El Sabadell carga contra la metodología de la CNMC para aprobar la OPA

La decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para autorizar con condiciones supuestas para BBVA, la OPA lanzada hace casi un año en Banco Sabadell ha provocado una ola de rechazo, en la entidad optada y, sobre todo, en el ala izquierda del gobierno y los sindicatos. Desde el Sabadell reaccionaron a la decisión inmediatamente después de conocer la decisión de competencia, a la que tanto la metodología utilizada como por la falta de demanda con respecto al impacto que la operación tendrá en la capacidad de crédito de las PYME ha criticado.
Sobre todo, se cargan contra la contradicción con la que la agencia presidida por Cani Fernández da Luz Verde a la operación. Las fuentes bancarias catalanas critican que, aunque el CNMC reconoce explícitamente que «la operación representa una amenaza para una competencia efectiva en los bancos minoristas y los servicios de pago», entonces no se imponen condiciones de «exigencia lo suficiente» para resolverla y exigir que BBVA informe con «mayor transparencia» a los accionistas. Entienden que la metodología para analizar la unión de las dos empresas bancarias para las PYME que «no es adecuada» y que, por lo tanto, «no permite saber las consecuencias que esta concentración tiene para esos clientes».
Sabadell también recuerda que la decisión de la competencia es «un paso más» en los plazos para la aceptación de la OPA, que será cuando los accionistas tendrán que decidir si aceptan o rechazan la oferta de BBVA. «En ese momento, el BBVA debe haber puesto a disposición de los accionistas de Banco Sabadell de manera clara y transparente toda la información detallada de la operación que aún no ha publicado». También afectan el Sabadell de que la oferta de BBVA es un «prima negativo para los accionistas», alrededor del 7% que, con los valores de mercado actuales, «perdería dinero y la operación no sería rentable».
La causa de Sabadell fue secundada ayer por el Ministro de Trabajo, Yolanda Díaz. Eso formalizó su «no» a la operación que exigía paralizarla en el Consejo de Ministros. Díaz describió la decisión como una «muy mala noticia» porque lo que hace es «reforzar aún más el oligopolio financiero que existe en España y agudizar el riesgo sistémico que la Comisión Europea ya ha advertido».
Por otro lado, los Secretarios Generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, también fueron contrarios a la decisión de CNMC porque perjudica a los trabajadores, al sector y a los intereses de los ciudadanos. «Debemos evitar que en España se continúe un proceso de concentración financiera que sea contraproducente con los intereses de los trabajadores, de las instituciones financieras, con los intereses de la ciudadanía al acceder a los servicios financieros y con los intereses de las empresas», dijo Sordo. Por su parte, Álvarez advirtió que traerá «consecuencias indeseables y no contribuye nada positivo».
La protesta de Sabadell también ha sido apoyada por el presidente de la Autoridad de Competencia Catalana (ACCO), Roger Loppacher, quien dijo que las condiciones impuestas son «insuficientes» para mitigar las posibles desventajas para los consumidores. «Desde nuestro punto de vista, estos» remedios «no pueden descartar el riesgo potencial de competencia». La persona a cargo de la agencia ha enfatizado insistió en que estas demandas son «de comportamiento, no estructurales y son temporales».
Por su parte, BBVA ha celebrado la decisión y enfatizó que la fusión «favorece la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a las PYME y los autos empleados». El presidente de la entidad, Carlos Torres, reiteró que los compromisos adquiridos son «adecuados, suficientes y proporcionados» y «preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tenemos una mayor presencia, como Cataluña».
Fuentes del Ministerio de Economía insistieron ayer que analizará «con rigor y detalle» la resolución y solicitaron «máxima prudencia» para tener toda la información antes de resolver si la decisión final se plantea al Consejo de Ministros.
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