La autoridad de defensa del cliente financiero fue uno de los proyectos estrella de Nadia Calviño, ex vicepresidente y ministro de economía. Un nuevo supervisor considerado «prioridad» para el gobierno de Pedro Sánchez y eso serviría para resolver en un solo organismo todas las reclamaciones presentadas por usuarios contra bancos, aseguradoras y compañías de inversión, que ahora se distribuyen, según sea el caso, entre los Banco de España, Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin embargo, su creación aún se desconoce y no hay fecha para el momento para continuar a pesar del impulso que también quería dar a su sucesor, Carlos Body.

En la legislatura anterior, la ley que creó este supervisor estaba a punto de avanzar en el Congreso de Diputados, pero luego Pedro Sánchez convocó las elecciones y fue al traste. Luego, Calviño se dirigió al Banco Europeo de Inversiones y dejó su proyecto Star. El organismo de Carlos ocupó y ocupa la cartera de economía y se propuso aprobar la autoridad del cliente financiero.

En marzo de 2024, el Ministerio y el Moncloa anunciaron nuevamente Bombo y encuestó el lanzamiento de este nuevo supervisor que concibe el rechazo de todo el sector financiero; Incluso instituciones como el CNMV y el Banco de España han mostrado sus dudas sobre el modelo.

Desde entonces, apenas ha avanzado su procesamiento en el Congreso de Diputados, donde está atrapado esperando que sea impulsado. Se dio a la medida. Incluso el pronóstico era aprobado en 2024, algo que pronto se vio que no iba a ser viable. Las fuentes parlamentarias sugieren que el gobierno está expuesto a problemas de procesamiento en el Congreso, ya que existe un alto riesgo de que no continúe debido a las dificultades parlamentarias que tiene el ejecutivo de Pedro Sánchez, que necesita partes como ERC, juntas o PNV para avanzar.

El ministerio enfatiza ahora, más de un año después, que la norma «sigue siendo una prioridad para el gobierno» y que su intención es que se pueda aprobar en las cortias «lo antes posible». Pero en esta ocasión son cautelosos sobre los plazos y no se pronostican cuando se le puede dar luz verde.

El atasco de tráfico se está produciendo en la Comisión de Economía del Congreso, donde la reticencia de los grupos parlamentarios es una realidad. La fecha límite para presentar enmiendas terminó. Y ahora están en negociaciones durante semanas de las enmiendas transaccionales. El camino en la comisión todavía está previsto. Por el momento, el gobierno parece haber ganado el favor de ERC al acordar incluir en esta ley que promueve el Instituto Catalán de Finanzas como banco público. Pero el ejecutivo debe ir más allá.

Cuando en la legislatura anterior estaba a punto de salir adelante, el partido popular no puso problemas insuperables para la aprobación y, de hecho, se abstuvo. Esa posición del PP se convirtió en una oposición en la segunda mitad de 2024 y llegó a presentar una enmienda a la totalidad para derribar la autoridad que fue rechazada por el Congreso de Diputados. El rechazo del PP, en este momento, es inamovible.

El nuevo supervisor

Con la creación de esta agencia, los usuarios financieros podrían presentar sus reclamos en la esfera de inversión bancaria, seguros y financieras ante una sola agencia que cumplirá con los reclamos de forma gratuita y dentro de un período máximo de 90 días. Las resoluciones serían obligatorias para la entidad financiera cuando el monto reclamado es menor que 20,000 euros.

Se financiaría con una tasa que pagarían las entidades financieras y que sería variable dependiendo del número de reclamos para cada entidad y las resueltas a favor del cliente.