcción de medio millar de pisos en el PAU 5
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Tras el escándalo, Fraorgi, la gestora de la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante, decidió renunciar a participar en las adjudicaciones del Plan Vive de la Generalitat. Desde la empresa aseguraron a INFORMACIÓN que no formalizaría ofertas para hacerse con ninguna de las parcelas en licitación y se dedicará exclusivamente a la promoción privada. Todo ello, pese a que la página web de la empresa ya hablaba entonces (y se mantienen) de proyectos futuros en solares del citado programa autonómico, uno de ellos en el PAU 1 de Alicante, incluyendo una imagen de cómo quedarían los pisos, pese a que el proceso administrativo para la venta de la parcela estaba en una fase inicial.
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Un mes después de destaparse las adjudicaciones de Les Naus, este diario publicó que Ordiñana, el responsable de Fraorgi y gestor de la cooperativa Les Naus, era también vecino de esta urbanización de viviendas protegidas de la zona La Condomina de Alicante. Al menos sobre el papel, ya que el promotor tiene un ático en el residencial en el que no solo no se ha instalado cuando este tipo de pisos, destinados a primera residencia, tienen que ocuparse en un plazo máximo de seis meses, sino que no piensa hacerlo porque su intención era venderlo. De hecho, justo antes de que saltara la polémica, el responsable de gestionar la cooperativa ya había solicitado a la Conselleria de Vivienda la “excepcionalidad” para no ocupar su piso, que le fue concedida.
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A la pregunta sobre si un promotor puede optar a una vivienda protegida, el responsable de Fraorgi respondió: “Soy un cooperativista más y cumplía los requisitos”. La mercantil acaba de entregar dos promociones que suman alrededor de medio millar de viviendas en el PAU 5.
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Elsa Lloret
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La jueza también ha incluido entre los quince imputados a una decena de propietarios de viviendas que inclumplen con los requisitos para poder acceder a un piso de protección, ya sean los vinculados a otras propiedades y/o por los ingresos económicos, según un informe de Vivienda realizado un mes después de destaparse el escándalo. Ahí figura Elsa Lloret, que además es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante y pareja del técnico de Vivienda responsable de validar, con presuntas irregularidades en algunos casos, los visados.
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Según un informe de la conselleria realizado tras destaparse el escándalo, la funcionaria figura entre los adjudicatarios que no han demostrado con documentos oficiales que cumplen con las exigencias ya que ni presentó en tiempo y forma los papeles sobre sus ingresos ni las propiedades de su cónyuge. La arquitecta anotó unos supuestos ingresos próximos a los 40.000 euros, pero sin justificación documental.
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En el informe se subraya además que su marido, con el que está casada en régimen de separación de bienes, no se inhibió del expediente pese a su relación de parentesco con la adjudicataria, una circunstancia que no fue comunicada por el técnico gestor del expediente, ni verbalmente ni por escrito a ningún superior jerárquico ni subordinado de la organización y siguió interviniendo hasta visar el contrato.
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Elsa Lloret, propietaria en Les Naus y mujer del funcionario de Vivienda acusado de validar visados irregulares, no respondió a la conselleria al pedírsele que completara la documentación con la relativa a su marido
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El requerimiento para completar la documentación fue efectuado a la adjudicataria el 9 de febrero, como al resto de propietarios entre los que surgieron dudas en Vivienda. Once días después, la funcionaria municipal presentó un escrito solicitando ampliación de plazo para contestar al requerimiento y, a su vez, anunciando su intención de renunciar a la vivienda adjudicada.
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Posteriormente, Vivienda realizó un segundo requerimiento el 26 de febrero, solicitando los datos económicos y de propiedades del resto de miembros de la unidad de convivencia. La arquitecta, con todo, no contestó a la petición de información necesaria para confirmar que cumplía con los requisitos.
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Elsa Lloret, como arquitecta municipal en la Concejalía de Urbanismo, recibió recientemente órdenes para que se abstenga de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas de protección pública. Así, se le han restringido las funciones mientras se instruye el expediente abierto contra ella por el Ayuntamiento de Alicante.
