El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha elevado 25.000 a 105.000 euros indemnización por daño moral otorgada a un empleado bancario que sufrió una prolongada campaña de acoso laboral. La sentencia, que sienta un precedente sobre la gravedad de la degradación profesional y acoso psicológico, reconoce el continuo sufrimiento del trabajador, que tuvo que ser dado de alta en varias ocasiones por síntomas de ansiedad reconocido como accidente de trabajo.

El fallo destaca que la compensación económica debe ser proporcional al daño causado y tener un verdadero efecto disuasorio para empresas.

El conflicto se remonta a 2017, cuando el trabajador, con categoría de administrador de empresa y relación laboral comenzó en 2005, informó que no podía asistir a reuniones no oficiales fuera de su horario debido a responsabilidades familiares. A partir de ese momento, según detalla el tribunal, se inició una dinámica de acoso por parte de la gerencia.

En octubre de ese mismo año, el empleado inició su primera licencia por ansiedad, indicando por escrito a Recursos Humanos que Su condición fue consecuencia directa del acoso.

Una degradación profesional sistemática

Tras su reintegro, inició lo que el tribunal clasifica como conducta empresarial que viola derechos fundamentales. El trabajador era sistemáticamente privado de sus funciones de directivo y asignado a tareas de dirección. calificación inferiorcomo cubrir puestos de caja o sustituciones, sintiéndose, según sus propias palabras, «como un becario».

Esta degradación se vio agravada por la constante reubicaciones entre oficinas, con viajes de hasta 200 kilómetros diarios pagado de su propio bolsillo.

La situación se vio agravada por evaluaciones de desempeño negativas y descontextualizadas, incluso durante períodos de licencia médica, que afectaron directamente su posición en el futuro. Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El trabajador sufrió tres procesos de incapacidad temporal por ansiedad, todos catalogados como accidente. Finalmente, y pese a incorporarse voluntariamente al ERE y recibir una indemnización por ello, decidió presentar una demanda por daño moral y daño irreparable a su carrera profesional.

El TSJR consideró que los 25.000 euros fijados en primera instancia eran claramente insuficiente. El tribunal valoró la prolongada duración de la conducta abusiva, las graves consecuencias para la salud mental del empleado, el impacto en su entorno familiar y, especialmente, la pérdida irreversible de su proyección profesional después de años de trato degradante.