«Si el ministro de transición ecológica no sabe que su gobierno aumentó un 30% en 2024, el costo de desmantelar y gestión de residuos (tasa de enresa) y el IVPEE del 3.5% al ​​7%, es un problema. Si lo sabes, hoy has mentido sin desaliñado«. Así, el presidente de Extremadura dijo el miércoles, María Guardiola, a una de las muchas declaraciones sobre la energía nuclear que ha realizado Sara Aagesen Esta semana, los últimos en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado.

El sucesor de Teresa Ribera ha variado ligeramente el discurso del gobierno en un momento en que la cercanía del cierre es movilizar el área y el «consenso social» que Ribera manejó para justificar el cierre ya no es el indicado. Estos han sido los ejes de sus últimas declaraciones y apariencias y las razones por las cuales el sector y el gobierno extremado dicen que se encuentra o dice la mitad de las verdades:

El gobierno no tiene nada que ver con el cierre

Antes de los senadores, Aagesen repitió nuevamente lo que su departamento transmitió después de la manifestación en Almaraz: que el calendario cerrará todas las centrales entre 2027 y 2035 es algo exclusivo de las empresas. Según Aagesen, «el gobierno no lo puso sobre la mesa» pero los propietarios estuvieron de acuerdo «y Enresa (la compañía pública a cargo de los desechos) facilitó las negociaciones». Las compañías en efecto lo firmaron en 2019, pero desde el sector afirman que entonces el momento era muy diferente: por un lado, la Coalición PSOE-Podos llegó a aumentar el cierre inmediato, y por el otro la crisis energética después de la guerra de Ucrania ha cambiado la junta.

Por otro lado, en su intento de ignorar el cierre, Aagen olvidó mencionar que del empleador de las compañías patentadas proponen «Establecer un diálogo con el ministerio para analizar conjuntamente la situación «recordar que»La política energética es responsabilidad del gobierno«. A pesar del intento de vender lo que sucederá como una decisión comercial exclusivamente comercial, la verdad es que el Plan Nacional para la Energía y el Clima (PNIEC) lo contempla, el último plan de desechos nucleares también certificó el cierre y la Orden Ministerial con la última La autorización para Almaraz decreta su apagón en 2027. Las fuentes del sector defienden eso para continuar lo primero que debería ser que el gobierno lo revoque.

Sin impuestos adicionales

En la batalla entre el gobierno y las empresas, este último se ha quejado de la «asfixia fiscal» que la nuclear sufriría y su último mensaje ha sido que si no hay movimiento a este respecto, el cierre será inexorable. Mientras tanto, Aagesen habló en el Senado de «información falsa» y señaló que «la impuestos no ha cambiado con este gobierno». Sin embargo, el sector señala que la presión fiscal ha aumentado en cinco años del 70 por ciento, incluidas tasas e impuestos. Entre estos últimos, indican el valor del valor de la producción de electricidad, que habría recaudado 2.30 euros por MW/ha, el actual 4.85 después del gobierno lo redujo por la crisis energética. También incluyen el Impuesto a la producción de combustible nuclear neblosoque habría aumentado 4.49 euros por MW/ha 5.17 hoy. Aagen negó la mayor afirmación de que ambos impuestos Fueron implantados por el gobierno de Mariano Rajoy En 2012, arrojando nuevas bolas de la gerencia ejecutiva. La industria insiste en que la política fiscal que decide que es el gobierno y denuncia sobre este último impuesto que, aunque en su día se creó como «complemento» para los costos futuros de desmantelamiento, su recolección de hoy no está dedicada a él.

«Quién contamina, paga»

En su argumento, AageSen se negó a incluir la tasa de enresa llamada SO, el pago anual realizado por los propietarios de la nuclear para la gestión de residuos, entre los costos fiscales de las empresas. Afirmó que no es un impuesto, sino una consecuencia del máximo «que contamina paga»: «:»¿Quieres que los 20,000 millones tengan que pagar a los españoles?«Se preguntó acerca de los costos estimados del desmantelamiento futuro de los reactores. Si bien es cierto que estrictamente hablando no es un impuesto, su aumento en estos años ha caído como un bien en los costos fijos de los propietarios.

En 2019, en paralelo con el calendario de cierre, se acordó un aumento máximo del 20 por ciento de la tasa de enresa, que se llevó a cabo en 2020. Sin embargo, el año pasado el ejecutivo acordó un Aumento unilateral del 30 por ciento Justificarlo para el aumento de los gastos futuros después de la decisión de prescindir del almacén temporal de Villar de Cañas y optar por almacenes individualizados hasta la creación de uno permanente en 2073. Las empresas reaccionaron llevar al gobierno a los tribunales, una batalla que aún es en marcha, antes de una violación de las condiciones por una decisión estrictamente política (y cuestionada por los expertos). Estiman que el aumento es de 130 millones de más por año.