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La arquitecta, que arrancó el mandato en el departamento de Obras y Actividades de Urbanismo, ha sido una de las beneficiarias de viviendas en Les Naus que ha trasladado su voluntad de «devolver» su piso junto a al menos otros cuatro adjudicatarios.
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Sira Pérez
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Otra de las adjudicatarias llamadas a declarar como imputadas es Sira Pérez, actual tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan (tomó posesión el pasado mes de octubre) y exinterventora de la Generalitat (un cargo que ocupó los seis años anteriores). La habilitada nacional, sobre el papel, reside en su piso de Les Naus junto a sus dos hijos. Según la documentación, Vivienda también sostiene que no ha podido confirmar que la funcionaria cumpla con los requisitos al no disponer de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge. El informe recoge una «presunta omisión de datos esenciales para verificar el cumplimento de requisitos de acceso a la vivienda de protección pública«. Sólo los ingresos que reconoce la tesorera ya rozan el máximo legal (de unos 58.000 euros, al tener dos hijos), al margen de lo que pueda aportar el marido a la unidad familiar.
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Sira Pérez, ahora tesorera en Sant Joan, está acusada de prevaricación por la adjudicación en un contrato relativo a instalaciones deportivas en Crevillent
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Por otra parte, tras conocerse que también es una de las vecinas del residencial, se supo que la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan está acusada de prevaricación en un asunto que la sentará en el banquillo junto a varios cargos de la corporación de Crevillent. En esa causa se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación y prórroga del contrato del servicio de conserjes y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de Crevillent, externalizado a la empresa Tot Sport Crevi S.L., vinculada al entorno familiar del entonces coordinador de Deportes del Ayuntamiento, Francisco Manuel Serna González. Pérez está imputada por haber formado parte de la Mesa de Contratación que validó algunas de las decisiones ahora cuestionadas judicialmente.
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El suegro de Rocío Gómez y otros siete vecinos más
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Entre los imputados en la causa de Les Naus se incluye también al suegro de Rocío Gómez, la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, propietaria a su vez en el residencial. La Conselleria de Vivienda ha podido constatar que, pese a que presentó la solicitud de forma individual, se encuentra casado en régimen de gananciales y es propietario de pleno dominio de más inmuebles. Además, pese a habérselo requerido la Generalitat, ha evitado declarar los ingresos de su cónyuge, haciendo imposible que los técnicos autonómicos comprobaran si el matrimonio respeta el máximo estipulado en la normativa vigente, según un informe que forma parte de la causa judicial.
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Según Vivienda, el suegro de Rocío Gómez no cumple ya que la unidad familiar es propietaria al menos de otro piso
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El suegro de la exconcejala Rocío Gómez consta como el único declarante de su expediente, pese a estar casado. Al detectar que no se habían computado los ingresos de su cónyuge, la conselleria le requirió, el 9 de febrero, que aportara los datos correspondientes. Diez días más tarde, el 19 de febrero, el beneficiario evitó aportar la declaración de su esposa y se escudó en que ella reside en otra vivienda.
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Esta negativa a facilitar la información solicitada impidió a los técnicos municipales constatar si cumplen con el requisito de no superar en 6,5 veces el IPREM, cuando únicamente los ingresos de él (casi 45.000 euros al año) ya multiplican este indicador por 5,31. No obstante, los funcionarios de Vivienda sí comprobaron que el matrimonio es propietario en pleno dominio de al menos otra vivienda, una de las condiciones que impiden ser adjudicatario de un inmueble protegido, y concluyeron que, por tanto, el suegro de Rocío Gómez no cumple con los requisitos para ser vecino de Les Naus.
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Datos que lo cambian todo
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Otra de las vecinas de Les Naus que no ha podido demostrar, pese a los requerimientos de Vivienda, que cumple con los requisitos que se incluyen en el decreto de vivienda protegida de la Generalitat tiene vínculos con Alemania. Una de las beneficiarias de la promoción, que accedió a la vivienda omitiendo igualmente la figura de su marido dentro de la unidad familiar, declaró unos ingresos de cero euros anuales.
