El futuro de la reforma de la jornada laboral de Yolanda Díaz Atisba es un final abrupto. Las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley presentada por PP, VOX y juntas han dejado la medida sin oxígeno y todo indica que finalmente disminuirá si la formación de independencia no cierre un acuerdo por sorpresa para eliminar su veto a cambio de una nueva expansión previa. El último día del período y con argumentos similares, las tres formaciones han presentado sus objeciones, que ahora serán votadas con muchas posibilidades para salir adelante, ya que agregan una mayoría absoluta de 177 escaños. La consecuencia de esta victoria sería doble: la ley sería devuelta al gobierno y terminaría su procesamiento parlamentario. Díaz no arroja la toalla y mantuvo la esperanza de que todavía haya «margen de negociación».

Pero visto lo que se ve, no parece que haya rutas de negociación abiertas. El texto de las Junts Enmienda afirma al gobierno para abrir un proceso de diálogo social social «real y riguroso» para reducción de la reducción de la jornada laboral, dado que la situación económica global ha cambiado y hace que sea necesario un análisis exhaustivo de las políticas que puedan comprometer la viabilidad de las PYME. También requiere que se negocie una reducción de día más «flexible, equilibrada y gradual» y coincida con el empleador, asegurando que «solo el acuerdo entre los trabajadores y la compañía» pueda garantizar que progrese en ese sentido.

En su opinión, reducir por ley, la jornada laboral «puede conducir al efecto opuesto para los deseados», con un impacto desigual, tanto el sector como los territorios y con mayores dificultades de aplicación en el alcance de las microempresas y las PYME. Todas estas apreciaciones parecen incompatibles con lo que Díaz defiende y quiere aprobar.

En la misma línea, la enmienda del PP justifica el veto en el que la reducción del día ha sido aprobada «aparte del diálogo social», sin tener al empleador, sin respetar la negociación colectiva en empresas que ya han acordado un día o tener en cuenta la situación económica de cada sector. El texto afirma que el estándar «se basa en pequeños argumentos rigurosos y populistas», sin evaluar el impacto en la actividad y el empleo de los cuales el CEO, Cepyme, AT y Fedea, entre otros organismos, y defiende que la reducción del día debe discutirse junto con otros elementos como la productividad, el ausentismo o la reducción de la buroucracia.

Por lo tanto, aboga por una implementación «gradual, progresiva y flexible» que tiene en cuenta otras medidas, como crear un «banco de horas», al tiempo que cobra contra el reemplazo del registro del tiempo con un «más estricto, intervencionista e intervencionista digital y con sanciones desproporcionadas por incumplimiento». En las antípodas del proyecto de ley.

El PP también recuerda que el Consejo Económico y Social (CES) emitió una opinión que firmó tanto a los sindicatos como a los empleadores en la que recomienda una reducción del día progresivo, con una aplicación flexible por parte de los sectores y que contempla la compensación por los costos asociados. Critica que el proyecto de ley que alcanzó el CES carecía de un análisis económico y considera que «el hecho de que tanto los sindicatos como los empleadores respalden la opinión muestran que el enfoque del proyecto de ley en los términos estrictos en los que se concibe actualmente no puede prosperar».

Por su parte, Vox alega que la «reducción forzada» de la jornada laboral implicará un aumento en los costos laborales, lo que erosionará la productividad de las empresas españolas, que ya está por debajo del promedio, y aumentará la precariedad laboral. Específicamente, Vox dice que las «grandes lesionadas» serán las PYME, que verán «en riesgo» su viabilidad económica, así como los sectores con la mayor cara a cara, como el comercio minorista, el sector inmobiliario o la restauración. Para la capacitación, esta medida «tiene como objetivo introducir un debate artificial sobre las necesidades de los trabajadores nacionales, centrándose en el tiempo de trabajo» en lugar de en la inestabilidad laboral o en los salarios. «Los españoles les permiten trabajar menos».

El proyecto de ley para reducir el día de trabajo a 37.5 horas por semana llegó al Congreso el 13 de mayo y es procesado por el procedimiento de emergencia, a pesar de lo cual la mesa de la cámara ya se ha extendido cuatro veces la fecha límite para la presentación de enmiendas parciales, la última hasta el 25 de junio.