El contrato, que costará 8,500 euros por mes por cada prisionero, permitirá a Suecia alquilar 400 celdas en la prisión de Tartu desde 2026, una medida que el Ministro de Justicia Gunnar Strömmer defiende como necesario para «aliviar significativamente» el sistema.

Este acuerdo marca un giro radical en el enfoque sueco, que pasó del cierre de las cárceles debido a la falta de reclusos para enfrentar un crecimiento explosivo de su población criminal. Su sistema, antes de centrarse en la reintegración social, ahora prioriza el aislamiento de los convictos.

Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la transferencia de prisioneros de 400 km de sus redes familiares

Emelí Lönnqvist, investigador de la Universidad de Estocolmo, advierte que Suecia está replicando el modelo estadounidense fallido de encarcelamiento masivo: «Es aterrador que esto suceda sin debate. Sabemos que la situación lo empeorará», dijo a Guardian.

La crisis penitenciaria sueca se ve agravada por un aumento sin precedentes en el crimen violento, particularmente entre las pandillas juveniles. Las proyecciones oficiales indican que la población carcelaria podría quintuplarse para 2034, de 7,800 a 41,000 personas, lo que hace que el acuerdo con Estonia sea un paliativo temporal.