España ya se enfrenta a una factura de 2.300 millones de euros derivado del conflicto internacional por los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década. Una deuda millonaria que sigue creciendo a causa de intereses, costas judiciales y nuevas sentencias en tribunales extranjeros, y que amenaza con traducirse en embargos de bienes públicos en distintos países.

El último revés judicial proviene de Estados Unidos, donde el Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha ratificado una nueva sentencia contra España que plantea 75 millones de euros (88,4 millones de dólares) la cantidad a pagar a los acreedores internacionales.

Golpe de Estado en EE.UU.: pago inmediato

La resolución, firmada el pasado 3 de febrero por el juez Carl J. Nicholsrechaza el último recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ordena la ejecución del laudo arbitral como si se tratara de una sentencia firme de un tribunal federal estadounidense.

La sentencia supone un duro correctivo para el Ejecutivo, al eliminar cualquier margen de maniobra para retrasar el pago. Además, el tribunal advierte que la deuda seguirá aumentando con intereses de demora hasta que España pague la totalidad del importe.

El caso se remonta a 2013cuando el fondo RREEF decidió acudir a un arbitraje internacional tras la retirada de las primas a las energías renovables aprobadas durante la crisis económica.

En 2019él Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)un organismo dependiente del Banco Mundial, acordó con el inversor y fijó una compensación inicial de 59,6 millones de eurosque con los intereses acumulados ya supera 75 millones.

El Gobierno español ya había sufrido un primer revés en noviembre, cuando el Tribunal de Columbia condenó al Estado a pagar. Sin embargo, el Ejecutivo intentó frenar la ejecución alegando inmunidad soberana, argumento que ahora ha sido rechazado definitivamente.

Bélgica: embargos por casi 500 millones

La batalla judicial entre España y los inversores internacionales se extiende por varios continentes. En Bélgicalos acreedores ya han logrado el embargo de 482 millones de euros vinculado a indemnizaciones impagas relacionadas con el mismo conflicto energético.

Estas decisiones judiciales han aumentado la presión sobre el Estado español, al demostrar que tribunales extranjeros están dispuestos a ejecutar medidas coercitivas para garantizar el cobro de las indemnizaciones.

Australia cede paso a los embargos

La batalla legal también ha llegado Australiadonde una decisión del Tribunal Supremo ha abierto la puerta al embargo de activos españoles por valor 469 millones de euros.

La resolución supone un nuevo frente judicial para España, que ve cómo el riesgo de embargo de bienes públicos se expande fuera del ámbito europeo.

Reino Unido, tras el Instituto Cervantes

en eso Reino Unidolos tribunales han dictado sentencias que incluyen la posibilidad de embargo de bienes del Estado español. Entre los activos identificados se encuentra incluso la sede londinense del Instituto Cervantesuno de los principales instrumentos culturales de la acción exterior española.

El conflicto por los recortes a las renovables se ha convertido en una de las mayores disputas internacionales a las que se ha enfrentado España. La retirada de incentivos aprobada en plena crisis económica provocó una cascada de demandas de inversores extranjeros que consideraron vulneradas sus garantías legales.