La Casa Blanca ha asegurado este domingo que la redada realizada esta pasada tarde por la Guardia Costera estadounidense al petrolero ‘Centuries’ cerca de Venezuela cae dentro de la ley a pesar de que el barco no aparece en la lista de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Según informa Europa Press, la portavoz adjunta de la Casa BlancaAna Kelly, ha indicado que el petrolero «transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones» (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que «es un buque de bandera falsa que operaba como parte de la flota sombra venezolana para traficar petróleo crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista» del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Kelly publicó este mensaje en X para responder a una serie de informaciones del ‘New York Times’ y el ‘Washington Post’ que ponía en duda la legalidad de la operación. Los ‘Centuries’, según fuentes del diario neoyorquino, pertenece a un comerciante con sede en China, especializada en el traslado de crudo desde Venezuela a las refinerías del gigante asiático. Además, el barco tiene bandera panameña, a diferencia del caso del petrolero ‘Skipper’, abordado por Estados Unidos el 10 de diciembre, que había sido sancionado por Hacienda y que, además, no estabaNavegó con bandera falsa de Guyanasegún lo indicado por sus autoridades.

derecho de visita

Para complicar aún más la situación, fuentes oficiales han confirmado al ‘New York Times’ que la Guardia Costera no tenía orden de registro para entrar en el ‘Centuries’ e investigar su cargamento. como pasó con el ‘Skipper’. El petrolero transportaba unos dos millones de barriles de crudo venezolano, según fuentes de la agencia Bloomberg, y entre su tripulación están unos 40 marineros, la mayoría de nacionalidad china. Dadas estas circunstancias, fuentes oficiales estadounidenses, que solicitaron el anonimato, explicaron al periódico ‘Washington Post’ que el abordaje de la Guardia Costera estadounidense está realmente protegido por el derecho marítimo. conocido como «derecho de visita»por el cual un buque de guerra puede realizar una inspección a un buque con sólo la mera sospecha de que está involucrado en actividades ilícitas.

Por todo ello, el Gobierno de Venezuela ha acabado condenando directamente la incursión como un «robo» de sus bienes y un «secuestro» acompañado de la «desaparición forzada de sus tripulantes, cometido por militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales», se lee en el comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro. Autoridades venezolanas lo han calificado de «piratería» Esta nueva confiscación que, a juicio de Caracas, incumple varias normas del Derecho Internacional y representa una «comisión flagrante» de un «crimen».

El Ejecutivo venezolano «tomará todas las acciones apropiadas» para que estos hechos no queden «impunes», incluida la presentación de una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. La Embajada de China en Washington ha explicado a la agencia Bloomberg que no tiene ninguna información que facilitar sobre el abordaje del ‘Centuries’ y se ha limitado a recordar su posición oficial sobre Venezuela. «Por principio, China se opone firmemente a las sanciones unilaterales y esta ‘jurisdicción de largo alcance’, que no tiene base en el derecho internacional y no está autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU», declaró el portavoz de la embajada, Liu Pengyu. «Venezuela tiene derecho a buscar una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países según sus propias decisiones», añadió.