Sin embargo, el caso del arroz es especialmente gravoso, hasta el punto de que ha conseguido unir a agricultores e industria en una causa común para que Bruselas pone freno al libre comercio. Esto último es inusual en el sector agroalimentario, dado que los intereses de productores y procesadores tienden a ser divergentes -lógicamente, ya que algunos quieren comprar más barato y otros vender más caro- e ilustra claramente hasta qué punto el caso del arroz es, para muchos, injusto.

Según explica a ABC Héctor Alepuz, portavoz de la organización agraria asajaLos precios en origen -los que recibe el agricultor- han caído un 15% en lo que va de año, hasta el punto de que esta campaña las variedades japonica (bomba) e indica (grano largo) se han pagado alrededor de 440 y 310 euros la tonelada respectivamente. Esto se justifica por multitud de factores, empezando por la buena condiciones climáticas en el Sudeste Asiático, que han desplomado los precios mundiales. Este año todos los países de la región venden por debajo del 350 euros, mientras que el año pasado todos superaron los 450. Al mismo tiempo, España ha recuperó su producción normal (98.000 hectáreas cultivadas en 2025, según el Ministerio de Agricultura) tras una sequía que en 2023 la dejó en apenas 55.000 hectáreas. Y esa coincidencia ha resultado fatal, ya que las importaciones ‘extra’ que tenían que llegar para suplir el déficit nacional durante la sequía se han quedado una vez regresadas las lluvias, explica el portavoz de Asaja.

«Todo menos armas»

Hasta aquí el clima, ya que la verdadera causa del colapso de los precios reside en un antiguo acuerdo firmado por la UE con Camboya y Birmania. Uno, por cierto, que es el ejemplo perfecto del daño que se puede causar un acuerdo comercial si no está escrito pensando en el largo plazo e incluye mecanismos eficaces para defender a los productores europeos si las condiciones del mercado cambian; Precisamente, ese es uno de los temores del campo respecto al acuerdo del Mercosur.

Desde principios de siglo, la relación comercial agrícola de Camboya y Birmania con la UE se ha regido por un tipo de régimen llamado Todo Menos Armas (TMA), un marco preferencial diseñado para los países subdesarrollados que les permite le permite exportar productos a la UE con arancel cero, siempre que no implique armas. El problema, señala Asaja, es que la decisión se tomó en el noventa, cuando las exportaciones de esos países eran ridículas, y no se preveía ningún mecanismo eficaz para defender a los productores europeos de arroz en el caso de que esos países se convirtieran en grandes exportadores, que es precisamente lo que ha sucedido. Hasta agosto de este añola UE importó 1.586.000 toneladas del arroz, del que un tercio procedía de Camboya y Birmania; exactamente, 522.000 toneladas. Para comparar, basta decir que la producción española la pasada campaña rozó el medio millón de toneladas.

La legislación comunitaria prevé mecanismos de salvaguardia para imponer aranceles a determinados productos cuando ponen en peligro el sector primario de la UE, pero su activación es lenta y a menudo no se produce hasta que es demasiado tarde. De hecho, para el caso que nos ocupa, el cláusula de salvamento Solo se ha activado una vez, en 2019, y se produjo tras una negociación de tres años. Según Alepuz, es la política la que lo complica todo, ya que la suspensión de las importaciones debe ser aprobada por los estados miembros, y en estas discusiones intervienen los intereses divergentes de los países productores y compradores dentro de la UE.

Dinamarca, con el campo

Precisamente por eso, las próximas semanas serán claves para el sector arrocero, como comprobará Bruselas una negociación de cuyo resultado depende su viabilidad económica. Después de años de presión en Europa, el lobby agrícola ha logrado que el gobierno de Dinamarca –que actualmente ocupa la presidencia del Consejo de la UE– lance una propuesta para hacer automática la cláusula de salvaguardia del acuerdo TMA con Camboya y Birmania, de modo que la suspensión de las exenciones arancelarias se aplicaría tan pronto como las importaciones superen un determinado umbral, sin interferencias de los políticos.

Sin embargo, Bruselas quiere que este umbral se ponga entre 608.000 y 786.000 toneladas al añohaciendo que el mecanismo sea prácticamente inútil. Queda por ver cuál es la posición formal que adoptan la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados, ya que es necesario el concierto de los tres partidos para avanzar con la reforma, y ​​cómo la justifican. Por el momento, la industria –a través de la patronal Uniade– ha sorprendido poniéndose del lado de los productores de arroz.