Entre el último trimestre de 2020 y el segundo de 2021, los menores de 35 años duraron más del 50% de los trabajos destruidos, y lo hicieron en ese momento solo constituían el 26% de la fuerza laboral. Además, durante esos meses de confinamiento, la probabilidad de despido siguió a una tendencia inversa a la edad, ya que solo el 37% de los menores de 20 años lograron mantener su empleo, en comparación con el 77% de los trabajadores mayores de 50 años.

Paradójicamente, los jóvenes fueron los que menos se beneficiaron de los planes de ayuda que mostró el gobierno, ya sea los archivos temporales de regulación laboral (ERTE) o el rango de compensación que existía para los despedidos (pensiones, subsidios, beneficios …). Vale la pena estos datos, y aunque la tasa de protección de los niños menores de 20 años fue del 51%y la de la franja entre 20 y 24 años en el 73%, la de los mayores de 35 años fue superior al 90%. Es decir, los jóvenes fueron despedidos enormemente y una buena parte de ellos no recibió ninguna compensación a cambio.

Los datos son de Fedea, el ‘grupo de expertos’ de las compañías de IBEX, que ayer publicó un estudio sobre el efecto de la pandemia sobre el empleo joven de los datos de la muestra continua de la vida laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Que los jóvenes son la parte débil del mercado laboral es algo que en cualquier caso ya se conoce. Emancipan el promedio a los treinta años y, en promedio, ganan 1,558 euros brutos por mes, un 27% por debajo de los datos generales. Hace unos meses, de hecho, Fedea publicó otro informe que reveló que el alquiler de niños menores de treinta años ha caído un 10% desde 2008, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado en un 8%.

La novedad del informe publicado ayer, sin embargo, es que revela hasta qué punto los jóvenes están más expuestos a ‘shoks’ que los ancianos y el sistema de protección laboral sufre un sesgo que favorece a los últimos y penaliza a los primeros. Para explicarlo, los investigadores de Fedea distinguen entre los dos tipos de mecanismos que estaban al alcance de las empresas y los empleadores durante la pandemia, Erte y otros beneficios de desempleo.

En el caso de Erte, la literatura científica es clara y estima que la tasa de desempleo en nuestro país en los meses posteriores a la pandemia habría sido hasta cuatro puntos porcentuales más altos de no activar esa solución. Sin embargo, y está la novedad, el estudio de Fedea ha descubierto cómo el mecanismo castiga a aquellos que sufren contratos más precarios, que en nuestro país son jóvenes. En el primer trimestre de 2020, justo antes de que explotara la pandemia, el 47% de los trabajadores jóvenes tenían un contrato temporal, en comparación con el 25% en promedio en la población en su conjunto, una circunstancia que explica la baja protección bajo el paraguas de Erte (con tasas de cobertura de menos del 40%), además de un mayor riesgo de terminación automática del contrato sin derecho a la compensación. En segundo lugar, y para una multitud de factores que van desde la precariedad hasta la movilidad laboral, a la ausencia de niños, los jóvenes tienen trayectorias laborales más cortas y fragmentadas «, lo que limita su acceso a beneficios contributivos debido al desempleo y los coloca con mayor frecuencia en situaciones de falta de sentido», dice el estudio de Fedea.

La conclusión obvia de estos datos es que el sistema de beneficios en España penaliza a aquellos que tienen trayectorias de trabajo más cortas o discontinuas, que sufren un doble castigo en momentos de ‘shock’. Durante la pandemia, el contrato indefinido fue decisivo para determinar quién fue aceptado para un Erte o no y la naturaleza del beneficio en caso de despido. Y los discontinuos fijos no serán la solución, por cierto, ya que los editores del estudio advierten que muchos de los nuevos contratos indefinidos reproducen los patrones de rotación anteriores y la corta duración de los contratos temporales