El Supremo de EEUU despeja a Trump el camino para despidos masivos de funcionarios y amplia su poder frente al Congreso
El Tribunal Supremo de Estados Unidos sigue despejando el camino a Donald Trump para que el republicano implemente la agresiva agenda de su segundo mandato y rehaciendo a su favor y ampliando los poderes de la presidencia. Este martes, el Alto Tribunal dio luz verde a los despidos masivos de funcionarios y la reestructuración o incluso eliminación completa de agencias, que puede realizar incluso si no lo ha autorizado el Congreso.
Aunque se trata de una orden sin firmar, se sabe que dos de las juezas progresistas, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, se sumaron a sus seis colegas conservadores y solo la magistrada Ketanji Brown Jackson escribió una opinión de disenso. Ese voto de Sotomayor y Kagan se explica porque la decisión no entra en determinar si son legales los planes específicos de despidos y reestructuración, que podrían ser frenados tras la resolución del caso en instancias inferiores o por otras demandas.
Los ocho magistrados, no obstante, retiran un obstáculo para Trump. Y determinan que “el gobierno probablemente tendrá éxito con el argumento de que son legales la orden ejecutiva y el memorando” que el republicano firmó en febrero, instando a agencias federales a trabajar con DOGE, el mal llamado “Departamento” de Eficiencia del Gobierno a cuyo frente puso a Elon Musk y que planteó profundos recortes en el gobierno.
Este espaldarazo del Supremo a Trump llega unas semanas después que los seis jueces conservadores debilitaran otra salvaguarda de la separación de poderes al restar a instancias judiciales inferiores la capacidad de frenar siquiera temporalmente algunas de las acciones del presidente, salvo mínimas excepciones.
En esa ocasión, el caso en el centro de la decisión toca el intento de Trump de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento, uno de los elementos de su agenda contra la inmigración.
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a 820.000 de esos trabajadores públicos, denunció el martes la última decision del Supremo como “un serio golpe a la democracia” que “pone en grave peligro servicios de los que depende el pueblo estadounidense”.
La jueza Brown Jackson, que ha empezado a destacar por firmar las opiniones más críticas con la mayoría conservadora, ha escrito que es “la decisión equivocada en el momento equivocado, especialmente dado lo poco que este tribunal sabe de lo que está pasando sobre el terreno”.
La magistrada, que está de gira promocional de un libro de memorias, se está significando por opiniones especialmente y declaraciones públicas especialmente duras. Ha llegado a decir que las decisiones de la supermayoría representan “una amenaza existencial al Estado de Derecho” y están creando “una zona sin ley en la que el ejecutivo tiene la prerrogativa de seguir o ignorar la ley como le apetezca”, palabras que provocaron una respuesta de recriminación de la jueza Amy Coney Barrett.
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