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Tras una petición de la conselleria, presentó un certificado de la Agencia Tributaria aludiendo que no tributa en España porque reside en Pentling, Alemania. Ante estos hechos, la conselleria le requirió los beneficios obtenidos en el país germano por parte de ambos cónyuges, pero ella solo aportó los suyos: unos 57.000 euros al año.
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Otro de los propietarios también imputados tampoco cumple con todos los requisitos exigidos, según el informe de Vivienda, ya que su mujer es titular del 100 % del pleno dominio de otra vivienda. En este caso, los propietarios sí cumplían el requisito económico, ya que entre la pareja ingresaban apenas 20.000 euros al año.
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Tampoco cumple, tal y como recoge Vivienda en un informe clave, una propietaria, madre de tres hijos. Pese a sus reducidos ingresos anuales (de apenas 10.000 euros) para ser propietaria de una vivienda que supera los 220.000 euros, la conselleria comprobó que su marido es titular del 100 % del pleno dominio de una propiedad en Alicante.
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Otro vecino, también llamado a declarar como imputado, se demostró que no cumplía los requisitos ni de ingresos ni de propiedades. El informe recoge que el propietario y su mujer, casados en régimen de separación de bienes, cuentan con unos ingresos que en total superan los 76.000 euros y además comparten la propiedad de otra vivienda.
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Otra de las propietarias cumpliría con el requisito económico al tener como ingresos cero euros. Sin embargo, en la documentación facilitada en un primer momento a Vivienda no se incluían ni los ingresos ni las propiedades de la otra persona que forma parte de la unidad de convivencia, que posteriormente se supo que es dueño de otro piso, también de protección pública.
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Los dos últimos imputados, del total de quince ordenados por la jueza que investiga el caso de Les Naus, son una pareja, que esta vez comparten la propiedad de la vivienda. En la documentación inicial del expediente, no constaba que se hubiera realizado ninguna consulta a la Agencia Tributaria sobre los ingresos de 2023 de ninguno de los dos adjudicatarios. Sin embargo, tras el trámite realizado a principio de febrero, Vivienda supo que los ingresos totales de la unidad de convivencia superaban los 61.000 euros, rebasando así el límite máximo de ingresos que equivaldría a 56.280 al ser la pareja padres de un hijo.
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Requisitos en la Comunidad
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Según el decreto de vivienda protegida en vigor para los propietarios de vivienda en Les Naus, que fue el aprobado por el gobierno de Mazón en diciembre de 2024 ya que las solicitudes de visados fueron posteriores a esa fecha, las personas que aspiren a adquirir una vivienda protegida deben cumplir, entre los requisitos generales, con ser mayor de edad o menor emancipado, tener nacionalidad española o residencia legal en España y no ser titular del pleno dominio de otra vivienda en todo el territorio nacional.
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Los interesados en un piso protegido no pueden ingresar más de 54.600 euros como unidad familiar ni tampoco disponer de más viviendas en propiedad
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En cuanto a las exigencias económicas, para acceder a una vivienda de protección pública es necesario que los ingresos de la persona, unidad familiar o de convivencia no superen los siguientes límites con los ajustes y excepciones previstos en el presente decreto. En el caso de viviendas de protección pública de régimen general son 6,5 veces IPREM, ahora fijado en 8.400 euros. Por lo tanto, la renta máxima básica sería de 54.600 euros.
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Ese límite se incrementa de forma acumulada atendiendo a la situación específica de cada unidad familiar o de convivencia. Es decir, en 0,5 veces el IPREM por cada persona integrante de la unidad familiar o de convivencia que tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento; en 0,2 veces el IPREM por cada persona menor de edad a cargo en la unidad familiar o de convivencia, siempre que se trate de un descendiente en primer grado o de una persona en acogimiento familiar; en 0,2 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años integrante de la unidad familiar o de convivencia, y finalmente en 0,5 veces el IPREM por cada persona mayor de 18 años y de hasta 35 años inclusive, integrante de la unidad familiar o de convivencia.
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